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Marcelo Ostria Trigo

De Tegucigalpa a Asunción


2012-06-28 - 21:56:07
“…el juicio político es una conquista de las democracias modernas cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos” (Víctor Pavón).
 
El 28 de junio de 2009, el Congreso hondureño destituyó al presidente Manuel Zelaya, porque había promovido una consulta popular para reformar la Constitución que le hubiese permitido su reelección, pese a que la ley se lo impedía.
 
Los miembros de la ALBA, a la que se había afiliado el gobierno de Zelaya, propiciaron una ofensiva diplomática contra el nuevo régimen, al que se le impuso sanciones: suspensión de los programas de cooperación,  expulsión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y ruptura colectiva de relaciones diplomáticas, mientras Zelaya, demandaba con estridente insistencia que se le restituyera en el cargo.
 
 El gobierno interino hondureño resistió las presiones; presidió elecciones ya programadas y fue electo, por amplia mayoría, un nuevo presidente. Ahora, por supuesto con dificultades y debilidades, Honduras goza de un proceso democrático estable, libre de las distorsiones del chavismo que inspiraba a Zelaya.
 
Algunos creen que esta historia se ha repetido en el Paraguay, donde se habría consumado un golpe de Estado parlamentario.
 
Veamos: El enjuiciamiento político del presidente Fernando Lugo por el Senado de su país, se apegó a la Constitución. Duró 36 horas y culminó con una sentencia declarando al presidente culpable de los cargos formulados en su contra y, en consecuencia, fue separado de la presidencia.
 
Se había responsabilizado al presidente por la muerte de 17 personas en un enfrentamiento entre policías y campesinos que se negaron a abandonar una propiedad rural que habían ocupado. Esto provocó las renuncias del Ministro del Interior y del Director de la Policía Nacional. Otro cargo: un  acto político del P-MAS –Partido Movimiento al Socialismo- en un cuartel militar.
 
Hubo señales de que se comprendía que se trataba de un asunto concluido y respaldado por la ley. El secretario general de la OEA, Miguel Insulza, tan radical en la crisis de Honduras, “rechazó” que la situación paraguaya fuera el resultado de un golpe de Estado. “El procedimiento legal, constitucional se está siguiendo”. Y agregó: “El proceso se apega a las leyes paraguayas”. Pero Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros,  anunciaron que no reconocerán al gobierno presidido, por sucesión constitucional, por Federico Franco.
 
Inicialmente pareció que Fernando Lugo no seguiría el camino de Zelaya. No apeló a sus amigos de la ALBA con una demanda de ayuda para su restitución. Parecía que se interesaba, más que el cargo perdido, en preservar la continuidad institucional de su país, pues había aceptado el fallo congresal: “Como siempre –dijo– he actuado en el marco de la ley, aunque ésta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional".
 
Pronto se borró en el ex presidente Lugo la imagen de sensatez. Cambió inopinadamente, pues “negó legitimidad al Gobierno de su sucesor, Federico Franco, y anunció que acudirá a la próxima cumbre de Mercosur a  celebrarse en Mendoza (Argentina) el 29 de junio”, aunque “su presencia no será oficial sino testimonial” (EFE 25.06.2012). ¿Será que piensa que lo van a restituir?
 
Pese a todo, es evidente que Honduras y Paraguay, ya no van a seguir el camino hacia el socialismo; el del siglo XXI,  se entiende.

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