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Álvaro Riveros Tejada

Censo en Suspenso


2022-10-27 - 21:17:13
Quién duda de la determinación del pueblo cruceño que, con bizarría, bravura, y patriotismo, sostiene un paro indefinido, solicitando la abrogación del decreto 4760, de 13 de julio del presente año, el cual modifica, a su vez, el D.S. N.º 4546 de 21 de julio de 2021, con un texto que, a más de ser sospechoso, se convierte en la madre del cordero de todo este intríngulis jurídico político.

Recordemos que el Decreto Supremo 4546, firmado por el presidente y todos sus ministros, es el mismo que hace un año decretó de prioridad nacional la realización del Censo de Población y Vivienda, para este próximo 16 de noviembre del 2022 y, que ahora, mañosamente modificado, establece que: “el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024 sea ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”.

Ahora bien, ante este inmisericorde manejo de normas establecidas para reglar un empadronamiento netamente técnico, y politizarlo sin una razón plausible, surgen toda suerte de conjeturas, entre las cuales, la más próxima a la verdad es aquella que señala que la intransigencia de las partes no se centra únicamente en la fecha cuando deba realizarse la consulta, algo que posiblemente podría ser de solución inmediata, sino en el plazo cuando deban conocerse los resultados de ese empadronamiento, y la relación existente entre estos resultados y aquellos fraudulentos, para los distintos ejercicios electorales, desde hace quince años.

Si bien el gobierno puede aceptar que el censo se realice el año 23, los resultados tendrían que conocerse también el año 2023, porque si se realiza ese año para que los resultados se conozcan el 2024 o el 25, en medio de un clima de campañas electorales, entonces todo este justo reclamo, no habrá servido de nada.

No olvidamos que, en el inicio de las justas electorales en el año 2005, ya patrocinadas por el castrochavismo, arribaron a Bolivia misiones venezolanas, dizque para asistir a la “modernización” de nuestro antiguo Sistema de Identificación, por entonces bajo tuición de la Policía Boliviana, y crearon el Programa de Carnetización del Gobierno (PCG), actualmente SEGIP desde el año 2011, tarea ejecutada a imagen y semejanza de la Oficina de Identificación y Extranjería de Venezuela, creada en abril de 2004, por designio del Foro de Sao Paulo, como la “Misión Identidad”.

Según proclamaban estos arcángeles de la igualdad, por su simplicidad y cinismo nos permitiremos transcribir literalmente sus enunciados: “El derecho a la identidad se había convertido en un derecho exclusivo para la clase alta de la población, dada esta situación la revolución bolivariana fiel al ideal bolivariano, y el principio de igualdad crea la Misión Identidad, la cual tiene por objetivo consagrar el derecho a la identidad de los ciudadanos venezolanos e inmigrantes que hayan cumplido con los requisitos constitucionales establecidos, a través de la cedulación inmediata y expedita en módulos situacionales ubicados en todo el territorio nacional, otorgando además, el derecho a todos los venezolanos de participar en procesos electorales, y a existir como personas”.

Jamás soñaron estos bandidos, que más de seis millones de venezolanos emigrarían de su bendita tierra, gracias a estas medidas que sólo trajeron luto y desesperanza en ese país. Suficiente explicación para un Censo en Suspenso.

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