Opinión

Que el abuso no sea contagioso

2021-03-28 - 19:22:58
Actualmente la sociedad boliviana está pasando por tiempos difíciles con motivo de la crisis sanitaria, el factor económico y el nivel de desempleo (más de 400.000 desocupados en el país).

A pesar de todo ello, vemos una ausencia de fraternidad y sensibilidad humana por parte de algunos políticos en ejercicio de la función pública, autoridades, servidores públicos e incluso entre los propios ciudadanos entre sí, cuando advertimos el incumplimiento y falta de respeto sistemático a los derechos y garantías constitucionales de las personas; por ejemplo: llevar a cabo allanamiento de domicilio en horas de la madrugada, quebrantando postulados constitucionales como la inviolabilidad del domicilio (art. 25-I de la Constitución y art. 180 del Código de Procedimiento Penal-CPP), librándose mandamientos de aprehensiones sin citaciones previas (art. 23-I de la Constitución y 224 del CPP), entre otros abusos en el ámbito judicial con contexto político.

Si los políticos, autoridades y servidores públicos tanto del oficialismo como de la oposición afirman que Bolivia es democrática, recordarles que la “ética” de la democracia es la protección y la defensa de los Derechos Humanos. Decir democrático, no se refiere únicamente a emitir un voto o ser elegido para ocupar un cargo público (sea senador, diputado, alcalde, gobernador, asambleísta departamental, etc.).

En ese panorama desolador, son las autoridades y los demás servidores públicos, quienes deberían “enseñar con el ejemplo sobre el no abuso” y evitar que esto se propague en toda la sociedad.

El diccionario de la Real Academia Española, define la palabra "abusar" como "hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder".

Lamentablemente, hoy por hoy, evidenciamos no solo un contagio por Covid-19 sino también un contagio en la práctica del abuso.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz, si bien no requiere la venia de los políticos para defender la democracia, el hecho que éstos fueron convocados para el 25 de marzo del presente año, pero no desearon asistir, ratifica que es el pueblo (entiéndase pueblo, la suma de individuos, que sale en defensa de sus libertades individuales), quien debe estar siempre alerta en pro de sus libertades y ejerciendo en todo momento el control social a la función pública.

Por otro lado, existen algunos políticos en la función pública, quienes, gozando de ingresos económicos asegurados por cinco años gracias al voto de la gente, resulta que todavía piensan que el ciudadano (quien se encuentra golpeado por la crisis sanitaria y todas sus consecuencias, entre ellas las económicas, dramas familiares, etc.) tiene la obligación de desvivirse por ellos (por los políticos), ayudarlos a ellos en todo y para todo momento. Y para el colmo de males, incluso pretenden exigir al ciudadano que lo haga de forma inmediata conforme a su voluntad, ocupando gratuitamente su tiempo, como si el ciudadano fuese su esclavo (arts. 15-V, 46-I al III de la Constitución boliviana) sin ninguna remuneración a cambio.

El ciudadano es quien libre y voluntariamente decidirá cómo, cuándo y dónde colaborar, acorde a su propia realidad en pro de sus libertades individuales, pero no por ello, algunos políticos debieran tratarlo al ciudadano como si fuese éste un esclavo. Es hora de que todos los que viven de la administración pública eviten incurrir en conductas abusivas y tengan un “poquito” de sensibilidad humana (ni siquiera se les exige mucho) para con el pueblo. Todo ciudadano, del estrato social, de la profesión u ocupación que tenga, requiere más respeto y consideración por parte de los políticos.

“Se supone” que quien ocupa un cargo público (sea autoridad o servidor público), se encuentra apto para cumplir con sus obligaciones y habida cuenta que su salario proviene de los ciudadanos contribuyentes, aquella exigencia de que deba trabajar de forma exigida en pro de una buena administración pública es esencialmente obligación de aquel que ocupa el cargo público y no así del ciudadano (en otras palabras, es el funcionario quien debe justificar su trabajo, pues para eso obviamente candidateó y fue elegido). El ciudadano ya suficientemente aportó y aporta, no sólo con el voto para que aquel sea elegido y ostente ese cargo público sino también gracias al pago de sus impuestos, dicho político en cargo público obtenga su remuneración.

