El Deber.- La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) documentó 252 “perseguidos por motivaciones políticas”, 60% de los cuales están con detención preventiva, además de la ausencia del Estado ante la vulneración de derechos de mujeres, niños, trabajadores de la prensa y pueblos indígenas.

El reporte, divulgado este miércoles, responsabiliza al sistema judicial por gran parte de la violación de derechos. El documento cuenta con 55 páginas y fue entregado a los integrantes de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita el país.

“Es a partir del sistema judicial que se perpetran una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las y los bolivianos de forma sistemática, a ello se adhiere el hecho de que el Estado, mediante el uso del aparato público, busca callar a la oposición política”, señala.

El informe registra detalles de los procesos judiciales de cada una de las personas procesadas por motivaciones políticas “que se tramitan con mucha más agilidad que las causas comunes y que tienen que ver, por ejemplo, con pesquisas de delitos en razón de género o infanticidios”.  

“La Justicia prioriza las causas por motivaciones políticas cuando existen muchas tareas pendientes en materia de derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, subraya.

La senadora Andrea Barrientos (CC) admitió que organismos internacionales, como es el caso de la CIDH, no tienen la tuición directa sobre lo que hace el Estado, “pero sí tiene las facultades de establecer el alcance de estas vulneraciones, precisamente, en el ámbito internacional”.

Violaciones a los DDHH en Bolivia by Beatriz Avalos Ribera on Scribd

“Además, estas instituciones internacionales derivan en recomendaciones al Estado que permiten generar antecedentes para otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional”, afirmó.

Barrientos reconoció que “se trata de procesos largos y altamente burocráticos”, pero destacó el valor del informe de CC por la cantidad de datos que contiene, basados en reportes proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

Se destaca, de este modo, que desde el 2019, los casos de violación sexual contra infante, niña, niño y adolescente han subido de 1.633 anuales, hasta 2.636. El ascensos de estos delitos está vinculado a la ausencia de políticas estatales, señala el informe.

“El Órgano Judicial, que carece de independencia, aplica como regla general las detenciones preventivas con el establecimiento de jurisdicciones especiales para el delito denominado de terrorismo. Además, en Bolivia hubo 201 casos de violación a la libertad de prensa de manera concreta y estos casos siguen impunes", señala el documento.

La misión de la CIDH se reunió en La Paz con líderes políticos del país y este miércoles se dividió en dos grupos. Uno de ellos está en Santa Cruz y otro viajó a Sucre para reunirse con los operadores de la justicia boliviana.

El jueves, los comisionados se reunirán con representantes de la prensa para evaluar el estado del sector y la cantidad de agresiones que sufrieron especialmente en el contexto de crisis políticas y movilizaciones sociales.