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Empresas despiden por fuerza mayor sin cumplir los requisitos




03/07/2020 - 08:31:13

Página Siete.- Al menos una docena de empresas en todo el país han despedido a sus empleados bajo la figura de “fuerza mayor” para evitar pagar los desahucios y otras obligaciones sociales; sin embargo, según la sentencia constitucional en la cual se apoyan, las compañías deben acreditar, mediante sus estados financieros auditados, pérdidas por más de una gestión.

“Puede darse una ruptura del vínculo laboral por causas objetivas o bien causas de fuerza mayor, como aquella que puede darse cuando la situación económica de una empresa demuestra pérdidas o déficit financiero en más de una gestión, comprobada por los propios balances de la empresa que eventualmente podría concluir en una quiebra económica, lo que implicaría dejar sin fuente laboral a todo el personal de la empresa”, señala la Sentencia Constitucional 1088/2015-S1.

Asimismo, la sentencia señala que, en ningún caso, la extinción del contrato de trabajo exime al empleador del pago de las obligaciones sociales con sus empleados hasta el rompimiento de la relación laboral.
 
El asesor legal de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia Marcelo Inchausti  indicó que al menos una docena de empresas tratan de justificar los despidos que han realizado argumentando fuerza mayor, pero  no han  podido demostrar que han tenido pérdidas por más de una gestión.

“Las empresas justifican los despidos con la sentencia constitucional, argumentando que la pandemia y la cuarentena los dejaron sin ingresos ni mercados y tuvieron que cerrar la empresa. Pero esto no es evidente y se basa sólo en información de medios del extranjero que señalan el cierre de fronteras”.

El periódico La Razón, por ejemplo, ha invocado la fuerza mayor para evitar pagar el desahucio de los 93 trabajadores que despidió este miércoles, usando como argumento  un artículo del Código Civil en el cual se habla de la imposibilidad de pago por razones ajenas al deudor.

“Están tratando de deshacerse de la obligación de pagar sus obligaciones sociales y el desahucio (tres meses de sueldo) al escudarse en la figura de fuerza mayor, pero está claro que los despidos han sido ilegales”.

Otro caso es el de la empresa Tecnopor, la cual despidió a 52 de sus 72 trabajadores en días pasados indicando que sus ventas habían caído en 75%;  sin embargo, los empleados desvinculados indicaron que la actividad de la empresa no se vio afectada en la magnitud que la gerencia indica durante la pandemia

El abogado laboralista Richard Vilca, por su parte, señaló que la sentencia constitucional exige que se cumplan seis condiciones para poder reconocerse la fuerza mayor, estas son, 1) ser imprevisible, 2) ser inevitable, 3) ser ajeno al empleador, 4) que sea un hecho real y vigente, 5) que sea sobreviniente y 6) que se configure como un hecho absoluto de incumplimiento.

Vilca dijo que, si bien las leyes laborales y los decretos de inamovilidad laboral existentes protegen al trabajador en caso de un despido injustificado, si las empresas prueban cada una de las seis exigencias de fuerza mayor, las cuales le impiden tener ingresos, entonces eso es una causa. “Por lo que los decretos no podrían proteger a los trabajadores en este caso”.

Normas son  postura política

De acuerdo con el especialista en temas laborales Rodolfo Eróstegui, las actuales normas y disposiciones emitidas por el Gobierno son posturas políticas que no se ajustan a la realidad de los trabajadores y deberían acomodarse a la nueva situación que trajo consigo la pandemia.

“El hecho de que en esta coyuntura se creen nuevas normas que impiden el despido, es más una postura política que no se ajusta a la realidad de las empresas. Quizá hubiera sido más adecuado emitir una norma que obligue a las empresas a recontratar a los despedidos cuando esta comience nuevamente a operar.  Se puede discutir si los recontratados conservan o no su antigüedad”, indicó el especialista  Eróstegui.

 Exigen a La Razón reponer empleados

El Ministerio de Trabajo anunció ayer que exigirá a la gerencia del matutino paceño La Razón la reincorporación de los 96 trabajadores que desvinculó sin desahucios el miércoles a través de una convocatoria vía virtual (Zoom), en cumplimiento de las normas que protegen durante la cuarentena vigente y leyes protectivas a los trabajadores.

“Está vigente la estabilidad laboral. No pueden aprovecharse los empresarios desvinculando a los trabajadores, aprovechando la pandemia; hay normas que protegen a los trabajadores, y por tanto el Ministerio de Trabajo  va a hacer cumplir las normas establecidas en defensa de las fuentes laborales de los trabajadores y emitiendo una resolución de reincorporación”, sostuvo el viceministro de Trabajo Vitaliano Mamani, en declaración a Radio Panamericana.

El Sindicato de Trabajadores de La Razón, a través de un comunicado, rechazó la “masacre blanca que la directora Claudia Benavente y sus allegados ejecutan en un momento de crisis, aprovechándose de una retorcida interpretación de la normativa legal aprobada por el Gobierno actual para enfrentar la pandemia del coronavirus”.

El documento denuncia que la mala gestión viene de hace al menos cuatro años y rechaza que la caída abrupta haya sido causada por la cuarentena.

La Razón y El Extra, en un comunicado, señalan: “...debido a la insostenible situación financiera, nos vemos obligados a acogernos a la figura legal de ‘fuerza mayor’, reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de precautelar el bien mayor”.

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