Norah Soruco de SalvatierraJusticia y Equidad tributaria
2013-10-16 - 15:25:45
Últimamente, sendos carteles de CLAUSURADO por Impuestos Nacionales se notan en nuestros barrios, sean salones de belleza, pulperías y hasta ventas de comida típica, por no emitir factura o hacerlo irregularmente.
Para nadie es desconocido que algunas personas generaban ingresos con la venta de facturas, ilícito del que hoy los “compradores”, generalmente los de bajo giro económico, resultan siendo los únicos sancionados, con multas que suman montos exorbitantes imposibles de cumplir mientras, los fraguadores de facturas bien gracias, libres de pena y culpa para buscar otros nichos ilegales donde emplear su “astucia”.
Todos tenemos la obligación de tributar según nuestra capacidad, como reza la Constitución, pero la autoridad tributaria también tiene la obligación de sopesar en su decisión los efectos que puede provocar; de lo contrario, debemos preguntarnos si con estos métodos el objeto es cobrar los impuestos o estrangular al contribuyente formal hasta obligarlo a convertirse en informal o cerrar su actividad, sin medir el daño social que provoca el cierre de fuentes de trabajo, no tanto por la carga impositiva como por los onerosos recargos que se aplican.
Se requiere construir una cultura tributaria que no tenemos, pero también incorporar a la masa contribuyente formal que es mínima, a aquel sector de comercio con grandes capitales encubierto en el Régimen Simplificado y a otros ilegales que burlando la ley tampoco tributan.
Lo notable es que la medida sancionatoria se aplica como siempre, por la parte más débil, las empresas chicas y las pequeñas actividades, provocando groseras e injustas asimetrías que sólo generan resistencia. Para corregirlas, lo que corresponde es trabajar porque se amplíe el universo contribuyente y para igualar las condiciones con los nuevos incorporados, dictar una amnistía de por lo menos una década en recargos y multas, para que desde ese punto de partida todos empecemos a cumplir como se debe.
La autoridad para ser tal, a tiempo de aplicar la norma debe usar el raciocinio antes que la “letra muerta”, pues para ello junto al principio de justicia existe el de equidad y recordar que las obligaciones públicas no han sido dictadas para lucrar con ellas.
