La Paz, (ABI).- El Fiscal Anticorrupción de La Paz, Alexis Vilela, informó el miércoles que se emitió la orden de aprehensión en contra de Gilmar J.P.LL., José A.G.D., Marisol K.J.S., Cristián V.F., Daniel H.P.E., July M.O.C. y Dimelsa V.G.L., todos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por presuntamente haber elaborado una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria del COVID - 19.

"Estas siete personas trabajan el área jurídico legal de la estatal petrolera y, el día de hoy, se presentaron a prestar sus declaraciones informativas dentro del caso YPFB; sin embargo, se encontraron suficientes indicios que hacen presumir su participación en el hecho, por ello hemos emitido la correspondiente orden de aprehensión que fue ejecutada por efectivos policiales. Se presume que los aprehendidos, mediante un grupo de WhatsApp y reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa N° 78/2020 para posteriormente ser emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz", dijo Vilela, citado en un boletín de prensa.

La Resolución Administrativa N° 78/2020 autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.

Vilela adelantó que en las próximas horas se presentará la imputación formal en contra de los siete sospechosos por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de "seguros generales" para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de 49 millones de bolivianos.