Correo del Sur.- La Procuraduría General del Estado justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acción policial en los hechos de La Calancha, en noviembre de 2007, con el argumento de “la necesidad inminente por el riesgo de sus propias vidas y del conjunto”..

“El Estado ha demostrado fehacientemente que, cuenta con la normativa vigente que regula las actuaciones de los efectivos policiales, y que estos se encuentran enmarcados en los estándares internacionales; que el uso de la fuerza ejercida respondió a la legalidad de las normas descritas y la necesidad inminente por el riesgo de sus propias vidas y del conjunto; la proporcionalidad, que se encontró en los violentos hechos a los que fueron expuestos los efectivos policiales”, señala una de las conclusiones de los alegatos del Estado boliviano, representado por la Procuraduría, ante la CIDH, según el documento al que accedió CORREO DEL SUR.

Agrega que el derecho internacional humanitario “no podrá ser invocado con objeto de menoscabar la soberanía del Estado por la responsabilidad de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado”, y, en otro punto, asegura que “agotó los mecanismos para brindar la protección del conjunto y restablecer el orden público”.

Para la Procuraduría, durante los hechos de La Calancha, “las víctimas no fueron sometidas a ningún trato cruel o inhumano” y los manifestantes “no desarrollaron su protesta en un ámbito pacífico y no se configuraron los elementos y estándares mínimos para alegar una presunta responsabilidad del Estado”.

Sobre los movilizados, añade en sus alegatos que las organizaciones que conformaban el denominado Comité Interinstitucional “lograron la reducción policial a través del amedrentamiento, ataque constante y su desabastecimiento, a causa de la toma del aeropuerto, las instituciones policiales y el cierre de las carreteras”.