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Susana Seleme Antelo

Indecentes, cobardes, incompetentes


2011-11-28 - 04:48:42

“Desterrada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?” afirmaba San Agustín de Hipona (354-430 DC). Tantos siglos después,  aplicada la cita al contexto boliviano actual no de reinos sino de gobiernos, se puede firmar sin temor a equivocaciones que de la injusticia se cae en el latrocinio, del latrocino, al abismo de la indecencia, de ahí a la cobardía y, de suyo, a las incompetencias políticas.  En suma, estos gobiernos  humillan a las sociedades que gobiernan.

Rescato el concepto ‘decente’ del profesor y filósofo  israelita Avishai Margalit en su libro “La sociedad decente” para enfrentarlo con el negativo ‘indecente’. Para Margalit una sociedad decente es aquella “cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, ni los ciudadanos se humillan mutuamente”. La humillación, según el profesor “es un tipo de conducta o condición tal que ofende a las personas en su dignidad”. Las formas de humillación, se basan  en un concepto microético, es decir en  las relaciones entre individuos. Cuando estas conductas humillantes se desarrollan desde los ámbitos institucionales donde se ejerce algún tipo de poder, estamos en presencia de conceptos macroéticos,  vinculados a la organización social del  conjunto.

En seis años el gobierno del MAS han dado suficientes pruebas de que Bolivia ha caído en las garras de la indecencia que  humilla a la ciudadanía, menosprecian su  inteligencia y su capacidad de análisis.  Una de las tantas pruebas habidas en estos años,  es el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena que confirma lo que el mundo vio en imágenes de televisión y circuló por  Internet profusamente: sí, hubo “vejámenes y torturas” en la desmedida represión a la histórica marcha  de los pueblos indígenas en defensa de su territorio,  el Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Sin embargo, frente a  las pruebas de esa punitiva acción contra esos pueblos del Oriente, el Defensor exonera de culpa al presidente del Estado, Evo Morales Ayma.

Es necesario  aclarar una vez más para desvirtuar la manipulación informativa del gobierno, que  los indígenas de Tierras Bajas no se oponen a que una carretera vincule a los departamentos de Beni y Cochabamba con La Paz, que integre el país y lo integre con los países vecinos. Exigían y exigen modificar el tramo II de la carretera  que parte el territorio,  y que más bien se presente un tramo alternativo. Se oponía y se oponen, como se opone la sociedad decente, a que esa carretera viole el corazón del TIPNIS para favorecer el imperio de la hoja de coca y de los cocaleros, su insaciable demanda de expansión de su ‘frontera agrícola’, así como el imperio de la economía política de la cocaína, eslabón del capitalismo mundial ilegal de la droga, con sus concomitantes brazos delictivos del narcotráfico y sus mafias.

El informe del Defensor del Pueblo confirma lo que ya sabíamos: en el trigésimo octavo día de aquella marcha de 66 días, el pasado 25 de septiembre, la policía se abalanzó contra los pueblos indígenas y fue el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti quien dio la orden,  aunque lo negó antes y lo sigue negando sin rubor en la cara. Por el contrario descarga la culpa en los uniformados. ¿Burlaron ellos la verticalidad, “la subordinación y constancia” según el lema de la Policía Nacional? En reiteradas declaraciones a la prensa, Llorenti afirma que la policía actuó por “cuenta propia y quebró la cadena de mando”.

En el gobierno del MAS, la responsabilidad de violaciones a los Derechos Humanos siempre la endilgan a ‘otros’: a la oposición política, a la derecha, a la embajada de Estados Unidos, a los  autonomistas y sus autoridades políticas y cívicas, a las o­nGs, a ‘los infiltrados’ responsables de los déficits de electricidad, por ejemplo, como denuncia hoy Morales. Que ahora aparezca en un informe no del gobierno, sino del Defensor del Pueblo, el exministro de gobierno como responsable del monopolio del uso de la fuerza bruta, pareciera un  avance pero  no lo es .  Y no lo es porque  excluye al Presidente,  además  Capitán General de las Fuerzas Armadas y la Policía.  Al obviarlo, viola interesadamente la cadena de mando institucional del Gobierno y del Estado,  igual que  Llorenti, cuando acusa a los policías haber  quebrado el mando al intervenir la marcha, sin que el lo supiera. Pero los policías dicen que recibieron órdenes directas vía teléfono celular, desde La Paz.

