La Paz (CEPB).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó el anuncio del Ministro de Gobierno Arturo Murillo quien informó que se iniciarán procesos de expropiación o intervención del Hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital Univalle de Cochabamba.

“Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales, que pueden generar más incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes”, afirmó la CEPB en un comunicado público.

El ministro Murillo informó en conferencia de prensa, que la decisión responde al eventual colapso del sistema público de salud y que en caso de expropiación o intervención (el gobierno) pagará el precio justo.

Al respecto, la entidad que aglutina al sector privado formal recordó que, durante la pandemia, los empresarios de  todo el país, han sostenido la cadena de  producción de alimentos y productos básicos, e incluso ha aportado con campañas solidarias, aportes directos y han prestado toda la ayuda posible a los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para enfrentar esta situación.

Estas acciones “las hicimos por voluntad y compromisocon  la  ciudadanía  y  con  el  país,  sin  mayor obligación que nuestra consciencia; siempre abiertos al diálogo, el consenso y la coordinación con las autoridades y sin necesidad de  medidas coercitivas porque creemos  firmemente que, en estos momentos, la unidad y la solidaridad deben primar”, señala el comunicado.

De igual modo, los empresarios demandan que si se decide de todos modos aplicar medidas como las anunciadas por el Ministro de Gobierno, éstas sean asumidas de común acuerdo con los propietarios de los predios sanitarios privados, respetando los requisitos legales de procedencia de estas medidas extraordinarias como la declaratoria previa de necesidad pública mediante  Ley y  el pago  anticipado del justo precio, “caso contrario, se estarán validando medidas confiscatorias y atentatorias contra el interés privado, incidiendo negativamente en la situación del sector y afectando, indudablemente, el clima de inversiones en nuestro país”, afirman.

Finalmente, la entidad privada reiteró su más absoluta aperturaal diálogo y a la búsqueda conjunta de soluciones, “teniendo como único objetivo la salud de la población y siempre en el marco de la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos”.