La Razón despidió a 93 trabajadores vía Zoom, amenaza con no pagar desahucios; los trabajadores alistan defensa
02/07/2020 - 08:19:21
Brújula Digital.- Dos gerentes de La Razón se reunieron este miércoles mediante la plataforma online Zoom con decenas de sus trabajadores y anunciaron el despido de 93 de ellos, a los que dijeron que no les pagarán los desahucios previstos por ley, denunció el sindicato de la empresa.
La medida demuestra la crisis económica por la que atraviesa ese diario, tras años de haber recibido ingentes cantidades de recursos mediante propaganda estatal durante el gobierno de Evo Morales. El propietario de la empresa, el empresario venezolano Carlos Gill, entregó el manejo editorial al gobierno del MAS, según diversos testimonios, y ello explica su tendencia favorable del diario a la anterior administración.
Este miércoles, la empresa les comunicó a los trabajadores que sus contratos no podían ya ser considerados laborales sino civiles y adujeron estar protegidos por fallos del Tribunal Constitucional para echar a los empleados sin necesidad de pago de desahucio. La empresa ha llamado a la acción como una “desvinculación”, no despido. El sindicato de trabajadores anunció que iniciará una batalla legal contra esta medida.
En la tarde del miércoles, Karen Reccas, gerente de Operaciones, y Danny Fernández, gerente de Control y Gestión iniciaron la reunión y explicaron la situación económica por la que atraviesa el país, según un audio de la misma a la que tuvo acceso Brújula Digital. Más adelante en la reunión se anunció la “desvinculación” de los trabajadores, de todas las secciones de la empresa.
El periódico seguirá trabajando con un personal mínimo, dijo una fuente de la empresa. Otras decenas de funcionarios aceptaron renunciar en los últimos meses, ante el retraso en el pago de sueldos y un maltrato laboral general.
Después de la cita vía Zoom, los trabajadores recibieron por correo electrónico o WhatsApp cartas individualizadas de “desvinculación”, que contenían más o menos el mismo tenor de la reunión.
En la cita, Reccas y Fernández recordaron que el país está viviendo una situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Explicaron que una vez que se inició la cuarentena total, la venta de publicidad se paralizó casi totalmente.
Tanto en la conversación online como en la carta enviada luego, ambos gerentes señalaron que la ley permite un “Incumplimiento Inimputable” al despedir empleados. De todos modos, negaron que la empresa vaya a cerrar.
“Cuando una situación asume simultáneamente las características de inevitabilidad, imprevisibilidad e incontrolabilidad da lugar a la permisividad de Incumplimiento Inimputable (“no-imputable”) del contrato (art 339 del Código Civil). En nuestro caso se refiere al contrato de trabajo. Nos vemos forzados, pero de manera legal por situaciones externas, a incumplir, entre otros, la duración indefinida de los contratos laborales”, dice la misiva entregada y obtenida por Brújula Digital.
La carta añade que “específicamente ha ocurrido un evento de ‘fuerza mayor': la abrupta caída durante la cuarentena total, por pandemia global, de ingresos de la empresa que derivó en la necesidad de encaminar una restructuración institucional a todo nivel, fruto de un estudio económico cuyas conclusiones son muy sombrías a menos que se tomen decisiones drásticas para evitar una quiebra. La parte segunda del Libro Tercero del Código Civil ('De las Fuentes de las Obligaciones') tiene como primer y principal componente a los contratos (como base normativa de todos los contratos en la economía jurídica en el país, comenzando en el art. 450), de donde también derivan los contratos de trabajo de la legislación laboral. Aquella legislación también prevé toda una batería de normas sobre el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo el incumplimiento inimputable y las imposibilidades inimputables, cimiento de esta comunicación”.
Por ello, dice la carta y señalaron los dos gerentes a sus exempleados, “el efecto de fuerza mayor en materia laboral involucra la no-necesidad de pago de desahucio debido a que NO se trata de una rescisión sin causa, forzosa o un despido intempestivo, sino en una resolución inimputable de contrato laboral por fuerza mayor, motivo del presente AVISO”.
Para tomar esa decisión la empresa se acogió a las sentencias constitucionales 1188-L/2013 y 1088-2015-S1, emitidas por el Tribunal Constitucional, que tienen que ver con despidos y la casuística especial aplicable a cada caso, sus hechos y connotaciones particulares.
La situación es de “fuerza mayor”, argumenta la empresa, debido a la pandemia global.
Una vez anunciado que 93 empleados serían echados, los dos gerentes dieron por terminada la reunión y se desconectaron, sin permitir preguntas ni observaciones de los afectados.
De inmediato, la jefa del sindicato de la empresa, Guadalupe Tapia, inició reuniones con otros delegados para establecer una defensa legal sobre esta situación. Algunos miembros del sindicato lamentaron que, pese a que la empresa está ligada al gobierno del MAS, la actual gestión del Ministerio de Trabajo no ha apoyado las iniciativas de los trabajadores.
Desde enero que los trabajadores de ese diario vienen exigiendo el pago de sus salarios. En mayo, la directora del periódico, Claudia Benavente, tuvo una reunión, también online, con los empleados y les ofreció que renuncien voluntaria, pero que acepten sólo el 20% de los beneficios sociales y el resto pagadero en cuotas a dos años.
Existe temor entre los trabajadores sobre si la empresa realmente podrá pagar los adeudos, considerando que Gill reside en el exterior y ha decidido no volver al país ante la eventualidad de una acusación legal. No se conoce bien cuáles son las garantías hipotecarias o de otro tipo que le permitirían a la empresa, que está virtualmente quebrada, pagar sus deudas sociales.
Según un reciente informe del antiguo Ministerio de Comunicación, La Razón recibió de contratos publicitarios sólo de esa cartera de Estado un promedio de 600.000 dólares por año. Se cree que una suma similar fue obtenida por el periódico de la publicidad de empresas estatales como ENTEL, YPFB, ABC, etc.
Pese a haber tenido alrededor de 1,2 millones de dólares de publicidad estatal anualmente (el triple del diario El Deber, por ejemplo), la compañía está al borde la quiebra. Otras estimaciones señalan que La Razón recibió unos dos millones de dólares de propaganda del régimen del MAS.
