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Moira Sandoval

El peligroso metarrelato del gobierno


2021-03-23 - 21:38:41
Bolivia vive hace décadas un proceso de guerra civil latente, en base a la acumulación de sucesos antagonistas en el largo período de gobierno de Evo Morales, y estas últimas semanas, luego del obstinado discurso acusatorio de un supuesto golpe de Estado que habría sufrido el ex mandatario, se instaló una polarización política por ostensibles actos de abuso de poder, en las detenciones realizadas sobre la ex presidenta Jeanine Añez, dos de sus ex ministros, jefes militares y activistas de la sociedad civil.

No es novedad que el gobierno a cargo del MAS, intente neutralizar a la oposición utilizando los aparatos represivos del Estado y los tentáculos del Ministerio Público. Por qué entonces se produjo tal irritación del estado de ánimo en la sociedad boliviana? Sucede que dichos apresamientos fueron realizados allanando domicilios y en la madrugada, lo cual además de violentar los DDHH de los detenidos, es ilegal e inconstitucional (salvo flagrancia en la comisión del delito); siendo entonces trasladados de manera expedita a la ciudad de La Paz y recibiendo en audiencia, 4 meses de detención preventiva.

Otro agravante de esta insólita situación, no ocurrida ni en las dictaduras que asolaron a Bolivia en los años 70 del siglo pasado, es que no hubo citación previa a los imputados (el Viceministerio de Justicia, César Siles, reconoció que no hubo notificación previa para tales aprehensiones)y, en las Ordenes de aprehensión no se advierte precisión en la tipicidad de cuáles delitos son acusados, agregando entre las inconsistencias procesales, que la ex mandataria debía ser procesada por la Asamblea Legislativa, si de dirimir su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones se tratase, mediante un Juicio de Responsabilidades.

Y si se tratara de esclarecer los hechos que motivaron la renuncia y posterior huida del expresidente Morales, hay abundante información en las hemerotecas y en la memoria colectiva reciente, sobre los hechos concretos e inocultables que protagonizó gran parte de la sociedad el año 2019. Ello nos remite inexcusablemente a un prologando paro cívico en los 9 departamentos, incluyendo cabildos masivos en las ciudades capitales, forma pacífica pero contundente de hacer sentir el rechazo a las ilegalidades e irregularidades develadas en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, recibiendo además de la brutal represión gubernamental, el saldo de dos muertos en Montero y Cochabamba, emboscadas con vejámenes y secuestros en Vila Vila, a un convoy de buses que transportaban estudiantes y mineros hacia La Paz.

Adicionalmente, el Informe de la OEA, realizado a petición formal del Estado Boliviano, concluía sobre severas irregularidades en dichos comicios. La tensión social no cesó con el anuncio de Evo Morales que anularía las elecciones –reconociendo implícitamente la existencia de fraude- y el pueblo movilizado se lanzó a las calles masivamente a pedir su renuncia. A dicho pedido se adhirió la COB en conferencia de prensa, asambleístas electos, diputados y senadores en ejercicio, y toda organización social representativa. Los militares al mando del Gral. Kalimán –militante del proceso de cambio dentro de las FFAA- y hombre de confianza de Evo Morales, le sugirieron que era aconsejable renuncie, en razón al gigantesco levantamiento popular sin precedentes en Bolivia.Es sintomático de politización del proceso, que -entre los múltiples errores procesales- el fiscal Jarandilla lanza una acusación delirante: en una reunión entre líderes políticos realizada en la Universidad Católica para definir un camino democrático que posibilite suplir el vacío de poder (a causa de las renuncias ocurridas el día previo: 10 de noviembre de 2019), la Senadora Añez habría obligado a que A. Salvatierra renuncie a la presidencia del Senado, siendo que ello ya había ocurrido 24 horas antes. Menciona asimismo, un complot conjunto con las FFAA que le sugirieron a Evo su renuncia, pero no menciona todos los sectores sociales que también plantearon tal petición, incluida la Central Obrera Boliviana.

Candidato ilegítimo y presidente que renuncia.

