Correo del Sur.- Jeanine Áñez afirmó que desconocer su mandato presidencial significa también que Luis Arce es un dignatario inconstitucional, así como los actuales parlamentarios.

Así respondió este martes la exmandataria a la comisión legislativa, que este martes decidió devolver al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las tres proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en su contra, debido a la “inexistencia de pruebas que respalden que Jeanine Áñez haya sido designada presidenta constitucional en 2019”.

La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Legislativo aprobó este martes devolver al  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las tres proposiciones acusatorias contra Janine Áñez, debido a la inexistencia de pruebas que respalden que haya sido designada presidenta de manera constitucional el 2019.

“La Comisión aprobó remitir la documentación para que argumenten, suplan y puedan complementar pruebas suficientes, para que esta Comisión pueda aprobar o no un juicio de responsabilidades”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado, Luis Flores (MAS).

Las proposiciones acusatorias serán devueltas a la Sala Penal del TSJ, que dispondrá que el Fiscal General del Estado se pronuncie sobre las observaciones de la Comisión, agregó Flores, al recalcar “que no existe prueba ni fundamentación alguna en la documentación que tenemos en este momento”.

También resaltó que la Asamblea Legislativa no puede complementar las pruebas del Ministerio Público. “No somos entidad investigativa, nosotros no podemos complementar los documentos presentados y las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, apuntó.

En agosto de 2021, el TSJ remitió al Legislativo tres proposiciones acusatorias emitidas por la Fiscalía General del Estado por los casos del crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 200 millones de dólares aprobado en la gestión de Áñez, la concesión del Servicio de Registro de Comercio a Fundempresa para el registro mercantil de 15 años y la emisión del Decreto Supremo 4200 que vulneraría la libertad de expresión durante la cuarentena por el covid-19.

Por estos casos, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía emprender el proceso para juicio de responsabilidades contra Áñez.