Los Tiempos.- Activistas sólo confían en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr justicia en más de 100 casos de violación a los derechos humanos cometidos durante el gobierno del presidente Luis Arce, toda vez que el sistema judicial es funcional al poder Ejecutivo y es utilizado para la persecución de los opositores, sostuvo el representante del Comité Nacional de la Democracia (Conade), Manuel Morales.

En este sentido, 23 organizaciones sociales se movilizaron para hacer llegar un informe al CIDH y solicitar su presencia en Bolivia para conocer la situación de los derechos humanos, del sistema judicial e incluso observar la organización y desarrollo de las elecciones judiciales previstas para octubre.

Mencionó que entre los casos más relevantes que se han sistematizado en el informe están la persecución y detención de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), nueve de ellos actualmente con detención preventiva.

Además, solicitaron que la CIDH pida al Gobierno un informe sobre las muertes de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien falleció en prisión hostigado por un centenar de procesos legales; de Erwin Chávez, ciudadano que recibió el disparo de un gas lacrimógeno en las recientes protestas en Santa Cruz, y del dirigente cívico potosino Juan Carlos Manuel, quien perdió la vida en la clandestinidad y sin atención médica.

También demandaron la conformación de una Comisión de la Verdad que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, construya una memoria del proceso de vulneración de derechos humanos “que vivimos en Bolivia en la democracia formal desde 2006 a la fecha”.

Ello tomando en cuenta que la CIDH determinó, en un informe de fondo, que en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de Evo Morales.

Entre las organizaciones que participan de este movimiento están el Conade, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de la Prensa, Conamaq orgánico, Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Cívico Potosinista, diputados y otros.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín aclaró que la CIDH puede conocer informes de grupos ciudadanos, pero la Corte-IDH sólo puede atender los casos cuando se agotaron todos los recursos legales en Bolivia.

Casos de violación de derechos

Las organizaciones sociales denunciaron la violencia contra las marchas tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Además, figura el caso de los 29 militares detenidos acusados de terrorismo y la violencia contra periodistas que suman más de 40 casos.

La Corte-IDH falló este año tres sentencias contra el Gobierno, que tienen un común errores y omisiones del sistema de justicia en contra de las víctimas.