Escasean los fiscales que renuncian o son procesados por corrupción

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Chuquisaca.- Una crisis de fiscales se está produciendo en todo el país y en especial en la ciudad de El Alto, ya que los representantes del Ministerio Público renuncian o son procesados por corrupción.

Aproximadamente 50 fiscales son procesados en todo Bolivia por diversos motivos, entre ellos por hechos de corrupción, informó el fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien aseguró que existe una política contra esos delitos en el Ministerio Público.

    "En esa política de lucha contra la corrupción, he tomado dos acciones concretas para que fiscal que sea denunciado por actos de corrupción o por negligencia o irresponsabilidad, si no está dentro de la carrera fiscal, sea destituido inmediatamente?, aseveró.

    Uribe afirmó que está política se fundamenta en la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, como defensor de la legalidad y de los intereses públicos.

    "El fiscal representa intereses, ya sea de la víctima o intereses generales; por ello en el Ministerio Público se necesitan funcionarios competentes, comprometidos, fundamentalmente con la institución, con la sociedad y con su trabajo?, agregó.

    Dijo que los distritos de Santa Cruz y La Paz tienen el mayor número de denuncias contra fiscales, mientras que el caso de Oruro es preocupante por las constantes destituciones y por nombramientos para sustituir a los fiscales apartados.

MINISTERIO PÚBLICO REQUIERE NUEVA LEY ORGÁNICA
     La nueva ley que regule el funcionamiento del Ministerio Público debe ser "versátil y fuerte" para que se ajuste a las necesidades coyunturales del trabajo fiscal y contribuya a consolidar la institucionalidad, afirmó Uribe.

    "Esperemos que los asambleístas nacionales tomen en cuenta la propuesta de Ley del Ministerio Público para contar con una Ley moldeable y versátil que se acomode a las exigencias del trabajo y sus exigencias y no una Ley que ponga una camisa de fuerza a las autoridades del Ministerio Público?, señaló.

    Informó que fue presentada la propuesta a la Asamblea Legislativa que trabaja la nueva ley orgánica del Ministerio Público, una norma que debe adecuar el funcionamiento de esta institución a la Constitución Política en vigencia.

    "El Ministerio Público necesita adecuar sus actos a la realidad política, social y jurídica del país para tener una administración de justicia, especialmente en lo penal, que sea respetable y oportuna?, manifestó.