En un gobierno en el que el culto al ‘jefazo’ -como le dicen a Evo Morales- es política de Estado, y que el centralismo en la toma de decisiones a todo nivel es resorte de su absoluto poder, resulta  un insulto a la inteligencia  la afirmación de que las ‘cadenas de mando’  fueron violadas.  ¿Así, con tanta soltura, cuando la verticalidad y el autoritarismo son moneda común en las acciones del gobierno de Morales y sus hombres?  No es creíble.

Justicia desterrada
Una decisión de la magnitud  de la intervención a la marcha en defensa del TIPNIS, solo la pudo tomar el Presidente, aunque la orden haya sido transmitida por autoridad subalterna. No obstante, si el entonces ministro tomó la decisión  y también dio la orden, se puede concluir que la represión a los marchistas burló la verticalidad del orden jerárquico del Estado, desde el Presidente-Capitán General de las Fuerzas Armadas para continuar en el ‘Vice’, ambos ausentes en el informe del Defensor. No están, no aparecen, no saben, no responden, como si no existieran pero, eso sí, se lavan la manos y al unísono dicen “Yo no dí la orden”. Asumiendo que no la dieron, porque la dio un subalterno,  ¿quién tomó la decisión, que es lo que vale a la hora de buscar responsables y sentar precedentes?

En esa acción hubo responsables intelectuales y responsables materiales. Es evidente que la policía, al cumplir una  orden y descarar su fuerza bruta contra gente indefensa y pacífica, fue la autora material. Pero, ¿quién es o quiénes son los autores intelectuales? ¿Por qué exonera ese informe a Evo Morales, el ‘jefazo’? ¿Podrá eludir este tsunami político porque nunca asume estas u otras responsabilidades? Además, el mismo se declara  ‘incompetente’ pues siempre que las papas queman dice “No tengo competencia para solucionar ese conflicto” como el actual de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, o como Huanuni, con 13 muertos entre sindicalistas y cooperativistas mineros, en 2006, entre otros. Otra vez la in-justicia favorece a quienes detentan el poder político.

El común de las voces dice que es una actitud cobarde. No obstante, en esta coyuntura, ensayo una hipótesis, que no excluye la cobardía: una última encuesta privada hecha para el gobierno por expertos venezolanos, apunta a que  la aceptación de Morales ha caído a 29%.  Por eso insiste en la construcción de la carretera –pese a que promulgó una ley anulándola- para remachar las bases de su poderío político entre los cocaleros y afines, los más leales hasta hoy.
Según Justa Cabrera,  reelecta dirigente de la Confederación de Mujeres Indígena de Bolivia (CNAMIB) “El presidente se comprometió con los cocaleros para entregar las tierras del TIPNIS, por eso está en contra de nosotros” (El Día-26-XI-11).

En ese orden, Morales no ha dejado de instigar a otras comunidades del TIPNIS para que exijan la construcción de la  vía ‘transcocalera’ y hasta ha hecho trasladar en avión hasta La Paz, en calidad de invitados,  a dirigentes de comunidades que no marcharon en defensa de ese territorio. Es más, esos ‘invitados’ le han entregado a Morales un proyecto de Ley –elaborado por hombres del gobierno, obviamente- para que la  llamada ‘rodovia da coca’ siga su curso, momentáneamente postergado.“Rechazamos las políticas que está haciendo este gobierno, quiere que nos confrontemos entre bolivianos” apunta un dirigente de la Confederación de Pueblo Indígenas de Oriente (CIDOB) Lázaro Tacoo, y no descarta una nueva movilización en defensa del TIPNIS. (El Deber-25-XI-11) El mismo matutino recoge declaraciones del diputado indígena Pedro Nuny, quien califica como “una vergüenza que el gobierno intente por todos los medios construir su proyecto carretero”.