Es un absurdo y una total desfachatez que algún político (sea de la oposición o del oficialismo) se jacte del poder por el cargo que ejerce, creyendo que los ciudadanos le deben a él todo el favor, la pleitesía y que además crea de que cualquier ciudadano tiene la obligación de servirle aduciendo para ello un supuesto patrioterismo; cuando en realidad, es todo lo contrario, es decir, el pueblo soberano es quien decidió tenerlo a dicho político como su funcionario, esto es, que sea un verdadero "servidor" público, no así un político arrogante, abusivo del cargo o un verdugo del pueblo.

Lo peor para cualquier Estado, es que exista un alto grado de ineficiencia generalizada en la administración pública, la cual se traduce en un agigantamiento y gasto insulso del Estado, donde el político que ocupa un cargo público hace que el ente estatal por puro amiguismo contrate al asesor del asesor, o la mayor calamidad: que aquel que ocupa el cargo público en realidad nunca decide nada, sino que finalmente quien tiene la última palabra acaba siendo el asesor (quien gobierna a espaldas del otro). Cabe allí la pregunta que se hace el ciudadano: ¿entonces, para qué elegimos a las autoridades?
En esa contaminación de infligir abusos a los demás también está cayendo la propia sociedad, realizando práctica de abusos entre sus semejantes, por ejemplo, cuando vemos que algunos empleadores, haciendo uso de malas prácticas, despiden a sus trabajadores, indicándoles que, si bien sus beneficios sociales alcanzan a un determinado monto económico, pero el empleador está dispuesto en pagarle sólo “la mitad o menos de la mitad del monto total”.

Aquel empleador inescrupuloso todavía muy suelto de cuerpo, se da la tarea de intimidarlo al trabajador (que adolece de menor fuerza económica, experiencia y determinados conocimientos), manifestándole lo siguiente: “Si, lo tomas bien, y si no lo tomas, también; pues si deseas iniciarme un litigio, le advierte que pasarán años en juicio, y que como trabajador deberá contratarse un abogado y hacer más gastos, por lo que lo incita a que acepte la única condición que le ofrece (y todavía firmando el finiquito con el monto correcto que debía ser pero en realidad, recibe la mitad o menos de la mitad)”.

Estas conductas abusivas no solo debieran ser sancionadas sino principalmente evitadas, y referido a esto último, en junio del año pasado, mediante artículo de opinión, ya advertía sobre la posibilidad de abusos en el ámbito laboral; y, en consecuencia, realicé las siguientes sugerencias (aunque lamentablemente vemos que casi todo se está realizando de forma inversa, pero ello no impide recordarlas):
1) Austeridad estatal (reducción salarial al sector público, achicamiento del Estado en todos los niveles, etc., pues frente a las crisis es tiempo de menos Estado y más libertad);
2) mayor incentivo a la formalidad;
3) mayor lucha contra la corrupción (porque los prohibidos de ciertas acciones se sienten inclinados a sobornar a los funcionarios que deciden la aplicación de las normas), por ende el Estado, tiene que disminuir toda imposición coactiva, incluso en cuanto a disposiciones laborales; por ejemplo, aunque para muchos suene duro y/o bastante extremo:
4) debería eliminarse el salario mínimo nacional, por cuanto, provoca desocupación pues de seguir la situación como está, muchas personas desempleadas no podrá ser contratadas (simplemente porque los que ganarían menos al salario mínimo jamás podrán ser contratados por la vía formal dado que es prohibido pagar menos del salario mínimo nacional); y,
5) además de permitir la rebaja salarial temporal para el sector privado (por ejemplo, en un 20%) amerita también bajar los impuestos nacionales porque ante estas circunstancias de emergencia nacional excepcional por crisis sanitaria, con mayor razón tiene una fuerte influencia en el aumento de la pobreza ya que estos (los impuestos) son los detonadores para que los precios de los productos suban o provoquen severas rebajas salariales y desempleo masivo. Lo peor de todo es que los desocupados y los que sufren los embates de la pobreza, comúnmente a mediano y/o largo plazo, corren el riesgo de ser caldo de cultivo para el delito.

Con todo ello, es importante que, entre todos los bolivianos, seamos de manera auténtica más fraternos, solidarios y evitemos el contagio, no solo del virus Covid-19 sino también del abuso, debiendo exigir a nuestros políticos, autoridades y servidores públicos un verdadero trato humano hacia las personas sin vulnerar sus libertades individuales.