Chile venía sosteniendo una clase media a través del crédito que creció en forma constante durante tres décadas. La crisis del coronavirus hecho todo eso por tierra. Hoy es la más castigada por la pandemia en ese país. Empleados y profesionales se están convirtiendo en los nuevos pobres. Los efectos recesivos ya se venían sintiendo desde hace tiempo. Fue esa misma gente de la mitad de la torta económica la que había salido a la calle para pedir el reparto más justo de la riqueza con enormes protestas entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Un acuerdo para reformar la Constitución y el arribo del Covid-19 terminaron con las manifestaciones, pero no con el descontento. Esto lo está sintiendo particularmente el presidente Sebastián Piñera, que después de una buena primera evaluación del manejo de la pandemia ve caer su capital político a la velocidad de un meteorito. Chile tiene la mayor cantidad de contagiados por coronavirus per cápita del mundo, la pandemia está golpeando muy fuerte a su esencial producción de cobre y se está registrando un acelerado aumento de la pobreza, que pasó del 6% al 15%.

Frente a los naranjos recargados de frutas en el patio central del palacio de La Moneda, el presidente Piñera anuncio el viernes un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia que se suma a un amplio paquete de protección social ya aprobado para tratar de contener la estrepitosa caída de la clase media. Justo cuando estaban empezando a recuperarse muchas empresas medianas y pequeñas que habían sido afectadas particularmente por las protestas, el coronavirus golpeó a mediados de marzo. Y cuando se anunciaron las medidas de ayuda para enfrentar la crisis de salud tampoco alcanzó a la clase media. Sólo cubre hogares con entradas menores de 400.000 pesos al mes, unos 490 dólares. Eso benefició, según cifras oficiales, al 34 por ciento de los hogares chilenos, pero no llegó a los nueve millones (la mitad de la población) que ganan un poco más pero tampoco alcanza para una vida digna. Y fueron también, en su mayoría, los que perdieron sus empleos o los suspendieron y ya no tienen ingresos. “El 10 por ciento más rico es el único sector relativamente a prueba de balas en Chile”, explicó a la agencia France Press, Dante Contreras, director del Centro de Conflicto Social y Cohesión. “El resto tiene un alto grado de fluctuación en los ingresos, con familias que dejan la pobreza y que en poco tiempo regresan a la pobreza. Y esa es una instantánea del alto nivel de fragilidad que hace difícil tomar decisiones a largo plazo y que los hace muy vulnerables. Algo que se evidenció claramente en esta pandemia”.

Cuando Ignacio Briones se hizo cargo del ministerio de Hacienda en reemplazo de Felipe Larraín en el medio de la crisis, y se anunció un paquete de ayuda de 28.000 millones de dólares para reactivar la economía en un acuerdo con los partidos de la oposición de centro izquierda, parecía que el país despegaba de la crisis antes que el resto de la región. Un rebrote en los casos de coronavirus recordó que antes de reactivar la economía hay que estar muy seguro de que se terminó con los contagios masivos. Chile llegó a julio con casi 290.000 contagiados y más de 6.000 muertos. Hubo que regresar al cierre de la mayoría de las actividades. “La mortalidad por Covid en Chile es enormemente mayor, per capita, que cualquier otro lugar en el mundo – hace que incluso Brasil y Perú se vean controlados-. Chile, además, tiene la peor contaminación del aire en Santiago. Esto debería preocupar a cada país de Latinoamérica y el mundo”, alertó Eric Feigl-Ding, especialista en Economía de la Salud y Epidemiólogo de la universidad de Harvard.

“El gobierno pensó en el encierro en términos de gente como ellos, como si todo Chile fuera de clase media-alta, gente que puede quedarse en casa y trabajar desde allí”, dijo Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales a la agencia Bloomberg. “No garantizaron el aislamiento de las personas infectadas en las zonas más pobres y tampoco entre la clase media baja”, concluyó. Pablo Martínez es un buen ejemplo. En poco más de un año, este hombre de 44 años pasó de ser un ingeniero exitoso y dueño de una solvente viviendo en Vitacura, un barrio de clase media alta, a tener apenas lo suficiente para vivir. Desde que perdió su trabajo en marzo de 2019, no pudo encontrar otro empleo. Durante los primeros meses utilizó sus ahorros y su seguro de desempleo. Pero las deudas de las tarjetas y de un préstamo del banco lo terminaron de ahogar. Comenzó a trabajar como conductor de Uber, pero el trabajo se desaceleró cuando las protestas estallaron en octubre y se acabó cuando comenzó pandemia. “Vivía relativamente cómodo, ahora no puede pagar el alquiler. Comemos o pago el alquiler, no puedo hacer las dos cosas”, le contó Martínez a la agencia AFP. “Y lo peor es que no califico para la ayuda del Estado. A pesar de estar en la pobreza, el sistema dice que sigo siendo un ingeniero solvente”.

Desde el regreso a la democracia, en 1990, Chile redujo drásticamente la pobreza del 40% al 9%. Y las clases medias mejoraron sus estilos de vida a través del crédito. Ahora, el 70% de esas familias viven con niveles insostenibles de deuda. Un estudio de la Universidad de Chile mostró que los trabajadores por cuenta propia habían sido los más afectados por la pandemia, ya que sus salarios disminuyeron en un 60%. “La caída en los niveles de bienestar de las clases medias va a ser significativa”, explicó el politólogo Dante Contreras. “Incluso si no caen en la pobreza, será un cambio drástico: van a tener que cambiar del sistema de salud privado al público, lo mismo con las escuelas de sus hijos y liquidar activos”.

La crisis llegó a la principal actividad exportadora del país, la de la extracción y procesamiento del cobre. Las infecciones están aumentando exponencialmente en las regiones de Calama y Antofagasta, donde se concentra la actividad minera. De acuerdo a los sindicatos, se está registrando “una avalancha” de casos de coronavirus y demandan una cuarentena de 14 días para todos los trabajadores de la industria. Algo que sería catastrófico para la economía del país. El cobre constituye la mitad de todas las exportaciones chilenas y el 15% del PBI. Empresas como Codelco, BHP, Anglo American y Glencore ya estaban trabajando a media máquina. Pero el proceso industrial no se puede detener sin provocar daños irreparables a las máquinas. En abril la producción ya había caído un 5,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Desde entonces, hubo más recortes de personal. Un 40% de los mineros perdió su trabajo, decenas murieron de coronavirus en Calama y miles se contagiaron. La producción de cobre que ya venía en baja con unas 320.000 toneladas anuales, ahora podría estar en poco más de 200.000 toneladas.

Todo esto también está hundiendo la imagen del manejo de la pandemia por parte del presidente Piñera. El nivel de aprobación bajó de un 24% en mayo a un 17% en junio, de acuerdo a la encuestadora Criteria. Y la desaprobación de su gestión subió de un 68% al 77%. Esto vino acompañado de la marcha atrás en la apertura de la economía que había alentado el gobierno hasta que se conoció que Chile es el país con mayor cantidad de infectados per cápita del mundo con 13.000 casos por cada millón de personas. Dos veces más que Brasil y diez veces los de Argentina. Incluso, hay algunos sectores que ya hablan de posponer una vez más el plebiscito para iniciar el proceso de redacción de la nueva Constitución que fue pasado por la pandemia de abril al 25 de octubre. La reforma constitucional era la prioridad de la mayoría de los chilenos hasta hace dos meses. Ahora, toda la atención está centrada en la reactivación de la economía y la supervivencia.