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Jhasmani redactaba resoluciones judiciales y los jueces sólo firmaban




19/01/2019 - 06:45:03
Los Tiempos.- Siete personas ligadas al consorcio de jueces, fiscales y policías de Jhasmani T. L. fueron aprehendidas por la Policía y el Ministerio Público a pocas horas de que éste fuera transferido a la cárcel de Chonchocoro desde El Abra.

Se trata de la vocal de la Sala Penal Segunda, María Anawella T. P., y su esposo Cliver Yuri T. Q.; el teniente Carlos Armando P. R. del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), el subteniente Hugo M. D. (Iitcup), el sargento Adolfo S. B. de Laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo y el sargento José Armando T. T. de Laboratorio de la Felcc de Cercado.

Además, fueron detenidos el fiscal de materia Óscar Mauricio O. G. y, un día antes, su hijo de profesión abogado, Mauricio O. También existe una orden de captura contra el vocal de la Sala Penal César Nelson P. A.

La fiscal que lleva adelante el caso y que fue amenazada de muerte por ello, Faridy Arnez, explicó los nexos de Jhasmani T. usando de ejemplo sólo dos casos de los muchos en los que habría influido el bufete de abogados Lecrere y Asociados.

Mencionó el caso de las hermanas Adriázola, cuya sentencia de 30 años a los dos implicados fue anulada sólo por un error de transcripción. Resulta que Jhasmani fue abogado de uno de los sentenciados, y los vocales que conocieron el caso en la etapa de apelación fueron Anawella T.P. y César Nelson P. A., quienes se encargaron de anular la sentencia.

Producto de un allanamiento, se secuestraron varias memorias flash y CPU. “Ahí se encontraron proyectos de la resolución de autos de vista del caso Adriázola, donde está todo el proyecto de resolución que data del mes de enero de 2018, que fue entregada a los vocales, con la que se deja sin efecto la sentencia”, dijo la fiscal Arnez.

Hay “jueces que respondían (a Jhasmani) y sus resoluciones se hacían en el bufete de este abogado con plata de por medio. (Por tanto) estamos hablando de un ‘gran consorcio’ de jueces, fiscales, policías y abogados”, complementó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.

Jhasmani y su grupo de colaboradores no sólo se dedicaban a intimidar y torturar a litigantes y otras personas para hacer cobros de deudas, sino que negociaban fallos judiciales a cambio de montos elevados de dinero y, para tener éxito en sus actos delincuenciales, conformaron una “gran” organización criminal.

Jiménez dijo que este consorcio también estuvo involucrado en el caso de un teniente de la Policía que fue encarcelado por el delito de feminicidio y posteriormente salió de la cárcel con medidas sustitutivas. Se presume que Jhasmani negoció la medida con la misma vocal Anawella.

Traslado del abogado

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, agregó que el traslado de Jhasmani del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, se debió a que seguía operando desde la prisión para amenazar a operadores de justicia.

Hay “unos audios dirigidos contra la fiscal que investiga (al abogado) y se la amenaza de muerte indicando que se aparte de este proceso. Estos audios han sido producidos justamente desde el penal de El Abra, incluso policías han sido amenazados”, apuntó Quiroga.

Por otro lado, un informe de Inteligencia reveló que el abogado torturador pretendía darse a la fuga, mientras el Ministerio Público dispuso la conformación de una comisión de fiscales superiores para que coadyuve en las investigaciones.

En tanto que el comandante general de la Policía, Rómulo Delgado, aseguró que los cuatro efectivos policiales que fueron detenidos serán sometidos a un proceso interno disciplinario y que, de acuerdo al grado de responsabilidad de los mismos, se los daría de baja.

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