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Sistema de pensiones en jaque en la región por las bajas rentas




03/11/2019 - 09:07:00
Página Siete.- La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones tiene contra las cuerdas a los gobiernos en Latinoamérica por el descontento social que generan las reformas, que son inevitables ante la aceleración del envejecimiento y las tasas de informalidad que hacen insostenible el financiamiento de los sistemas actuales.

La preocupación central en el tema de las pensiones es que la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas.

Así que, mientras ahora hay cerca de 50 millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se calculan unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación entre los principales gastos del sector público. “El problema es que ningún sistema está pensando en ese envejecimiento acelerado. Se necesitan reformas y se están intentando ajustes, pero no se están haciendo lo suficientemente rápido”, advierte a EFE Mariano Bosch, especialista principal de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A puertas del llamado “invierno demográfico” y con un estancamiento económico, las manifestaciones a favor y en contra de las reformas de los sistemas de pensiones se han extendido por la región e incluso en Nicaragua este tema fue el detonante de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.

La cuestionada reforma, que aumentó la cuota patronal y de los empleados nicaragüenses y redujo hasta un 30 % los montos de las nuevas pensiones, fue relanzada a comienzos de este año pese a la crisis.

En el caso de Chile la población critica que las administradoras de fondos de pensiones invierten en los mercados y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan montos dignos a los jubilados. Muchos reciben el 35% de su referente salarial en lugar del 70%. La misma oposición se vivió ante el “proyecto estrella” del presidente Jair Bolsonaro para reflotar la economía de Brasil. La iniciativa, que acaba de ser aprobada impuso una edad mínima de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150 mil bolívares o 6,9 dólares.

En Argentina, los jubilados están entre los más golpeados por la crisis, con una pensión mínima en octubre de 13.437 pesos argentinos (unos 218 dólares), mientras su canasta básica se cifra en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).

A esto se añade el descenso de las tasas de cobertura en Paraguay, pese a su importante bono demográfico, o en México (solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe una jubilación contributiva), hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vinculado con la privatización de las pensiones.

Se estima, además, que 80.000 mexicanos alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero siete de cada 10 no acumularán las 1.250 semanas de cotización necesarias. Una preocupación que se comparte en República Dominicana, donde se requiere una edad mínima de 60 años y haber cotizado prácticamente 30 años.

Bajo esas condiciones, la OIT calcula que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no logra recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral.

Para Bosch, es urgente un ajuste en ese sentido, dado que muchos trabajadores no logran cumplir el tiempo de cotización porque se quedan desempleados en algún momento o deben refugiarse en el trabajo informal, que realizan unos 140 millones de personas en la región. Gran parte de América Latina implementa un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados, otros adoptaron un esquema de capitalización individual administrado por el sector privado o uno mixto.

Reformas en Colombia, Perú, Uruguay

En Colombia se analiza una reforma, criticada por supuestamente plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores.

Perú, con un modelo similar al colombiano, pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo; mientras en el público, el 60 % no recibirá pensión por no haber acumulado 20 años de aportes.

Mientras en Uruguay, donde funciona un sistema mixto (Estado y privado), el representante de Pasivos del estatal Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, señala que es necesaria una reforma, pero dice que aumentar la edad de jubilación no tendrá un impacto real.

En Bolivia la pensión ronda el 30% del salario

En muchos casos en Bolivia los jubilados llegan a percibir alrededor del 30% de su referente salarial cuando se jubilan, pese a que la norma estipula 60%. La pensión solidaria, sin embargo, mejora ese promedio, pero no alcanza a las personas que ganan encima de Bs 6.000.

El analista en pensiones Alberto Bonadona explicó que con el fondo solidario, una persona que ganaba 5.000 bolivianos, dependiendo del caso, puede llegar a jubilarse con una renta de 2.500 a 3.500 bolivianos.

El problema es para quienes ganan más de 7.000 bolivianos. Si una persona por ejemplo percibe 12.000 bolivianos, su pensión será de 3.000 a 3.500 bolivianos, lo cual obliga a muchos que ya cumplieron 60 años a seguir trabajando.

Página Siete en 2017 recabó testimonios de varios profesionales que aportaron 30 o más años para su jubilación y que en su última etapa laboral percibían sueldos por encima de 15.000 bolivianos. Sin embargo sus rentas apenas oscilaban entre 3.300 a 5.200 bolivianos.

Bonadona señala que un problema que influye en las bajas rentas es la rentabilidad de las inversiones de las AFP que hoy están en 3% por el descenso de las tasas de interés en el mercado financiero. Si pudieran realizar inversiones con una mayor tasa de retorno podrían mejorar la pensión de jubilados, pero tienen limitaciones.

También influye la informalidad, la inestabilidad laboral, porque no hay generación de empleo formal.

El experto observó también que el costo de los jubilados del sistema de reparto y la compensación de cotizaciones aún representa un costo elevado para el Estado y que si bajan los ingresos la carga fiscal será más elevada.

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