Opinión.- La investigación del caso respiradores sigue su rumbo, en medio de reserva, sin embargo, ayer la empresa española IME Consulting aportó nuevos datos que apuntan a dos de los sospechosos que se encuentran con detención preventiva en la cárcel.

En medio del escándalo de presunta corrupción y sobreprecio en la compra de 170 equipos, la presidenta Jeanine Áñez, en su mensaje al país, anoche, se disculpó y dijo que comparte la indignación de la población por lo sucedido. También anunció continuar impulsando “todo el peso de la ley” contra los responsables; trabajar sin descanso para no perder “ni un solo centavo por corrupción”; y su decisión de transparentar toda la información sobre las compras públicas para someterlas a consulta ciudadana y una auditoría.

ACUSADOS

Entre tanto, IME Consulting, se pronunció a través de un comunicado en el que reveló los nombres del supuesto “testigo clave” del caso, Fernando Humérez, y el exasesor jurídico del Ministerio de Salud, F.V., como quienes fueron sus contactos directos.

Explicó que tomó contacto con ambos, uno como intermediario y otro como representante del país. A su vez, negó una venta con sobreprecio y que “un señor de apellido Humérez pidió un aporte el cual fue rechazado”.

Si bien no precisa el nombre, se conoce que el empresario y exdirigente deportivo, vinculado al Movimiento Al Socialismo (MAS) por las llamadas al expresidente Evo Morales y otro altos miembros del partido azul, tiene el mismo apellido y pasó de “testigo clave” a acusado. En su declaración reconoció que participó del proceso junto al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

IME Consulting también dijo que ningún funcionario del gobierno pidió “absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o la fábrica ofreció comisión alguna”. Recordó que el 7 de mayo recibió la solicitud de cotización a través de una nota de F.V., que también estuvo en contacto con la exministra Gabriela Montaño, y luego la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) tomó contacto para la adquisición cinco días después.

EL PRECIO

IME sostuvo que el precio fue de 26 mil dólares más un 8% incluido por el gobierno boliviano, pues debían retener esa cantidad como garantía de cumplimiento del contrato. Detalló que el precio de fábrica de los equipos, "con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de  14.790 euros y no los  6.500 que se informaron". El total que menciona es de 18.500 dólares más 5.500 por otros gastos.