Es preciso recordar que el 2019, Evo Morales era un candidato ilegítimo e ilegal: la Sentencia Constitucional 084/2017 que lo habilitaba era nula de pleno derecho, porque el Tribunal Constitucional indebidamente interpretó el Pacto de San José, potestad exclusiva de la CIDH y porque confrontaba y modificaba de facto, artículos de la CPE, siendo que por mandato debía cumplir, proteger, defender y NUNCA dejar sin efecto mediante la mentada Resolución.

Asimismo, Morales y su gobierno desconocieron el Referéndum de 2016 que consultaba al pueblo sobre la posibilidad de modificar la CPE para postularse nuevamente contra los límites establecidos en la norma constitucional, intentando con un recurso de Acción Abstracta, cancelar los artículos que limitaban las reelecciones. Antecedentes que sumaban al flagrante fraude electoral, fueron esgrimidos por los manifestantes en el paro cívico.

Bajo la presión social de un país donde ningún ciudadano o militante salió en defensa del mandatario cuyo gobierno fue el más largo desde fundada la República de Bolivia, a pesar de la concentración de poder en la suma de los Órganos del Estado, cooptados y sometidos a su voluntad, el ex presidente sintió la fragilidad de su mandato por la pérdida de legitimidad ante la sociedad civil. Decidió entonces, junto a quienes por mandato constitucional debían reemplazarlo en el cargo, renunciar masivamente, sumiendo al país deliberadamente en un vacío de poder e incertidumbre.

No calcularon, empero, que es elemental que un Estado de Derecho tenga sus propios candados legales para no sumirse en la anarquía, la ingobernabilidad, el caos y la desprotección a sus ciudadanos, previsto en la doctrina constitucional.

Se aplicó la Constitución o hubo “Golpe”?

"La sucesión le tocaba a la bancada mayoritaria, ella violó el reglamento", aseveró el ex vicepresidente Alvaro García, en entrevista reciente, mientras que el ex presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, señaló que la presidencia del Ejecutivo debía recaer en Susana Rivero.Con tales opiniones desacertadas, contribuyen a crear mayor confusión, abonando a la teoría de Golpe de Estado, aunque sin asidero jurídico, como aclaro a continuación.

El reglamento asigna la Presidencia y la Primera Vicepresidencia al bloque mayoritario, la Segunda Vicepresidencia para el bloque en minoría, cuando hay acefalía o ausencia en esos cargos, reemplaza la Presidencia de la Cámara Alta con prioridad, y luego la Presidencia de la Cámara Baja, según el orden de prelación de cargos, retornando de manera vertical a Senadores.

La Senadora Añez era la Segunda Vicepresidenta en funciones, los otros vicepresidentes y presidentes, habían renunciado el 10 de noviembre, generando un peligroso y preocupante vacío de poder, los ciudadanos estaban siendo agredidos en sus hogares por grupos organizados de delincuentes que incendiaban y saqueaban. En consecuencia, con el artículo 39, combinado al artículo 41 del referido Reglamento, se activa la sucesión constitucional, toda vez que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente electo García Linera, ya había renunciado e incluso había fugado del país.

Complementariamente, para consolidar dicha figura jurídica, el Tribunal Constitucional emitió un Comunicado -basándose en la Declaración Constitucional 003/2001, parte del ordenamiento constitucional de Bolivia- aclarando que en tales circunstancias excepcionales, se actúa Ipso Facto, obviando formalidades esenciales en situaciones normales.

Por último, se consolidó la sucesión constitucional, aplicando el artículo 170 de la CPE, donde se establece que cesará el mandato del presidente en caso de ausencia o impedimento definitivo, situación que se consolida pues ya el día 11 de noviembre, el ex presidente, era recibido en calidad de asilado en el estado mexicano, confirmando que se había ausentado del cargo de manera definitiva. En otras palabras, dejó el cargo vacante, no obstante que dicho Organo del Estado consideró en sesión plenaria, donde participó y hasta votó a favor de dicha aceptación, la diputada Lidia Patty, ahora denunciante del “caso golpe de Estado”. Inexplicables incoherencias y contradicciones.

