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Ciro Añez Núñez

Control social al poder para vivir bien


2020-11-01 - 21:29:59
Horas antes de la realización de las elecciones generales en Bolivia en fecha 18 de octubre de 2020 resulta que el presidente del Tribunal Supremo Electoral comunica que para estas elecciones no se realizará el conteo rápido previsto en la Ley del Régimen Electoral (arts. 128 inciso c, 130 inciso b, art. 134-III; y, art. 2 ‐ principios de control social, transparencia y responsabilidad de la Ley N° 026) y en consecuencia no habilitará ni usará la herramienta DIREPRE (ex TREP), el cual posibilita dicho conteo rápido.

Recordemos, el año pasado (2019), entre otras cosas, fue gracias al TREP que se posibilitó un eficiente control social a las elecciones, llegándose a descubrir el fraude electoral, mismo que se encuentra documentado para entonces por la OEA.

El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades.

La Constitución Política del Estado (artículos 241 y 242) señala que el pueblo por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas y ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales; además, establece que la participación y el control social implica una gama de atribuciones, entre ellas desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, descentralizadas, etc.; generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública; conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado; etc.

Como vemos, la participación ciudadana requiere como condiciones: la transparencia en la función pública y el conocimiento cabal de la actividad de los órganos de la función pública, la libertad de expresión, libre acceso a la información, la libertad de denuncia, de crítica y proposición, así como la existencia de medios jurídicos y mecanismos prácticos que la faciliten, la estimulen y le asignen consecuencias jurídicas.

Adviértase, que conforme al art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración pública se rige por principios, entre ellos, los de legitimidad, ética, transparencia, igualdad, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Disposición que guarda intima relación con el art. 8-II (valores supremos del Estado) de la Constitución y el art. 2 de la Ley del Régimen Electoral.

En ese sentido, no es poca cosa restringir o limitar el control social en las elecciones generales como tampoco es correcto, pretender minimizarla, bajo la absurda lógica que, en cualquier parte del mundo, en toda elección general siempre surgen algunas arbitrariedades peor aún en países con condiciones peores que Alemania o Suiza. Tales criterios resultan inadmisibles más aún cuando se tuvo mucho tiempo para preparar el referido proceso eleccionario.

Dicha excusa, es casi lo mismo a decir, “el mal de todos, consuelo de tontos”, y por esa vía se pretenda la inexistencia de observación alguna.

El no uso del DIREPRE después de casi 11 meses de preparación del proceso electoral, es la admisión catastrófica de la ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral que vulnera no solo los principios de la Administración Pública (transparencia, calidad, control social, eficiencia, etc.) sino que además debería responder por situaciones de no cumplimiento de funciones de forma debida como la irrogación de gastos económicos sin resultados concretos (no funcionamiento del DIREPRE) traducidos en perjuicios económicos al Estado y por consecuencia responsabilidad.

Llamó la atención que en estas elecciones generales se hubieran repetido exactamente los mismos jurados electorales de la anterior fraudulenta elección, no se hubiera actualizado o depurado en su totalidad el padrón electoral; y, para el colmo de males, los partidos políticos denominados ahora de oposición no colocaron a nivel nacional los suficientes delegados de mesa para cuidar el voto.

Toda esta situación motivó que, una vez conocidos los resultados, en varias partes del país, existieron multitudinarias protestas sociales pacíficas, como ser en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Potosí, dejando constancia testimonial histórica de que aquella asunción al poder del nuevo gobierno no ha sido del todo pulcra.

Sin el DIREPRE (herramienta de conteo rápido) dejaron sin un control social eficiente y efectivo al ciudadano, esto es, vulneración al debido proceso electoral por limitación y/o restricción al control social, transparencia, eficiencia, etc.; por lo tanto, imposibilitaron un debido seguimiento, totalmente transparente al proceso electoral; y, por consecuencia, fueron por demás de evidente las dificultades que experimentaron los expertos informáticos para realizar dicho control.

Sin embargo, pese a ello, ingenieros de sistemas e informáticos del país, pudieron darse modos de estudiar los resultados e informaron sobre la existencia de determinadas arbitrariedades que conllevan a indicios de fraude y por consecuencia piden auditoría forense al sistema informático y a todo el proceso electoral.

Ahora bien, independientemente del resultado, cabe mencionar que falta a su vez, mucho sentido común.

Bolivia, es un país donde existen sectores pobres y gente con necesidades básicas, y esta experiencia sirve para ayudar a tratar de romper y/o despertar el problema de mentalidad existente.

De nada sirve seguir buscando rivalidades entre políticos que estuvieron en la contienda electoral, insultándose entre fanáticos y simpatizantes de determinados partidos políticos, creer que todo es por culpa de uno o del otro, pretender que la cuestión y la clave está en tan solo condicionar el voto a los demás, sin ayudar a toda esa gente necesitada y duramente golpeada por la pandemia, gente sin empleo, con un gobierno de transición con muchas imprecisiones y errores, que desde el momento que decidió candidatear perdió el rumbo; sin embargo, en realidad el problema es más que eso, pues al margen de que en Bolivia existe un enorme segmento informal, resulta que algunos políticos se extraviaron en un exceso de exitismo por noviembre del año pasado, se olvidaron de que también existe un capitalismo popular que desea egoístamente conservar sus privilegios, vieron las cosas de forma superflua sin mirar el horizonte, grupos radicales con tintes racistas, la corrupción, un gobierno transitorio que se aplazó pues no cumplió ni exigió que se cumpla adecuadamente su misión principal (llevar a cabo unas elecciones libres y totalmente transparentes), etc.

