Deuda del Estado con constructoras pasa de Bs 1.200 millones desde el año pasado

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Opinión.- El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción, Antonio Siles, calificó de insostenible la situación de los constructores de Cochabamba y del país. “Va a llegar un momento en el que el empresariado dirá: el que cierra al último apaga la luz”, graficó la difícil situación y la posibilidad de quiebra de las empresas. Explicó el Gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), el Fondo Indígena deben una suma que incluso sobrepasa los 1.200 millones de bolivianos, de los que en Cochabamba la cifra fácilmente alcanza los 500 millones. El representante de los constructores indicó que la deuda se arrastra, en la mayoría de los casos, desde septiembre de 2019, pero que hay moras es de más de un año. Identificó a la Unidad de Proyectos Especiales, UPRE, del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” dependiente del Ministerio de la Presidencia como uno de los mayores deudores que las empresas que ejecutan obras. El programa se creó en 2007 y ejecutó más de 2 mil proyectos. Uno de los últimos proyectos que tienen deudas y cuyos trabajadores expresaron descontento y protesta, es el tren metropolitano. En Cochabamba, la cámara tiene 140 empresas afiliadas, pero hay otras empresas que trabajan con las instituciones públicas que no están asociadas. “No podía decir que al 100% de las empresas se adeuda, pero con seguridad a una gran mayoría”. Siles señaló que los efectos de la cuarentena serán dramáticos para el sector de la construcción. “Ha llegado instrucción del Gobierno de la cuarentena. Sabemos que en esta emergencia sanitaria por el coronavirus es necesaria. Pero nuestro sector incluso a más allá de estar produciendo tenemos hasta problemas por permisos de circulación. Nuestras obras están en carreteras o en lugares alejados donde tenemos equipamiento pesado y valioso. Tenemos que dejar a personal al cuidado de la maquinaria, pero no podemos dejarlos sin movilizarse”. Siles recordó que las empresas trabajan con créditos bancarios y tienen muchas otras obligaciones. La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), en enero pasado, había solicitado mediante notas y de manera verbal a los ministros de Economía, Obras Públicas y de la Presidencia, la cancelación oportuna de las planillas en los proyectos de ejecución para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, impositivas y sociales. En febrero pasado, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, admitió que existen deudas con las constructoras. Señaló que el anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), dejó una mora de 703 millones de bolivianos con 291 empresas constructoras, a octubre de 2019. Según reflejó la Agencia Boliviana de Informaciones, ese monto fue en ascenso el último año, cada que pasaban los meses. “La deuda de enero de 2019 era 2 millones de bolivianos, pero la de julio de esa misma gestión subió a 53 millones de bolivianos”. Mencionó que las empresas estaban en su derecho de protestar por el compromiso incumplido. En la misma conferencia, la presidenta de la ABC, Ruth Ramírez, dijo que se hizo un esfuerzo, en coordinación con el Ministerio de Economía, para comenzar a pagar esa deuda con las constructoras, desde el pasado 20 de enero y hasta febrero se erogaron 79 millones de bolivianos. Ayer, este diario intentó conversar con el ministro Arias sobre el compromiso asumido con el sector constructor; sin embargo se disculpó debido a un viaje que realizaba de emergencia a la población de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, donde hay un brote y casos positivos de coronavirus. Siles dijo que con el anterior Gobierno del MAS eran limitadas las posibilidades de reclamar. “Sabíamos que nos llegaba represalias de inmediato. Teníamos esperanza de que el actual Gobierno agilice y cumpla con nosotros, pero no estamos teniendo respuestas”, concluyó.