La CIDOB, en la asamblea de la V Comisión Nacional de la segunda quincena de noviembre, resolvió declarar al presidente Evo Morales y a su Gobierno “enemigo” de los pueblos indígenas de tierras bajas por insistir en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.  “Por habernos mentido sobre la protección del TIPNIS promulgando la Ley 180, que no tienen ninguna intención de cumplir y más bien mantiene su decisión de construir la carretera; por lo tanto, declaramos al presidente Juan Evo Morales Ayma y a su Gobierno como enemigos de las naciones y pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonia”, señala el documento aprobado. 
En esa instancia denunciaron las acciones divisionistas del Gobierno, “que en su afán de construir la carretera por el TIPNIS ha intervenido las comunidades indígenas, procediendo a desinformar, chantajear y ‘sobornar’ a algunos dirigentes para que acepten su proyecto carretero”.  El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, afirmó que “El Gobierno quiere seguir enfrentando a dos departamentos, como lo está haciendo con Oruro y Potosí”.

Sin poder asumir la derrota política que echó por tierra la imagen de Evo Morales como ‘guía espiritual de los pueblo indígenas  de América’, defensor de la madre tierra y de la naturaleza, los hombres del gobierno dieron muestras, una vez más, que el imperio de la indecencia domina la vida política en Bolivia. Ahora no vale la palabra empañada ni el valor de la firma presidencial en una ley  promulgada, si ella contradice compromisos económico-políticos con nacionales –los cocaleros- y con extranjeros, como la empresa brasilera adjudicataria de la construcción, con muchos millones de sobreprecio, según denuncias en Bolivia y en Brasil.

En la llamada ‘Ley Corta’ que anula la carretera, la dirigencia indígena logró que se incorpore el término ‘intangible’ con la intención de preservar el territorio de la angurria de nuevas tierras por parte de los cocaleros, pero  de manera alguna para impedir que los pueblos que habitan el TIPNIS gestionen su territorio con emprendimientos económicos sostenibles.

Las indecentes maniobras del oficialismo han convertido la palabra ‘intangible’ en una ‘humillación tangible’ al prohibir a los indígenas del TIPNIS cualquier emprendimiento de esa naturaleza. 
Si ninguna autoridad asume su culpa por la represión a los que defendieron y defienden al TIPNIS,  tampoco por las muertes de La Calancha en noviembre de 2007, durante la espuria aprobación de la Constitución Política; ni por los muertos de Porvenir, en Pando –campesinos azuzados y enfrentados entre ellos por las intrigas del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en 2008; ni por el asesinato de  tres extranjeros mercenarios en 2009 en Santa Cruz;  ni por los demás muertos de la lucha autonomista; ni por los muertos de Caranavi en 2010, en disputa por promesas incumplidas por el candidato Evo Morales, ni por las más de 60 muertes violentas durante su mandato ¿quién gobierna la esfera política, quién instruye el uso de la fuerza para reprimir o matar, quién manda en la administración de justicia en Bolivia? ¿Quién  asume responsabilidades por el desamparo político, social, económico, institucional, cultural, de género y generacional que sufre la población boliviana? ¿Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a las personas y en el que la justicia se aplique con principio de igualdad, o al menos que ese principio no haya sido desterrado? No, si pensamos en las ‘guillotinas judiciales’ inventadas para ‘aplastar’ –el ‘Vice’ dixit- a los  adversarios, o si recordamos el complot terrorista-separatista contra Santa Cruz y su dirigencia política y cívica, entre otras felonías judiciales.

¿Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a sus ciudadanos? No, lamentablemente no. Porque hasta el rasgo positivo y encomiable que tuvo Evo Morales al inicio de su mandato,  como la visibilización y empoderamiento  de los pueblos indígenas -lo exigía en justicia la conciencia democrática boliviana- ha sido tirado por la borda luego de su soberbia, desprecio, y represión inflingidos a los  pueblos indígenas del Oriente.

Si hay que acudir a la realidad, no habiendo otra fuente de verificación por aquello de que la práctica es la única validación de la verdad,  el gobierno de Evo Morales ha  instituido en  Bolivia el  dominio de la indecencia, la cobardía, la injusticia  y la incompetencia en la práctica de  la gestión política. Estamos, sin lugar a dudas, en manos de un gobierno que humilla a la sociedad boliviana.

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