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Juzgan a Añez, pero no a asambleístas que prorrogaron su mandato en 2019


05/12/2021 - 08:37:52

El Deber.- El Ministerio Público acusó esta semana por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, por supuestamente autoproclamarse presidenta del Estado en 2019.

Áñez justifica que llegó al poder por la aplicación de la sucesión presidencial y que luego una norma alargó su mandato, pero no solo ella estaba prorrogando su gestión sino también 166 legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de otros partidos políticos, los cuales no tienen sanciones hasta el momento.

La Ley 1270 de prórroga excepcional del mandato constitucional de autoridades electas, del 20 de enero de 2020, fue aprobada por unanimidad en una Asamblea en la que el MAS tenía dos tercios. Esta norma tenía por objeto “excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional”.

Luego, el Tribunal Constitucional, en la declaración constitucional 001/2020, avaló el mandato constitucional de Áñez y declaró la constitucionalidad del proyecto de ley de prórroga tanto de la presidenta como de los legisladores.

El abogado de Jeanine Áñez, Alaín de Canedo, consideró que de fondo existe un acuerdo político. “Si para la expresidenta se considera que cometió dos delitos, debiera ser igual para los demás. No se puede decir que la gestión de Jeanine Áñez fue de facto en 2020, y que fue legal la prórroga de las demás autoridades”, dijo.

Por su parte, el exsenador y exmilitante del MAS Omar Aguilar consideró que la sucesión de Jeanine Áñez fue “forzada” y que por el comienzo del coronavirus y las consecuencias de la enfermedad se decidió ampliar el mandato de la expresidenta para que haya una gestión en el tema de salud. Además, dijo que no se podían celebrar elecciones por la pandemia.

Aguilar acotó que “si nos tienen que juzgar a todos los diputados y senadores de la legislatura anterior, tendrán que hacerlo por haberle devuelto la democracia al país, garantizar elecciones y tener hoy un presidente”. El exasambleísta aceptó que “posiblemente cometimos algunos errores”, que no quiso definir como delitos. Además, estableció que se actuó a nivel político para salvar al MAS.

El informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) no sentenció que hubo un golpe de Estado en Bolivia y no mencionó en su informe el proceso posterior que llevó a las elecciones. Empero, dijo que en lo que respecta a la sucesión, el artículo 169 de la Constitución de 2009 de Bolivia señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente “será reemplazado en el cargo” por el vicepresidente y, a falta de este, por el presidente del Senado y, a falta de este, por el de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Para el GIEI, con la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenaron una serie de renuncias de las personas consideradas para asumir el mandato de acuerdo con la cadena de sucesión presidencial. Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quorum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno.

El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, “Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quorum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional”, dice un informe del Senado.

El 12 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) emitió un “comunicado” señalando que entendía todavía aplicable con la vigencia de la Constitución de 2009 una Declaración Constitucional de 2001, en la cual decidió sobre sucesión presidencial en casos de vacancia.

El proceso de diálogo generado ese año por la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas logró un acuerdo político que, a través del Legislativo y de normas que fueron aprobadas por unanimidad, tuvieron como destino final las elecciones de 2020, de las que el MAS salió victorioso y por las que ahora Luis Arce Catacora es presidente del Estado.

El informe presentado por la Iglesia Católica establece que el proceso de pacificación comenzó dos días después de que Jeanine Áñez asumió el mando.

Al principio participaron Carlos Romero, Héctor Arce y Javier Zavaleta, que fueron ministros de Evo Morales. Estas exautoridades pedían salvoconductos para salir del país e incluso que el líder del MAS retorne con garantías.

“Todo cambió”, sentencia el documento, desde el momento en que Eva Copa asumió como presidenta del Senado y Sergio Choque la de Diputados. La bancada del MAS mostró apertura para la elección de vocales del ente electoral, la prórroga del mandato de los asambleístas y autoridades subnacionales y la convocatoria a nuevas elecciones. La negociación comenzó el 14 de noviembre de 2019 y se prolongó hasta el 19 de diciembre de esa gestión.

El 20 de noviembre, dice la memoria, “comenzó el contacto del grupo de facilitadores del diálogo con la nueva Presidente del Senado, Eva Copa, el nuevo Presidente de Diputados, Sergio Choque, y toda la bancada del MAS. Las nuevas autoridades fueron personas abiertas a entablar un proceso de diálogo, con nuevas actitudes”.

El 23 y 24 de noviembre, remarca el informe de la Iglesia, los facilitadores del diálogo participaron del encuentro de movimientos sociales con el gobierno en el Palacio Quemado. “Este fue el hito que marcó la desmovilización y la pacificación del país. Terminó con la promulgación de la Ley 1266 por Jeanine Áñez y Eva Copa, que hoy permite la gestión del Gobierno que se tiene en ejercicio y que fue elegido precisamente en ese proceso electoral”.

Omar Aguilar relató que en ese momento “el Pacto de Unidad avaló a Jeanine Áñez. Fuimos autorizados por los movimientos sociales para impulsar las nuevas elecciones. Evo Morales quería ser candidato. Nosotros lo convencimos de que no lo sea bajo cuatro premisas: renovar el TSE, ir a elecciones, salvar la personería, todo eso se cumplió, y la cuarta, que era la ley de garantías. No pudimos avanzar en eso”.

La Iglesia, en la actual coyuntura, afirmó que “desconocer la legitimidad del Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez y la continuidad del mandato del Órgano Legislativo, es desconocer la legitimidad del Gobierno actual”.

Los acuerdos trabajados en las mesas de diálogo confirmaron que el MAS fue actor fundamental de este proceso que concluyó con la convocatoria a elecciones. “Sin los dos tercios de votos que tenía ese partido en la Asamblea Legislativa Plurinacional no hubiera sido posible aprobar la ley y pacificar el país”. Aguilar concluyó que el error de Áñez fue la prórroga. “Si hacía elecciones en tres meses no ganaba el MAS”, dijo.

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