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La norma da tareas para la UIF en extenso anexo




20/10/2021 - 07:59:34

EL Deber.- Con siete artículos, la cuestionada Ley 1386 de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo incluye un extenso anexo de 53 páginas que proyecta ajustes normativos que permitirán “ampliar las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar las pesquisas, no solamente motivadas por la existencia de un Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) o por pedido de autoridad competente”.

Según el documento al que tuvo acceso EL DEBER, la estrategia es la base de otras leyes, como una “que faculte a la UIF de iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de que exista un pedido de la autoridad competente”.

En cuanto a las previsiones de alcance constitucional, la estrategia prevé “fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público y de la Policía Boliviana”, a partir de ajustes en el Código de Procedimiento Penal que permitan la incorporación de “agentes encubiertos”, la ampliación del tiempo de arresto o aprehensión (actualmente son 24 horas en celdas policiales) en las investigaciones relacionados con el blanqueo de ilícitos. “Se debe realizar una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al uso de técnicas de escucha de llamadas” en estos casos, se lee en los anexos de la Estrategia.

En un informe presentado al Legislativo, la UIF aseguró que “bajo ninguna forma, esta ley constituye un instrumento de persecución política”, pues es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos de actos delictivos.

El anexo de le 1386 apunta al sector informal por la ausencia de medidas de control suficientes que puede facilitar el ingreso y la circulación de dinero mal habido en el país. “Es necesario tener en cuenta que el mayor control del sistema formal a través de la implementación de políticas públicas contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo (LGI/FT), sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, señala el punto 9 del anexo, denominado “Problemática de la Informalidad y Estrategia de Inclusión Financiera”.

Decretos

Braulio Arguedas, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), expresó su preocupación sobre la posibilidad que el Gobierno use esta norma para promover decretos y leyes. Lamentó la falta de socialización de esta normativa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la norma no da facultades para que se redacten decretos. Eso sí, señaló que existe un artículo complementario que confiere 60 días para que la Aduana Nacional diseñe un reglamento para el control de remesas.

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