Procuraduría negocia posible pago a Álvaro García Linera por caso EGTK
03/10/2022 - 08:37:39
El Deber.- La Procuraduría General del Estado “deslegitima” el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de Evo Morales por el ataque ocurrido en el hotel de Las Américas. Sin embargo, actualmente encara una “solución amistosa” para negociar un resarcimiento económico para el exvicepresidente Álvaro García Linera, su hermano Raúl y otros exmiembros del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), como parte de los mecanismos que ofrece el organismo internacional para reparar daños a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La posición que asume el Gobierno ante los dos casos es cuestionada por la oposición. El diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), asegura que las normas se aplican “a conveniencia”.
“Que el procurador deje de usar la institución y su cargo para defender a Evo Morales. Recordarle que cuando hay que legitimar a la CIDH responde que hay un proceso llevado por el exvicepresidente Álvaro García Linera, pero cuando se trata de defender a Morales hay que deslegitimar sus informes”, lamentó el legislador opositor.
La respuesta a la petición de informe, de fecha 23 de mayo de 2022 emitida por la Procuraduría y recibida por Pedraza en junio, señala que el Estado se encuentra en proceso de negociación en cinco Procesos de Solución Amistosa (PSA) ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El procurador Wilfredo Chávez respondió que el caso 12.528 denominado ‘Álvaro García Linera y otros’ se encuentra en la etapa procesal de Análisis de Fondo e identifica cuatro intentos de solución amistosa, a través de comunicaciones de la Comisión.
Entre 2006 y 2018 hubo tres intentos de acuerdos que fracasaron. En 2018 al menos ocho exmiembros del EGTK trabajaban en el Estado lo cual impedía negociar el resarcimiento. Cuatro años más tarde, cuando ninguno es funcionario y cuatro fallecieron, el 14 de marzo de 2022, hacen conocer a la CIDH su disposición para negociar.
“Actualmente, el caso se encuentra en etapa de fondo y, recientemente, en fecha 14 de marzo de 2022, se ha reingresado al proceso de solución amistosa; por lo que inició el análisis técnico de viabilidad o no de las pretensiones de la parte peticionaria. Enfatizar que no se ha realizado ningún pago”, señala la respuesta a la pregunta tres realizada por el diputado Pedraza.
En 2006, las víctimas, que fueron acusadas de 14 delitos, solicitaron $us 2 millones por violaciones a su derecho a la integridad física y síquica, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada y protección judicial.
“Si el procurador dice que los informes no son vinculantes, en el caso concreto ya ha hecho caso a la CIDH de arreglar a través de esta resolución de controversias a favor de los García Linera”, refutó.
El internacionalista Francisco Xavier Solares explicó que las partes tienen la posibilidad de llegar a “soluciones amistosas” para no llevar el caso a juicio en la Corte IDH. El abogado Franco Albarracín acotó que eso puede demorar hasta cuatro años.
EL DEBER se contactó con Marcelo Arce, de la Procuraduría, para concretar una entrevista con el titular de esa dependencia y dijo que intentaría agendarla, pero después no se comunicó. Asimismo, se dejó un mensaje al procurador para conocer el estado de la negociación y tampoco contestó.
Intentos de solución amistosa
El 18 de enero de 2006 se inició el primer intento de solución amistosa, pero el 24 de enero de 2007, la CIDH daba por concluida su intervención para llegar a un posible acuerdo. Entre el 23 de marzo de 2007 y el 11 de julio de 2018 hubo otros dos intentos fallidos.
En abril de 2018, según los registros de prensa, el fallecido Felipe Quispe, “El Malku”, aseguró que la conciliación entre el Estado y los exmiembros del EGTK ante la CIDH estaba paralizada porque los hermanos Álvaro y Raúl García Linera trabaron un arreglo en favor de los que demandaron al Estado en la década de los 80.
“No quieren conciliar porque tienen plata. Tenemos una traba en el gobierno porque tanto Álvaro García Linera, su hermano Raúl y otros están trabajando. No quieren que recibamos el resarcimiento”, declaró a los medios.
De los 12 exmiembros del EGTK, que en marzo de 2001 presentaron la demanda contra Bolivia, ocho eran servidores públicos en 2018. Víctor Ortiz Quispe trabajó en la Vicepresidencia, lo mismo que Alejandro Choque; a estos dos exmilitantes se debe sumar al exvicepresidente y a su hermano, Raúl García Linera, que, según el propio segundo mandatario, era su “colaborador personal”.
Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas y Mario Apaza Bautista figuraban en las nóminas del Ministerio de Gobierno. Finalmente, Juan Carlos Pinto se desempeñó como director del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
‘El Mallku’ y Santiago Yanique Apaza eran los únicos ex militantes del grupo subversivo que no figuran en instancias estatales. Dos ya estaban muertos en esa época, actualmente suman cuatro fallecidos.
