Página Siete.- El jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, anunció este jueves que iniciará la fiscalización por los contratos millonarios que se hicieron durante el gobierno de Evo Morales, sin el requisito del Registro Único de Proveedores de Estado (RUPE). Instó al procurador Wilfredo Chavez y al contralor Henry Ara investigar al presidente Luis Arce y al exmandatario.

“Realizaré PIE (Petición de Informe Escrito) al Ministerio de Economía y la respuesta de Luis Arce a Wilfredo Chávez y Henry Ara para que inicien la investigación de este daño económico al Estado de más de 1.400 millones de bolivianos. Chávez y Ara sólo le limpian la imagen a Evo Morales, ahora deben investigarlo junto a Arce”, escribió en sus redes sociales.

El parlamentario de oposición detalló que enviará una petición de informe al Ministerio de Economía. Además remitirá la respuesta del ahora gobernante de la época en que era ministro, en la que afirma que el RUPE es obligatorio para las contrataciones estatales superiores a los 20.000 bolivianos y que no existen causales de excepción.

El lunes Página Siete dio a conocer los 10 contratos que se realizaron sin el requisito del RUPE, todos procesados durante la gestión de Morales, por un monto de más de 1.400 millones de bolivianos.

La mayoría fueron adjudicados entre 2015 y 2016, cuando ya estaba vigente normativa que establece la entrega de ese documentos para realizar contratos con empresas nacionales o extranjeras.

En 2019 Arce, en su calidad de ministro de Economía, en respuesta a una petición de informe realizada por el exministro Yerko Núñez, cuando era senador, afirmó que el RUPE era un requisito obligatorio para la adjudicación de contratos y que no existían causales excepcionales para prescindir del documento.

Gutiérrez remitió una petición de informe escrita (PIE) al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que consta de unas 15 preguntas.

En el cuestionario pide que especifique el total de los contratos sin el Requisito Único de Proveedores del Estado que genera daño económico al Estado.