El Deber.- Los asambleístas opositores denunciaron la posible aprobación del proyecto de ley 280, referida al fortalecimiento de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, a la que denominan “ley mordaza”, por “criminalizar” la protesta social. Los gremiales y el sector del transporte público están en contra de la normativa, pero aún no definieron movilizaciones. Mientras el oficialismo advierte que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) podría aplicar sanciones contra Bolivia sino se aprueba la ley.

“La ley 280 ‘ley mordaza’, al igual que ‘la ley maldita’, la 1386, quieren aplicarla para acallar a los gremiales, comerciantes, transportistas, políticos, periodistas, maestros, médicos, en síntesis, al conjunto de la sociedad civil”, aseguró el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana.

La alianza Creemos alertó que el anteproyecto coloca en riesgo la propiedad privada, a través de decomisos y confiscaciones de bienes sin necesidad de tener una sentencia ejecutoriada para aquellos que sean acusados de cometer terrorismo y financiamiento al terrorismo. En la norma, el MAS propone elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión.

Desde el partido azul, el diputado Rolando Cuéllar explicó que la ley abrogada 1386 no se parece a la nueva norma que se pondrá en análisis el martes 4 de abril en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

“Esto es un requisito de la Gafilat que en todos los países debe haber una ley aprobada contra la legitimación de ganancias ilícitas. Hasta abril se debe aprobar la ley, sino la Gafilat nos pondrá en la lista negra porque Bolivia no lucha contra las ganancias ilícitas”, informó el parlamentario.

Consideró que la oposición intenta convulsionar al país con “mentiras”, cuando el MAS está abierto al debate de la propuesta.

El diputado Juan José Jáuregui, miembro de la Comisión de Constitución, dijo que no cumplir los compromisos de lucha contra la legitimación de ganancias, como establece el Gafilat, influirá en sanciones o “consecuencias” para las personas con actividades de comercio exterior.

En noviembre de 2021, el presidente Luis Arce derogó una norma parecida tras una movilización nacional que contempló un paro de nueve días en Santa Cruz y llevó el debate a la Asamblea Legislativa.