Michelle Bachelet actualizó su informe sobre los derechos humanos en Venezuela y pidió la libertad del diputado Juan Requesens
18/12/2019 - 09:07:04
Infobae.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, present� este mi�rcoles una actualizaci�n de su informe sobre la situaci�n de los derechos humanos en Venezuela. Pidi� la libertad del diputado Juan Requesens, inform� que su oficina logr� visitar a m�s de 70 personas encarceladas por el r�gimen de Nicol�s Maduro y estableci� nueve �reas de cooperaci�n t�cnica con instituciones del gobierno. Tambi�n afirm� que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las FAES.
La ex presidenta de Chile especific� que �tras su �ltima actualizaci�n oral el 20 de septiembre", firm� una "Carta de Entendimiento junto con el Canciller del Gobierno de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela que establece los t�rminos de cooperaci�n por un periodo renovable de un a�o. Esta carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concedi�ndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detenci�n�, comienza su actualizaci�n Bachelet.
Y agrega: �Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve �reas de cooperaci�n t�cnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboraci�n con el sistema de las Naciones Unidas en el pa�s. Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoci�n de los derechos humanos�.
La Alta Comisionada enfatiz� en que su oficina y las autoridades venezolanas �han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperaci�n t�cnica. Para su implementaci�n, se estableci� un Comit� de Coordinaci�n inter-institucional que se re�ne dos veces al mes, con gente de mi oficina. En este contexto, mi oficina organiz� dos talleres de capacitaci�n para funcionarios/as del Estado que guiar�n, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creaci�n de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopci�n de una metodolog�a participativa e inclusiva para la formulaci�n del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos�.
�Tambi�n hemos recabado informaci�n de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, as� como de la Defensor�a del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia t�cnica en materia de prevenci�n de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situaci�n relativa a los centros de detenci�n preventiva. Mi oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017�, enfatiza Bachelet.
Luego sostuvo que tom� nota �de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusi�n negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al pa�s en 2020� e inst� a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, �con base a los compromisos acordados�.
�En los �ltimos tres meses mi oficina ha realizado nueve visitas a centros de detenci�n gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logr� entrevistar de manera confidencial a m�s de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperaci�n de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detenci�n de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo�, se�al�.
Tambi�n dijo que su oficina �ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecuci�n de boletas judiciales de excarcelaci�n, y/o falta de excarcelaci�n por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideraci�n del Comit� de Coordinaci�n inter-institucional. Destaco la excarcelaci�n en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos pol�ticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos pol�ticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se contin�e dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detenci�n arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens�.
Por �ltimo, record� que este mes se inici� el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, �por el cual est�n siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permiti� el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad�.
La situaci�n econ�mica y social sigue afectando los derechos econ�micos y sociales. Seg�n la CEPAL, en 2019 la econom�a sufrir� una contracci�n del 25.5%, alcanzando una p�rdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013. A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejor�a en el abastecimiento de alimentos, tan s�lo una minor�a de la poblaci�n con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflaci�n y la dolarizaci�n de facto de la econom�a.
A pesar que en octubre el Gobierno decret� un incremento del 375% del salario m�nimo, �ste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta b�sica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El salario m�nimo s�lo cubre actualmente el 3.5% de la canasta b�sica alimentaria.
Mi Oficina recibi� informaci�n que se�ala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones econ�micas sigue impactando negativamente en la econom�a y a los servicios p�blicos a todos los niveles. Se requiere mayor informaci�n oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementaci�n de los programas sociales.
Contin�an las fallas de los servicios p�blicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realiz� una visita a Maracaibo en la que constat� las largu�simas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que adem�s afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educaci�n tambi�n han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del pa�s.
La situaci�n de riesgo de ni�as, ni�os y adolescentes es preocupante. Una muestra de ello es el Hospital Pedi�trico J.M. de los R�os, donde el �ltimo mes se recibi� informaci�n de la muerte de tres ni�as del servicio de hematolog�a y un ni�o del servicio de oncolog�a. De los 39 ni�os y ni�as con necesidad de un trasplante de m�dula �sea, 15 se encuentran en una situaci�n cr�tica.
Durante el mes de noviembre, Caritas inform� que, en las parroquias m�s pobres de 19 estados del pa�s, 11.9% de los ni�os y ni�as muestran se�ales de malnutrici�n aguda - un alza de 56% en contraste con el 2018 - y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento. Caritas tambi�n inform� que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.
Seg�n el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han realizado 16,439 protestas en lo que va del a�o. En los �ltimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las cuales la mayor�a han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias b�sicas, argumentando las malas condiciones laborales y la falta de insumos y equipamientos b�sicos en centros educativos y hospitalarios.
El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones nacionales por la oposici�n, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las protestas convocadas por la oposici�n y los estudiantes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se concentraran. Se registraron m�s de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.
Ante la ausencia de cifras oficiales p�blicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia estim� una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminuci�n respecto al 2018, constituye una de las tasas m�s altas de la regi�n.
Reitero mi preocupaci�n por los niveles de violencia que en los �ltimos meses tambi�n ha impactado en l�deres pol�ticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo �Pipo� Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Y��ez Rangel.
Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de j�venes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales.
Recientemente el Fiscal General anunci� que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Seg�n informaci�n compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relaci�n con 68 v�ctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Polic�a Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES.
Agradezco la informaci�n aportada por el Ministerio P�blico, la cual est� siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el n�mero total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio P�blico en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio P�blico en esta materia.
Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bol�var, involucrados en la explotaci�n ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabar�, ubicada en el territorio ind�gena Pem�n, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un ind�gena Pem�n y un adolescente. El Ministerio P�blico anunci� la detenci�n de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes ser�an miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la miner�a ilegal.
Mi Oficina ha recibido informaci�n de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habr�an huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigaci�n realizados por el Ministerio P�blico y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona.
Sr. Presidente
La Plataforma de Coordinaci�n de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el pa�s y proyecta que el n�mero llegue a los 6.5 millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migraci�n irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos pa�ses de tr�nsito y destino, pero tambi�n, por las dificultades que las personas venezolanas est�n enfrentando en obtener su documentaci�n de viaje.
Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios m�nimos. Ha crecido la utilizaci�n de rutas m�s peligrosas y la exposici�n al tr�fico y trata de personas. Mi Oficina recibi� informaci�n de que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirig�an a las islas del Caribe en tres embarcaciones habr�an desaparecido por razones a�n no esclarecidas. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres ni�os y 46 hombres.
Excelencias,
Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de restricci�n de libertades p�blicas, limitando el espacio c�vico-democr�tico.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposici�n del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidaci�n en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Direcci�n General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicaci�n en l�nea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo m�s de diez d�as incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.
La DGCIM tambi�n detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicaci�n.
Las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisi�n exhaustiva de la documentaci�n por las autoridades.
2020 ser� un a�o electoral. Es crucial garantizar las libertades p�blicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, cre�bles, transparentes y pac�ficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposici�n, elevando el total a 30 diputados de la oposici�n despojados de inmunidad, as� como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposici�n, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.
Tambi�n me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, as� como la presentaci�n, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Reitero mi llamad a las y los actores pol�ticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una soluci�n a la crisis pol�tica y econ�mica y devolver la esperanza a la poblaci�n. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situaci�n de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia m�s amplia y consolidada en el pa�s que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.
