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Dante N. Pino Archondo

Urgencias que encarcelan y matan


2021-12-13 - 10:34:51
Es inminente el camino que nos conduce a una crisis económica con repercusiones sociales de enorme gravedad. La caída de los ingresos por exportaciones de gas, de 6 mil millones de dólares a algo más de 2 mil millones, el impacto de esto en la recaudación fiscal y las transferencias de recursos a los gobiernos subnacionales, universidades, y Fuerzas Armadas en un efecto dominó, no deja duda de que vamos directo al retorno del infierno del que salimos en 1985.

Gastar en burocracia estatal el 90 por ciento del producto que vamos a generar el año 2022, es una barbaridad. Mantener a 526 mil empleados públicos, gastando 18 millones de dólares/día, es increíble. Seguir insistiendo en sostener empresas públicas que, en vez de dar utilidades, dan pérdidas y obligan al sector privado de la economía a mantener esta situación a costa de mayores impuestos, es demencial.
Usar al Banco Central para ser el prestamista obligado, con el objetivo de llevar a cabo obras de contenido político, es un suicidio.
Todo esto es un aviso notificado al pueblo boliviano de que nos llevan hacía el despeñadero. Y como parece que teniendo conciencia de lo que hacen, lo hacen. No hay forma de pedirles que revisen su política económica.

Ahora bien, si tienen claro el camino al que nos conducen, resulta que las acciones políticas que han dispuesto son el preaviso de que preparan levantar un dique político de contención a las protestas que se avecinan. El dique se construye descabezando a la oposición. De ahí el anuncio de hacer rodar cabezas con nombre y apellido.

Hay urgencia en el gobierno. Y los tiempos se acaban, a la misma velocidad del gasto fiscal en burocracia-parasitaria.

Si Bolivia estuviera gobernada por una organización política, que respeta el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el respeto a la ley, esta política económica y de represión social, sería muy fácil desactivarla. Pero no es así. Tenemos a una organización criminal que asume el papel de organización política, para preservar sus intereses. Controla los poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto le permite judicializar acciones que son violatorias de la ley, sin ningún control ni fiscalización.

El gobierno de Arce-Morales-Choquehuanca, tiene protección internacional brindada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, México y Argentina, no es poco. Con este escudo internacional llevan a cabo las políticas dictadas desde La Habana sin ninguna discusión. Es pues Cuba el centro ideológico-delincuencial, el vientre del que nacen los gobiernos populistas conformados en el Foro de Sau Paulo. Con esta cobertura, el gobierno boliviano gatilla las balas antidemocráticas y procederá a desactivar el control político de Santa Cruz, Potosí, Tarija y Cochabamba. Es cuestión de pocos meses.

A la urgencia de contención económica se suma la otra, la de garantizar el retorno de Evo Morales como una muestra del poder del Foro y de la expansión a la que apuestan en la región.

La resistencia social democrática boliviana no debe perder de vista esto. No se enfrentan solo al gobierno, sino a un frente político que actúa como cartel del crimen organizado y esta realidad obliga a demandar el apoyo y asistencia de las democracias en el mundo.

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