Página Siete.- En el Movimiento Al Socialismo (MAS) apelan a una sentencia constitucional de hace 18 años en busca de que el presidente Luis Arce designe a un Contralor General del Estado interino. El fallo fue emitido el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Constitucional (hoy Tribunal Constitucional Plurinacional).

La oposición considera que aquella es una “jugada” del partido oficialista, que emerge ante la constatación de que no logrará los dos tercios requeridos para designar al nuevo Contralor en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La sentencia constitucional 218 de la gestión 2004, del mes de febrero, señala que cuando el órgano que está encargado de la designación, luego de haber cumplido los procedimientos, los tiempos y todas las formalidades y producto de este entrampamiento político no logró designar a esa autoridad, faculta a que el Presidente del Estado pueda designar, porque no puede existir un vacío en la institucionalidad”, aseguró el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Según el legislador, el mandato del actual contralor fenece el 1 de julio. Y en este caso, a diferencia de lo que ocurre con la Defensoría del pueblo, no hay una norma expresa sobre el interinato. “En el tema de la Contraloría no existe una norma precisa como en el tema Defensor del Pueblo como la Ley 870, pero existe una línea constitucional”, manifestó.

La sentencia a la que hace referencia -que está relacionada con nombramientos de ejecutivos en Aduana Nacional de Bolivia- señala que el Presidente tiene la facultad de nombrar, de forma interina, a un funcionario que debe ser designado por otro poder del Estado, para lo cual, no obstante, deben ocurrir “circunstancias especiales” que justifiquen el nombramiento.

“Queda claro que es facultad del Presidente de la República, efectuar el nombramiento interino de un funcionario que deba ser designado por otro Poder; empero, ello no está sujeto a la voluntad del Primer Mandatario, sino que deben concurrir circunstancias especiales que den lugar a la existencia de razones debidamente justificadas de interés nacional, para prescindir del procedimiento y formalidades previstas por ley”, se lee en la sentencia 218/2004.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 214, establece que el contralor general debe ser designado por dos tercios de los presentes de la ALP, luego de un concurso público.

En el caso actual, ayer comenzó el proceso de selección y designación del nuevo contralor, con la presentación de postulaciones. Esa fase se extenderá hasta el 8 de julio.

No obstante, en el partido en función de Gobierno prevén que la oposición no facilitará la elección de la nueva autoridad de ese despacho. En esa línea está el senador Félix Ajpi, del MAS, quien manifestó que tiene un “mal presentimiento” respecto a la actuación de los legisladores de la oposición. “Lamento mucho que la oposición no sea propositiva para el país. Simplemente han venido a oponerse a todas las acciones del Gobierno y yo tengo esa percepción de que ellos no van a hacer dos tercios”, manifestó el oficialista.

Respecto a la apelación de una sentencia constitucional de hace 18 años, el diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana, manifestó que se trata de una “jugada” del MAS, originada ante la confirmación de que la oposición no dará sus votos.

“Ellos ya lo anunciaron, pero ¿quién sale perjudicado? Es el país. Lo que están buscando es tener un contralor que nunca destape la olla de corrupción, sino que sea un celador. Lamentablemente, ellos tienen la herencia de que Evo Morales manejó todo con interinatos, y creen que porque alguna vez lo han hecho, ahora pueden hacer lo mismo”, aseguró.