CAT observa la falta de independencia judicial y el interinato en la Defensoría
05/12/2021 - 07:22:31
Página Siete.- El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) urgió a Bolivia realizar una reforma judicial por la falta de independencia de este órgano. La recomendación se dio luego que 10 expertos internacionales revisaran el historial de derechos humanos del país.
Las recomendaciones se hicieron en varios temas referidos a la tortura , que va en Bolivia desde la investigación de los hechos violentos de 2019-2020 hasta la violencia contra la mujer.
El informe refiere “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”. En el inciso c recomienda: “Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”.
“El CAT emitió un informe donde se hace un conjunto de recomendaciones al Estado. La reflexión más importante se concentra justamente en la reforma de la justicia. Al igual que el GIEI y otros organismos internacionales de derechos humanos insiste en que la justicia en Bolivia no es imparcial ni independiente. Por eso urge al Estado a llevar una reforma”, señaló el experto en DDHH del Cedib, Franco Albarracín.
Aseveró que en vez de impulsar iniciativas para la reforma judicial se dan discursos y acciones que muestran la intención de tener el control total. En su opinión, los avances llegan desde el sector civil. Es que no hay un avance en el tema por parte del Gobierno
Otra de las recomendaciones del CAT, que también fue emitida por varios organismos internacionales, se refiere al tipo penal de terrorismo y sedición, que es vago ambiguo y no cumple con los estándares internacionales. “Solo tiene un uso político”.
Andrés Gautier, del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado, manifestó que una de las recomendaciones que aún no tiene respuesta del Estado es la elaboración de una ley contra la tortura que tipifique este tipo penal conforme a las categorías internacionales. “Bolivia no tiene una debida ley. Por eso se recomienda su definición”.
Añadió que en el punto 45, inciso c, señala que todo personal competente debe recibir una formación específica que le permita identificar casos de tortura. “Pide que se apliquen mecanismos de prohibición de la tortura en personal de migración. Es un claro mensaje que reconoce que hay ignorancia sobre el tema de forma deliberada o no. Es como si los derechos humanos no fueran parte de la justicia”.
“Acotó que es importante que -en la línea del informe del GIEI- se haga hincapié en la investigación pronta y transparente de los hechos de tortura en los conflictos de 2019-2020 y también durante las dictaduras militares.
Piden transparencia para la Defensoría del Pueblo
El comité celebró que el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) dejó de depender del Ministerio de Justicia y pasó a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
No obstante, el CAT considera que la jefatura interina de la Defensoría y la falta de transparencia en procesos de selección y designación de directivos y miembros de esta institución, así como la pérdida del personal del Sepret, podrían debilitar su funcionamiento e independencia.
El informe indica que el Estado debe fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y garantizar la transparencia de los procesos de selección de sus directivos y miembros.
Franco Albarracín manifestó que el interinato de la actual defensora del Pueblo no se debe a una dejadez del Gobierno, sino a la necesidad de tener el control de esta institución.
Cabe recordar que la actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como defensora del Pueblo interina el 30 de enero de 2019. El nombramiento se concretó seis días después de la renuncia al cargo de David Tezanos Pinto. Hasta ahora lleva en el cargo más de dos años y nueve meses y se prevé que lo ocupe hasta 2022.
El informe del GIEI observó la labor de dos delegados defensoriales departamentales en los conflictos de 2019, entre ellos el de Nelson Cox, actual viceministro de Régimen Interior.
En lo que va de su gestión se cuestionó los excesos cometidos por la Policía en diferentes conflictos, entidad que está bajo su responsabilidad.
En el inciso c) del punto 19 sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019-2020 se instó ha adoptar las medidas necesarias para regular la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) conforme a criterios estrictamente profesionales. Indica que con ello el Estado debe garantizar su subordinación a las autoridades civiles.
“El comité recomienda al Estado parte establecer protocolos eficaces que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales”, señala parte del documento.
En el informe se expresó preocupación por el conocimiento de casos de tortura y malos tratos en las FFAA, así como la falta de transparencia en la investigación de las denuncias. Se observó que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas no ha sido adecuada a la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Se advirtió que el Comité contra la Tortura de la ONU tomó conocimiento sobre represalias hacia personas que promueven esta reforma en las FFAA.
