El proceso de saneamiento de tierras en la provincia Guarayos concluyó el 2021 y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) determinó que el predio de Santagro es territorio fiscal, no disponible, que pertenece al Estado.

“El 100 por ciento de este predio se encuentra dentro de la reserva forestal de Guarayos, la vocación productiva de estas tierras son de carácter forestal (…) Esas tierras son fiscales, no disponibles y por tanto son de propiedad de Estado”, informó el director del INRA, Eulogio Núñez.

Explicó que, tras la resolución de saneamiento final emitida por esta institución en 2021, un grupo de presuntos propietarios impugnaron la resolución ante el Tribunal Agroambiental.

“Nosotros vamos a ser muy respetuosos con el Tribunal Agroambiental, (esperaremos) que en las próximas semanas o meses emita una sentencia definitiva, pero nosotros sostenemos que el INRA ha realizado un trabajo técnico, jurídico impecable en esa zona y el 2021 ya determinó que esas tierras corresponden al Estado”, remarcó Núñez.

Aclaró que, tras la impugnación de las resoluciones del INRA, esta institución perdió competencias sobre esos predios y fue el Tribunal Agroambiental el que emitió una resolución con varias prohibiciones, entre ellas los asentamientos, el uso y aprovechamiento forestal, inspecciones para evitar nuevos asentamientos, y otros.

El pasado miércoles 29 de marzo, un grupo de personas presuntamente de la empresa Santagro arremetieron contra personas que se asentaron en el lugar, provocando enfrentamientos, lo que derivó en la muerte de dos comunarios y dejó a otros heridos.

Ante esta situación, la tarde del jueves el Gobierno desplegó un fuerte contingente policial al municipio de El Puente, provincia Guarayos, donde se registraron enfrentamientos entre interculturales y trabajadores de la empresa Santagro.

El director nacional del INRA expresó su solidaridad con los familiares de las personas que perdieron la vida y de los que quedaron heridas y exhortó a no recurrir a la violencia.

Recordó que el avasallamiento de tierras es un delito sancionado por ley, y que el Gobierno no tolerará estos delitos. ABI