22/03/2023 - 07:06:37

Correo del Sur.- En un día clave para el caso ABC, por la revelación del nombre del “testigo protegido” y de la devolución de casi 9 millones de bolivianos de la supuesta coima en la licitación de la doble vía Sucre-Yamparáez, apareció un video de Felipe Sandy Rivero, el testigo de la presunta corrupción.

En el video de 24 minutos que grabó en enero de este año, antes de morir en Estados Unidos por causas que no se confirmaron, Sandy relata cómo llega a ser el “testigo protegido” del caso, expone sus pruebas de corrupción y denuncia que fue víctima de amenazas.

“Mi identidad fue conocida desde el primer día que formalice mi declaración y desde el primer día he recibido amenazas incesantes”, señala Sandy, luego de detallar las pruebas de la coima que pagó el empresario chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa CHEC, que se adjudicó el proyecto carretero en Chuquisaca.

¿Cómo conoció a Jin?

En el video que difundió este martes el diario El Deber, Sandy revela que el primer contacto con el empresario chino se dio en febrero de 2021, a partir de un trabajo previo que realizó con otras empresas en el área de hidrovías.

A partir de ello, sostuvo reuniones reuniones estratégicas con CHEC, con el Ministro de Obras Públicas, el embajador de China en Bolivia y el vicepresidente David Choquehuanca, donde obtuvo “una promesa de donación del gobierno chino hacia el boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.

Después, recibió la propuesta de Zhengyuan para asistir a otras reuniones del proyecto de la doble vía Sucre-Yamparáez y relacionarlo con instituciones de Sucre como la Cámara de Construcción, Fancesa y Concretec, además de negociar la compra de material y una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción (EBC).

Aclaró que no tuvo contacto directo con los miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ni intervino en el proceso de licitación, pero que fue “testigo de actos irregulares entre los meses de enero y abril de 2022 cometidos entre CHEC, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”.

Denuncia de corrupción

Tras conocer las irregularidades, Sandy relata que contrató abogados para reclamar sus honorarios por los servicios que prestó a CHEC en proyectos de hidrovías y también para plantear una denuncia de corrupción.

Antes de presentar la demanda por corrupción, el “testigo protegido” afirma que intentó comunicarse con ejecutivos de CHEC, el 10 de junio de 2022, pero no recibió respuesta. Sucedió lo mismo con autoridades de la administración de Luis Arce, entre junio y julio de 2022, “cuando presentamos el caso a autoridades de Gobierno, llegando hasta la Presidencia y Vicepresidencia”.

“Esta denuncia nunca tuvo la intención de debilitar la gestión de Luis Arce. Prueba fehaciente de ello fue que me tomé varios meses intentando que esto se solucione en casa. Acudí a un diputado del oficialismo y no de la oposición, nadie puede acusarme de querer desgastar o atacar a alguna facción”, indica.

“Sentencia de muerte”

Al no haber recibido respuesta, Sandy optó por acudir con sus abogados al diputado del ala “evista” Héctor Arce, aunque aclara que en ese momento, “al menos a los ojos del público”, el Movimiento Al Socialismo (MAS) “era un partido unido” y no se hablaba de “renovadores” ni “radicales”.

“Ante la pasividad de autoridades chinas y bolivianas, se decidió formalizar la denuncia”, cuenta, al indicar que, en una reunión con la Fiscalía, se determina tomar el “estatus de testigo protegido”.

Sin embargo, señala que el haber aceptado ser el “testigo protegido” fue su “sentencia de muerte”.

Acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de “persecución judicial”, porque solicitó levantar su identidad y su ubicación, en una “clara violación a la ley de protección de testigos”.

También afirma que los abogados denunciantes del caso ABC “fueron atacados con una bomba en puertas de su oficina, 12 de diciembre de 2022” y que el diputado Arce también recibió amenazas.

“Si un diputado nacional que su vida corre peligro, la situación del testigo protegido debe ser mucho más grave”, argumenta.

Por estas amenazas, Sandy señala que se vio obligado a salir del país, aunque al final del video indica que pretende apersonarse a la representación diplomática más cercana para retornar, “pero bajo mis condiciones... No pienso ser usado como trofeo, primero muerto".

Las cuatro pruebas del “testigo protegido”

Sandy expuso en el video cuatro pruebas de corrupción que –según él– se comprobaron durante la investigación del caso ABC.

La primera es la alteración y cambio de documentación en las carpetas para la licitación, lo cual fue validado por el testimonio y las pruebas aportadas por uno de los miembros de la comisión calificadora, Juan Carlos Hidalgo Chura, imputado dentro del caso.

La alteración y el cambio de poder para la firma del contrato es la segunda prueba que expone Sandy. Asegura que “este extremo se confirmó, a parte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de justicia, Iván Lima, del 15 de septiembre de 2022”. Entonces, Lima afirmó que la documentación evaluada fue adulterada.

La tercera prueba de Sandy tiene que ver con la suscripción de un contrato ficticio de operación de lavado de dinero, con la finalidad de materializar en efectivo la coima. Esto, según el “testigo protegido”, se comprueba con el informe de la Fiscalía de La Paz que señala que no existe la empresa que emitió facturas a favor de CHEC y otra empresa china por la prestación de servicios, con las que justificaban el retiro de Bs 9 millones a través de cheques.

Finalmente, la cuarta evidencia es la entrega de una parte de la coima, de Bs 9 millones, a funcionarios de la ABC. La coima ascendía a un total de Bs 18 millones.

“El 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y se investigaron resultaron ser ciertos y verídicos”, indica Sandy.

Sin embargo, aclara que esta cuarta prueba no se pudo comprobar porque la justicia fue sometida a “claras presiones del poder político en su afán de proteger a los autores de este crimen” y el cambio de postura del Ministro de Justicia que pasó a “aminorar los hechos”, en una “estrategia para dejar en la impunidad a los verdaderos autores del delito”.

Denuncia internacional

Sandy señala que el caso ABC traspasó fronteras porque denunció ante el Comité de Prácticas Prohibidas de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ante organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional y el FBI de Estados Unidos, que según él tiene “plena competencia de investigar y castigar el presente caso” porque la empresa CHEC tiene negocios en este país y otros.

“Detrás de este caso no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana, que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que todos los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados bajo un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia”, finaliza Sandy.