Los Tiempos.- Más de 2 mil familias afectadas por los avasallamientos de tierra en ocho comunidades de Cochabamba piden al director nacional del INRA que intervenga en las 1.500 hectáreas afectadas y cumplen tres días de vigilia y huelga de hambre en puertas de dirección departamental, en la plazuela Bush.

Los manifestantes piden que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fije fecha y hora para las inspecciones, desalojo de los asentados en más de 1.500 hectáreas y la demolición de las construcciones ilegales.

Además, exigen evaluar el proceso de saneamiento del área abocada de Florida Norte y demandan la destitución del director departamental “por las tantas irregularidades metidas dentro de los procesos de saneamiento”, señala el pliego petitorio del Comité Departamental Contra Avasallamientos, Tráfico de Tierras y la Corrupción.

Los movilizados solicitaron en febrero al director nacional del INRA, Eulogio Núñez, fijar una reunión pendiente acordada en diciembre de 2022 para atender sus demandas y abordar acuerdos incumplidos; al no recibir respuesta, hace tres días instalaron una vigilia y un piquete de huelga de hambre en puertas de la institución.

Ante la medida, el director departamental del INRA, Armando Mita, se comprometió a coordinar la reunión solicitada con la dirección nacional y anunció, ayer por la tarde, que se llevará a cabo el 29 de este mes.

“Nosotros aceptamos, pero seguiremos con la medida de presión hasta que venga el director nacional del INRA, si es necesario hasta el 29”, sostuvo el vicepresidente del Comité, Pascual Orellana.

Informó que son más de 2 mil familias afectadas por los avasallamientos en las comunidades de T’ajra, Arrumani, Villa Copacabana, Alba Rancho, Tiquirani, Kewiñal, Florida Norte, entre otros.

Estiman que son más de 1.500 hectáreas avasalladas por loteadores “que están pretendiendo despojarnos de nuestras tierras comunitarias”, denunció.

“Hemos solicitado que se dé prosecución a nuestros trámites de saneamiento del INRA que datan de hace más de 15 años en algunas comunidades; lamentablemente, ha llegado sólo a un 15 a 20 por ciento por la brigada denominada avocación en un año y ocho meses”, señaló.

Con esta situación, sostuvo que “lo único que han hecho es dilatar nuestros procesos y peor aún, teniendo medidas precautorias, el INRA no hace cumplir y los avasalladores utilizan este tiempo para hacer apertura de caminos, construcciones precarias y venta de parcelas”.

Los movilizados permanecen en puertas del INRA impidiendo el paso vehicular en la calle Sucre, entre Oquendo y 16 de Julio. Y, para no perjudicar el trabajo, permiten el ingreso de los funcionarios a las instalaciones resguardadas por efectivos de la policía.

“Necesitamos que se avance y se concluya el proceso de saneamiento para tener nuestro derecho propietario”, dijo.

Fedjuve pidió renovar jueces

La anterior semana, en una conferencia de prensa, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba pidió renovar a los jueces para frenar los avasallamientos, denunciando que con los procesos no avanzan y que las víctimas son procesadas.

La Fedjuve recibió más de 500 denuncias sobre avasallamientos durante 2022 y se identificó a más de 40 personas que operan en diferentes zonas.