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Álvaro Riveros Tejada

¡Qué Voraz!


2021-09-12 - 19:23:00
Bajo este singular título, similar al nombre de una empresa chileno-boliviana que, con voracidad de tiburón nos timó 42,8 millones de dólares durante el gobierno de Evo Morales como resultado del arbitraje que Bolivia perdió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, esperamos apuntar, sin deseo de porfiar, sobre este tópico ocurrido hace seis años, que mereció superabundantes noticias y artículos de prensa por su insólito y hábil manejo delincuencial, propio de los mejores guiones de una película de Netflix, u otras de atracos, que mejorarían el de la joyería Cronos de Santa Cruz.

Lo espectacular de este caso, y digno de ser patentado, es que una empresa minera que obtuvo del Estado 11 concesiones en el Salar de Uyuni (Potosí), con el objeto de explotar Ulexita (un mineral que se usa en aplicaciones agrícolas), haya declarado apenas un millón de dólares a tiempo de constituirse, siendo que sus índices de explotación y exportación superaban de lejos las cantidades declaradas y, lo peor, se negaba a informar, tanto a Impuestos Nacionales, como a la Aduana, sus estados de situación, lo cual a su vez evitó las auditorías dispuestas por decreto, un 9 de diciembre de 2003.

En consecuencia, las autoridades procedieron a revertir las concesiones y es allí donde se abre la Caja de Pandora, iniciando la muy astuta trama del despojo, consistente en llevar al arbitraje del CIADI al Estado, donde “los empresarios” estaban seguros de obtener las ganancias que tanto soñaron, sin necesidad de ensuciarse las manos, sólo con un acta de constitución falsificada por uno de los accionistas de la firma, que permitió que el fallo del arbitraje se lleve adelante contra Bolivia.

La defensa nacional llegó a intercambiar correos amistosos con los bribones sobre los acuerdos en borrador y los temas por debatir, hasta lograrel informe oficial que señalala “conducta imprudente” de una subprocuradora, que ocasionó que se filtre a la parte demandante “información sensible para la defensa”. Con lo que el atraco estaba cumplido, y la víctima “Bolivia” bien gracias. Dos años después, la minera chilena, al mejor estilo de los tratados de 1904, al no lograr los “charles” con el gobierno, que ya rondaban los 3 millones de dólares, demandó al Estado boliviano ante el CIADI, por 66 millones de dólares.

El epílogo de esta truculenta historia es, que Bolivia acepta pagar 42 millones de dólares a estos piratas y lo hace mediante un acuerdo donde figuran: el exprocurador, hoy embajador ante la OEA; el procurador de entonces, un tal Menacho; un exministro de Minería; y el ministro de economía que autorizó el desembolso de los 42 millones en favor de los piratas chileno-bolivianos, en la actualidad esposo circunstancial de la víctima.

Según el ministro de Justicia, en entrevista concedida al canal estatal BTV, “esos $us 42 millones bien podrían servir para construir esta nueva justicia que queremos”. Suponemos, que también pudieron ser invertidos en formar una selección de futbol, en lugar de las célebres canchitas que, si bien redundaron en oscuras ganancias monetarias, en quince años nos habrían ofrecido un centenar de niños que hoy encumbrarían el honor y el orgullo deportivo de Bolivia, lejos de la corruptela, la vergüenza, y el riesgo que a uno lo tilden de ¡Qué Voraz!

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