Entonces, hubo lugar a la sucesión constitucional, bajo la premisa de inminencia y urgencia, de necesidad de Estado, sustentada en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, y de los reglamentos que rigen la Asamblea Legislativa Plurinacional, toda vez que esta CPE no contempla al Órgano Judicial como la anterior CPE preveía.

Que pretende el oficialismo con su metarrelato de “Golpe?”
Si bien es incongruente jurídicamente insistir en la narrativa de Golpe de Estado, por las consideraciones legales ya expuestas, así como por los antecedentes y el contexto descrito del levantamiento popular, pacífico y persistente, sumado a la ausencia de fuerza pública por la negativa de la policía a reprimir a la población civil, es pertinente preguntarnos qué busca el oficialismo con la creación forzada de este meta-relato, el cual busca imponer mediante la difusión masiva en los medios y declaraciones oficiales, cuanto en la amplificación de dicho relato, mediante las persecuciones judiciales ahora iniciadas, en ausencia de elementos que le brinden asidero jurídico.

Es preciso hacer notar que la negativa al reconocimiento de la sucesión constitucional ocurrida en noviembre 10 de 2019, no sólo penaliza el apego a las premisas constitucionales y la solución pacífica de los conflictos basándose en preceptos constitucionales, sino de manera muy peligrosa, agrede directamente al principio de Seguridad Jurídica, base fundamental del Estado de Derecho, tal como establece la Sentencia Constitucional Prurinacional 0498/2018, sobre los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y Supremacía Constitucional. Por qué se atreven entonces? Ensayemos dos hipótesis.

No se puede forzar la voluntad popular, así quedó demostrado en las elecciones de gobernadores y Alcaldes, donde el gobierno perdió 8 de 9 municipios de capitales y perdió la mayoría de las gobernaciones, algunas podrían perderlas en segunda vuelta. Ello produjo gran malestar al interior del Movimiento al Socialismo, anunciándose una evaluación de las decisiones cupulares, en la designación de candidatos, porque los que impuso el jefe de partido Evo Morales, sufrieron ostensibles derrotas.

La primera hipótesis sugeriría una necesidad de cohesionar a las bases partidarias del MAS en torno a la narrativa del victimismo por el poder que les fue despojado el 2019, al mismo tiempo que crearía una distracción sobre los reclamos partidarios, priorizando la persecución política de los “otros”, “los enemigos”.

La segunda hipótesis sugiere la necesidad de implantar un régimen de temor/terror en sectores sociales no afines al gobierno, con el propósito final de evitar la reacción popular y la reedición de levantamientos similares al 2019. Por ello incluye de manera primordial, los procesamientos a militares, jefes policiales y ex autoridades del gobierno transitorio. El castigo sería ejemplarizador y así, evitaría atisbos de insurgencia en el débil gobierno de Luis Arce Catacora. Esta segunda hipótesis es la más probable, pues hay una disputada de sentido común en la sociedad por los operadores e intelectuales del régimen, en franco desconocimiento de la evolución social que derivó en la insurrección de noviembre 2019.

Hay un rechazo popular a las imposiciones, sumado a la creación de una nueva subjetividad en los integrantes del MAS y de la sociedad civil, del pueblo alteño y del campesinado, la prueba contundente es la escisión del MAS, plasmada en la candidatura de la ahora candidata electa electa Eva Copa.

No se puede confundir los sucesos ocurridos en octubre/noviembre de 2109, con la responsabilidad que pesa sobre Jeanine Añez como mandataria, y que deberá resolverse necesariamente en las instancias previstas por ley para un mandatario de Estado.

El pueblo boliviano ha demostrado sucesivamente un apego hacia la Democracia, y por ello busca siempre soluciones institucionales a los conflictos que se vienen presentando, por problemas sociales irresueltos, germinados en la diversidad racial que genera un campo fértil para los discursos de odio, azuzados y promovidos mayormente desde el partido de gobierno. Es peligroso el rumbo de dañar la seguridad jurídica del Estado de Derecho. De ahí que cabe preguntar al actual gobierno y clase política si están conscientes hacia qué rumbo conducen al país. Quo Vadis, Bolivia?

* Analista Política.

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