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Caso Montenegro: Secretaria del TSJ, abogado y esposa de Montenegro serán imputados




12/09/2019 - 07:24:53

Correo del Sur.- El Ministerio Público imputará a una secretaria del Tribunal Supremo de Justicia, a la esposa y al abogado de Pedro Montenegro por la supuesta alteración del auto supremo 075/2015 que permitió frenar la detención preventiva con fines de extradición del acusado de narcotráfico, quien en las últimas horas planteó una acción de libertad en Santa Cruz alegando que Brasil no habría formalizado el pedido de su extradición dentro del plazo que establece la ley.

En mayo de este año y tras revelaciones periodísticas, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, confirmó que el auto supremo 075/2015 había sido alterado con la supuesta supresión de una frase del documento, lo que dio lugar a la acción de libertad que favoreció a Montenegro, quien así logró frenar por casi cuatro años su detención que recién se ejecutó en mayo de este año.

La jueza 2º Anticorrupción de la capital, Odalys Serrano, emitió una conminatoria a la Fiscalía para que se pronuncie con una resolución sobre la investigación de este caso, y este jueves, dentro del plazo legal, esta presentará la imputación en contra de las personas investigadas, informó el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales.

Se trata del abogado de Montenegro, Rubén Salazar Gutiérrez; la esposa del acusado, María Jennifer Rodríguez, y la secretaria de Sala Plena del TSJ, Sandra Mendivil, por presunto uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes. Dentro de este caso el primer imputado fue el exjuez de Cotoca Federico Jiménez, que otorgó la acción de libertad en 2015. Jiménez guarda detención domiciliaria en Montero, después de un mes en la cárcel San Roque de Sucre.

La resolución fiscal corresponde a la denuncia de supuesta falsedad y suplantación de un auto supremo cuyo contenido del documento original en físico no coincidía con el que fue publicado en la versión digital.

Extradición: Montenegro pide libertad

En Santa Cruz, Montenegro presentó una nueva acción de libertad, alegando que luego de 90 días de su detención con fines de extradición, Brasil no formalizó su solicitud de extradición, cuando el plazo solamente es de 60 días, según el tratado que rige para Bolivia y Brasil, por lo que correspondería su liberación por caducidad de este plazo.

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