08/12/2019 - 09:32:09
Página Siete.- Expertos y jubilados no le ven futuro a la Gestora Pública y piden continuar con el sistema de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), pero con reformas.

“Siempre hemos sabido que la Gestora no es viable, eso es un hecho. Para nosotros es una pena que esta institución que ha creado el gobierno de Evo Morales siga erogando dineros de los bolivianos sin resultados. No se justifica en lo absoluto su creación, por eso estamos en contra”, manifestó el presidente de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado.

La Gestora Pública fue creada por Decreto Supremo 2248, de enero de 2015, que fijaba su inicio de operaciones para junio de 2016, en cumplimiento de la Ley 065 de Pensiones. También por decreto se aprobó la transferencia de 200 millones de bolivianos para que comience a funcionar.

Sin embargo, con el Decreto Supremo 2802, de junio de 2016, se amplió el plazo de inicio de actividades en 18 meses, de modo que se fijó su inauguración para el 15 de septiembre de 2017. Pero, el 20 de ese mes, mediante otro decreto, el Gobierno decidió aplazar la fecha hasta marzo de 2019, cuando se volvió postergar el inicio de operaciones hasta septiembre del próximo año.

“Hemos visto que, al margen de ser una empresa considerada ‘estratégica’, la Gestora tiene muchas observaciones desde su creación, como su constitución, cuestionamos que entre los cinco miembros dentro del directorio no se nos haya incluido como actores en esa estructura”, reclamó el representante del sector.

Delgado explicó que los jubilados prefieren continuar con el sistema actual de pensiones administradas por las AFP, siempre que se reformule su participación y se rebaje el margen de ganancias por comisiones.

“Hemos mantenido siempre la posición de que si bien los contratos con las AFP son indefinidos, eso no quiere decir que no puedan ser revisados en función a las condiciones en las que operan. Me refiero exclusivamente a que por su trabajo reciben comisiones y tienen buenas ganancias, pero si revisamos los contratos y sus comisiones se puede determinar que se bajen del 0,5% al 0,25%, así como que se eliminen los descuentos del 1,31% que nos hacen para gastos administrativos”, sugirió.

El experto en temas laborales Rodolfo Eróstegui opinó que el Sistema de Pensiones boliviano fue diseñado sobre la base del modelo de sistema chileno, que ahora atraviesa una crisis.

“Se dice que los que dejan la vida laboral activa pueden llegar a perder, al pasar a la pasiva, casi un 60% de sus ingresos. Por ello el sistema está diseñado para que los trabajadores laboren más allá de la edad de jubilación que estipula la Ley 065”, declaró.

Para Eróstegui, el hecho de que la Policía ahora solicite una jubilación con el 100% de los ingresos, como sucede con el Ejército, hará que otros sectores -como el Magisterio- hagan la misma solicitud y se ponga en riesgo todo el sistema de pensiones.

“Considero que se debe llamar a un diálogo social para la reforma del sistema de pensiones. Un diálogo sincero en el que participen los trabajadores con su representación sindical, los empresarios y el Gobierno. No creo que sea pertinente que el actual Gobierno modifique la Ley 065, pero, sin lugar a dudas, el próximo que sea electo tiene que poner en agenda este tema”, dijo.

El economista y experto en pensiones Alberto Bonadona consideró que pese a ser de transición, el gobierno de Jeanine Añez puede llevar a cabo ciertas medidas al sistema de pensiones para que transparente sus operaciones y sea más eficiente.

“Entre las primeras medidas está revisar qué hace la Gestora y con qué eficiencia, ver si se la necesita o no, estudiar la situación de las AFP. Existen varios ajustes que se pueden hacer en el Sistema Integral de Pensiones como modernizar el pago de la Renta Dignidad, analizar el pago de la fracción solidaria, sus escalas y su capacidad actual de pago”.

Bonadona acotó que con un análisis durante este periodo el próximo Gobierno podrá ejecutar las reformas necesarias.

Dos contratos millonarios por un mismo producto

Los retrasos en el inicio de operaciones de la Gestora Pública se debieron, en parte, a las postergaciones en la entrega del software que fue encargado para su funcionamiento.

Hace unos días se conoció que la empresa estatal contrató a una firma colombiana para que lleve a cabo el trabajo, pagándole el doble de lo que cobraba la primera compañía contratada para ejecutar el trabajo informático.

En 2017, el gobierno de Evo Morales suscribió un contrato con la panameña Sysde para la provisión del software de la Gestora, así como la migración de datos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), Previsión y Futuro de Bolivia, por un monto de 5,1 millones de dólares. Sin embargo, luego de al menos dos prórrogas en los plazos de entrega del sistema, el acuerdo con la firma fue rescindido.

Ante ese panorama, el Ministerio de Economía decidió, el 23 de octubre de este año, contratar a la empresa colombiana Heinsohn para el desarrollo y puesta en marcha del software.

La cartera que administra las finanzas públicas cerró el acuerdo por 10,9 millones de dólares, más del doble por lo que la Gestora contrató a Sysde para llevar a cabo el mismo trabajo.

Sin embargo, el 13 de noviembre pasado, el Gobierno decidió congelar el contrato. A través de una notificación, la Gestora le informó a Heinsohn que la suspensión durará 15 días calendario o hasta la comunicación formal del contratante, entendiéndose que esta medida tendrá efectos de prórroga de plazos, tanto en las entregas parciales como en la entrega final.

Sobre el Sistema Integral de Pensiones

Labor El SIP entró en vigencia en 2011, cuando se jubilaron 10.000 personas. Hasta junio de 2019 los jubilados del SIP llegaron a 146 mil personas, según datos de la anterior administración del Ministerio de Economía entregados a este medio el 6 de noviembre.
Montos Antes de la vigencia del SIP, un profesor de 60 años y con 35 de aportes, cuyo promedio salarial era de 6.000 bolivianos, se jubilaba con 1.300. Con el SIP y el Fondo Solidario ese mismo jubilado recibe 4.200 bolivianos, según el Ministerio de Economía.
Rentabilidad Hasta diciembre de 2018 la rentabilidad de los fondos SIP llegó a 1,72% y a septiembre de este año los rendimientos de los aportes de los trabajadores alcanzaron un 4,26%, según el anterior Gobierno.