Página Siete.- Abogados constitucionalistas coinciden que en desconocer el mandato de la expresidenta Jeanine Añez genera un caos jurídico. Agregan que la devolución de tres casos de corte en su contra pone en riesgo la legalidad y legitimidad del mandatario Luis Arce, de los vocales de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta de los actuales diputados y senadores.

Ayer, la Comisión Mixta de Justicia Plural devolvió al Tribunal Supremo de Justicia tres proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidad contra Añez. Esa acción la realizaron sin remitir ningún informe a la Asamblea Legislativa.

En contacto con Página Siete Digital, el jurista Gonzalo Hidalgo sostuvo que se vulneran los derechos constitucionales de Añez, porque la Asamblea la reconoció como Presidenta. Explicó que se está forzando la interpretación de las leyes, lo que pone en tela de juicio la legalidad y legitimidad de Arce y de otras autoridades.

“Si desconocen el mandato de Añez, entonces sus actos son nulos de pleno derecho, por lo tanto se entra a un problema jurídico gravísimo, porque se pone en tela de juicio la elección de vocales, las leyes aprobadas, las elecciones de las que salió electo Arce. También se pone en tela de juicio la decisión del Tribunal Constitucional que dio su visto bueno para alargar mandatos”, aseveró.

El abogado Williams Bascopé, en declaraciones a este medio, recordó que la anterior Asamblea Legislativa, en la que el Movimiento Al Socialismo tenía dos tercios, aprobó las normas de prórroga de mandatos, de elección de vocales del TSE y de convocatoria a comicios presidenciales. Subrayó que esas leyes fueron promulgadas por Añez.

“Aprobaron la ley para alargar el mandato de Añez, de diputados y senadores, la ley de elecciones, del cual salió electo Luis Arce. Jurídicamente, distorsionan todo. Es una decisión de la cúpula política masista. Están desconociendo la legalidad de Arce, de los diputados y senadores actuales”, enfatizó.

Bascopé señaló que el proceder de la comisión es irregular, puesto que devolver proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades es atribución del pleno de la Asamblea Legislativa.