ABI.- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, aclaró este viernes que la expresidenta del Gobierno de facto, Jeanine Áñez, “en ningún caso se encuentra detenida por sedición y terrorismo”.

Así desmintió la publicación de una agencia de noticias y aclaró que, en el caso Golpe de Estado II, Áñez se encuentra procesada y detenida por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.

Siles informó, además, que ese juicio en contra de Áñez se encuentra en la etapa preparatoria y que la acusación se sustenta en la comprobación de delitos que cometió en su condición de senadora.

“Aclarar que la señora Áñez, en este momento, no está detenida preventivamente por delitos de sedición y terrorismo, y aclarar que dichos delitos han sido cuestionados por el informe del GIEI. También, han sido cuestionados por el propio Movimiento Al Socialismo que el año 2019 presentó una acción de inconstitucionalidad contra ambos tipos penales, acción que está en este momento en el Tribunal Constitucional a la espera de un resultado”, dijo el viceministro en entrevista con Bolivia TV.

La aclaración fue realizada luego de que la Agencia de Noticias Fides publicara la nota “Comité contra la Tortura: Llama la atención cargos de sedición y terrorismo contra Jeanine Áñez”.

“Es una información parcial, es una información irresponsable, puesto que esa fue la pregunta que nos hizo el presidente del comité de expertos (Claude Heller Rouassant). Nosotros respondimos y lo vamos a hacer también esta tarde, acá en Ginebra, de forma enfática que la señora Áñez no está siendo procesada por dichos delitos y, al contrario, dichos delitos están siendo analizados por el Tribunal Constitucional en cuanto a su conformación de los tipos penales respectivos”, sostuvo.

El viceministro asiste a la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en su sesión 72 que se realiza en Ginebra, Suiza.

El Comité Contra la Tortura es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes.