La Paz.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, este martes, el Proyecto de Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional del Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Máximas Autoridades Salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo.

La norma de cuatro artículos y una disposición final, da cuenta que las altas autoridades de los órganos ejecutivos y legislativos de los tres niveles de gobierno – nacional, departamental y municipal – además de las máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas que administren recursos fiscales deben permanecer en el país, “a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.

Concluida la sesión, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, sostuvo que el proyecto de ley busca transparencia en el manejo de la administración pública.

“El objetivo de este proyecto de ley es reafirmar la transparencia como un principio fundamental de la administración pública, eso significa que toda autoridad de los niveles ejecutivo, legislativo, tanto desde el nivel central, departamental y municipal, no podrán abandonar el país durante tres meses posteriores a la conclusión de su mandato, por lo tanto, toda autoridad que ejerza funciones deberá rendir cuentas al pueblo”, explicó.

La norma se aplica al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, asambleístas plurinacionales que hubiesen cesado en su mandato por cualquier motivo, y también a gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales que hubiesen cesado en su mandato o fueron destituidos, “para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible acto de corrupción”.

Quienes incumplan la presente ley serán responsables penalmente, precisa el artículo tres del proyecto normativo que ahora debe ser revisado por la Cámara de Diputados.

La Contraloría General del Estado será la encargada de remitir a la dirección de Migración, el listado de las autoridades señaladas en la presente ley para su efectivo cumplimiento.