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Durante los ltimos meses, ha habido ataques muy severos contra la propiedad privada en Venezuela. Estas agresiones tienen diversas modalidades.
La que pasa ms desapercibida, por ser aparentemente legal, es el control de precios, que obliga a los empresarios a vender sus productos por debajo de costo de produccin. Aunque las empresas grandes pueden palear la medida, compensando las prdidas con la venta de bienes no controlados, los pequeos empresarios se ven obligados a cerrar. De hecho, durante los diez aos que lleva Chvez gobernando, han cerrado el 45 por ciento de las industrias.
El segundo ataque contra la propiedad proviene del crimen organizado, entre los que se destaca la guerrilla colombiana que opera impunemente en las zonas fronterizas de Apure, Barinas, Tchira y Zulia. Como es sabido, Chvez mantiene una cercana ideolgica con las FARC, e incluso guard pblicamente un minuto de silencio luego de la muerte de Ral Reyes, por lo que muchos venezolanos aseguran que existe complicidad entre gobierno y guerrilla.
La tercera modalidad es la invasin de tierras productivas e, incluso, de edificios de apartamentos, auspiciadas y amparadas por sectores oficialistas. Los propietarios acuden a la Ley, pero aunque los jueces dictaminen a su favor, los cuerpos de seguridad del Estado no se atreven a desalojar a los invasores. Chvez se ha manifestado pblicamente -sobre todo durante las ltimas semanas- en contra de la propiedad privada.
El cuarto esquema de agresin consiste en no pagar a las contratistas del Estado, llevndolos a la quiebra. Existe una crisis de pago en el sector petrolero, elctrico, infraestructura, alimenticio, y en general todas las empresas que requieran de divisas extranjeras para operar. Es vox populi que, con la baja del precio del petrleo y los compromisos polticos internacionales, el gobierno venezolano carece de dlares para enfrentar sus obligaciones.
La quinta forma de atentar contra la propiedad consiste en las expropiaciones y confiscaciones. La diferencia entre una y otra est en que las primeras se pagan y las segundas no. Pero en Venezuela no est clara la diferencia, porque en muchas de las expropiaciones, el pago es tardo, dudoso y, an en caso positivo, se cancela con papeles estatales devaluados.
El gobierno de Chvez ha confiscado empresas del sector cementero, alimenticio, metalrgico, comunicacional, por mencionar unos cuantos; pero en las ltimas semanas el gobierno se ha ensaado contra las contratistas petroleras, particularmente 76 de ellas, ubicadas en la Zona Oriental del lago de Maracaibo (Cabimas, Ciudad Ojeda, Bachaquero y Mene Grande).
Aunque el gobierno dice que son expropiaciones, la forma militar y agresiva como se tomaron las instalaciones, as como las promesas de pago poco claras, indica que, de hecho, se trata de confiscaciones. Todo lo cual, al momento de escribir estas lneas, est generando una crisis social en la zona, debido que la medida ha producido alrededor de 20 mil nuevos desempleados.
La industria petrolera venezolana sufre una prdida incalculable con las confiscaciones en el Zulia, porque se trata de empresas que durante 60 aos desarrollaron una gran capacidad tecnolgica, convirtindose en realidad en compaas de ingeniera de punta, capaces de disear estaciones petroleras y construir refineras. El valor principal de estas empresas no son los multimillonarios activos materiales incautados, sino el conocimiento y la experiencia, que ahora ha quedado irremediablemente perdidos.
El ataque a la propiedad privada tiene un mvil poltico. El gobierno de Chvez sabe bien que el desplome del precio del petrleo le origina en el corto plazo una crisis presupuestaria y, como consecuencia, una crisis de gobernabilidad. El oficialismo cree -equivocadamente- que controlando los medios de produccin podr salir adelante, sin percatarse que est echndole lea al fuego, porque las empresas confiscadas no aumentan su produccin sino que, por el contrario, se vienen abajo. Este es un claro ejemplo de cmo el socialismo marxista acta como venda en los ojos, que impide ver los aspectos ms simples de la realidad.
Las agresiones contra el empresariado venezolano coinciden con la feroz persecucin hacia los adversarios polticos del gobierno. Chvez quiere acabar con toda forma de disidencia para as poder reprimir con mano de hierro -y sin oposicin poltica- las protestas de orden social y econmico que se avecinan.