25/02/2020 - 15:13:37
Página Siete.- El Gobierno abrogó la norma de contratación directa de consorcios jurídicos y abogados, sean nacional o internacional, realizada por la Procuraduría General del Estado, señala el Decreto Supremo 4156.

“Se abroga el Decreto Supremo 2698, de 9 de marzo de 2016, que autoriza a la Procuraduría General del Estado la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, sean nacionales o extranjeros y otros servicios especializados, para la defensa legal del Estado”, señala el artículo único de dicha norma que fue aprobada el pasado 13 de febrero.

En la disposición adicional primera dispone que la adjudicación se haga por comparación de ofertas, ya sea en territorio nacional o extranjero, sean estos consorcios jurídicos, abogados u otros.

Agrega que el reglamento de contratación será aprobado por la Procuraduría mediante resolución “expresa”.

También precisa que éstos podrán ser suscritos por el tiempo que dure el proceso judicial, “sujetos a la aprobación del presupuesto de cada gestión fiscal”.

En la disposición adicional cuarta especifica que las contrataciones por comparación de ofertas realizadas por la Procuraduría deberán remitirse a la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la norma vigente y debe registrarse en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“La contratación por comparación de ofertas de servicios especializados para la defensa legal del Estado estará sujeta al ejercicio del control gubernamental, en el marco de la normativa vigente”, establece el decreto.

¿Por qué se tomó esta medida?

En diciembre pasado, después de su posesión, el procurador general del Estado, José María Cabrera, anticipó que se redacta un proyecto de decreto para abrogar la norma que permite las contrataciones en secreto de bufetes de abogados para defender al Estado en los juicios internacionales.

Según la autoridad, el Decreto Supremo 2698 guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados hechas por la Procuraduría, además de que exime a la institución de hacer su rendición de cuentas sobre el monto pagado a los juristas, entre otros.

Cabrera explicó que por norma, solamente dos categorías admiten el secreto de Estado: defensa nacional y seguridad de Estado, argumento que servirá para anular dicha norma. En ese entonces anticipó que de forma paralela se recopila información detallada de los gastos legales por concepto de honorarios profesionales, peritajes internacionales, pago de aranceles a los centros y cortes de arbitraje e incluso de los viajes y viáticos que fueron erogados durante las defensas de juicios internacionales que encaró el Estado boliviano.

Una vez concluido el relevamiento de datos, tanto de casos vigentes y concluidos, será puesto a disposición de las instancias que correspondan, se anticipó.

Los procesos

Denuncia En julio de 2018, el senador Óscar Ortiz denunció que la Procuraduría General se niega a revelar los nombres de los estudios jurídicos contratados por el Estado boliviano para su defensa en los juicios por demandas internacionales relacionados a la nacionalización, como ocurrió en el caso Quiborax.
Disposición En el artículo 5 del Decreto Supremo 2698, establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones hechas en el marco de la presente norma, por la naturaleza “estratégica de la precautela” y defensa de los intereses del Estado.