Correo del Sur.- El Ministerio P�blico imputar� a una secretaria del Tribunal Supremo de Justicia, a la esposa y al abogado de Pedro Montenegro por la supuesta alteraci�n del auto supremo 075/2015 que permiti� frenar la detenci�n preventiva con fines de extradici�n del acusado de narcotr�fico, quien en las �ltimas horas plante� una acci�n de libertad en Santa Cruz alegando que Brasil no habr�a formalizado el pedido de su extradici�n dentro del plazo que establece la ley.

En mayo de este a�o y tras revelaciones period�sticas, el presidente del TSJ, Jos� Antonio Revilla, confirm� que el auto supremo 075/2015 hab�a sido alterado con la supuesta supresi�n de una frase del documento, lo que dio lugar a la acci�n de libertad que favoreci� a Montenegro, quien as� logr� frenar por casi cuatro a�os su detenci�n que reci�n se ejecut� en mayo de este a�o.

La jueza 2� Anticorrupci�n de la capital, Odalys Serrano, emiti� una conminatoria a la Fiscal�a para que se pronuncie con una resoluci�n sobre la investigaci�n de este caso, y este jueves, dentro del plazo legal, esta presentar� la imputaci�n en contra de las personas investigadas, inform� el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales.

Se trata del abogado de Montenegro, Rub�n Salazar Guti�rrez; la esposa del acusado, Mar�a Jennifer Rodr�guez, y la secretaria de Sala Plena del TSJ, Sandra Mendivil, por presunto uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes. Dentro de este caso el primer imputado fue el exjuez de Cotoca Federico Jim�nez, que otorg� la acci�n de libertad en 2015. Jim�nez guarda detenci�n domiciliaria en Montero, despu�s de un mes en la c�rcel San Roque de Sucre.

La resoluci�n fiscal corresponde a la denuncia de supuesta falsedad y suplantaci�n de un auto supremo cuyo contenido del documento original en f�sico no coincid�a con el que fue publicado en la versi�n digital.

Extradici�n: Montenegro pide libertad

En Santa Cruz, Montenegro present� una nueva acci�n de libertad, alegando que luego de 90 d�as de su detenci�n con fines de extradici�n, Brasil no formaliz� su solicitud de extradici�n, cuando el plazo solamente es de 60 d�as, seg�n el tratado que rige para Bolivia y Brasil, por lo que corresponder�a su liberaci�n por caducidad de este plazo.