Es hora que nosotros, todos los bolivianos, entendamos y conozcamos más nuestro entorno, el país donde vivimos. No es posible, que persista gente egoísta con esa visión racista y de odio, de despreciar al otro o de creerse más o mejor por lo que tiene o por sus orígenes.

Se requiere de un pacto social con el objetivo de mejorar la vida de las personas, mediante educación de calidad y trabajo (esto a mediano y largo plazo), pero en lo inmediato, amerita que exista generosidad (dar concesiones) y solidaridad, pero sin coacción ni represión estatal.

Aquella mentalidad populista de agigantar al Estado es alimentada en aquellos países como Bolivia, donde gente en pobreza y miseria, que obviamente desea vivir razonablemente bien, mira al Estado como aquel que le provisionará todo; y, por consecuencia, es el caldo de cultivo de Estados niñeras con el inminente peligro de que surjan gobiernos tiránicos, despóticos, degenerados y totalitarios, que se aferren al poder con el propósito de encontrar impunidad, manteniendo un mercantilismo de Estado, corrupción, abuso de poder, fuentes ilícitas de financiamientos, etc.

Por lo tanto, es necesario buscar un equilibrio y no ser insensibles con aquellas personas en situación de necesidad (más aún en estos tiempos de pandemia global), darles oportunidades de mejoramiento, no solo con la educación (que sin duda es fundamental), sino también con alimentos y demás cuestiones básicas de sobrevivencia, ser instruidos en el desarrollo de determinadas destrezas que les posibilite trabajar.

Aquel principio constitucional ético moral del “no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón” (art. 8-I CPE), no sólo debe quedar en letra muerta como un simple bonito enunciado sino debe materializarse de forma concreta en los hechos, tanto para administradores públicos, políticos (oficialistas y de oposición) como administrados.

El cambio de mentalidad es para todos, por ejemplo, los políticos de oposición tienen que ser y/o convertirse en una verdadera alternativa para todos los bolivianos y no seguir siendo más de lo mismo.

Muchas veces, las cosas difíciles en la vida, son las cosas fáciles que no hacemos a tiempo (los pequeños problemas desatendidos, se convierten en grandes catástrofes futuras), esto es, desde el hecho de ayudar al prójimo, de conocer, comprender y ser empático con nuestro entorno, de realizar un control eficiente al voto, de tratar de mejorar diariamente, evitar ser exitistas tratando de ser realista, autocríticos y objetivos en todo momento, realizar protestas públicas y pacíficas ejerciendo la libertad de expresión, salir en defensa de las libertades; valorar nuestras libertades y enseñar a nuestros hijos sobre su importancia, pues ellos y en especial las futuras generaciones corren el riesgo de nacer sin libertades y por consecuencia se podría cumplir en ellos, aquel viejo y espantoso adagio que dice: “lo que no se tiene, no se extraña”.

Por este motivo, el pueblo con sus instituciones cívicas y representativas, nunca debe renunciar al permanente ejercicio del CONTROL SOCIAL a políticos, autoridades públicas y servidores públicos, de la línea política que sea, y debe estar siempre alerta a salir en defensa de sus libertades individuales dejando a lo largo de los años registrado su constante participación en constancia testimonial histórica, para las presentes y futuras generaciones.

La propia Constitución realza la importancia y relevancia del control social en la administración pública, por lo tanto, ningún político, servidor público, autoridad o cualquier fanático o simpatizante de algún partido político en función de gobierno, no debe molestarse ni reprimir o insultar a quien piensa distinto, efectúa control social permanente, es crítico, autocrítico y/o sale en defensa de las libertades individuales.

Por ejemplo, recientemente, la Asamblea Legislativa Plurinacional saliente realizó cambios al reglamento del senado, eliminando los 2/3 para la toma de decisiones por mayoría absoluta, con lo cual desean cambiar las reglas de juego en beneficio del partido político que estará en función de gobierno, otorgándole ventaja, no pensando en los demás, vulnerando el derecho de las minorías en la posibilidad de ser tomados en cuenta y llegar acuerdos.

Esta actitud demuestra que nunca fueron democráticos pues no apuestan por una importantísima cualidad de ésta, que es la deliberación democrática, la cual es estimulada a través de aquellos dos tercios, la misma que se encuentra prevista en varios artículos constitucionales, por cuanto, la Constitución sin duda alguna promueve la búsqueda de los consensos y no así la imposición (que es una manifestación propia de los gobiernos autoritarios y tiránicos).

El disponer que por mayoría absoluta de votos (justo la cantidad que tiene el MAS) “podrá dispensarse la observancia del Reglamento” (Disposición final segunda, Reglamento), significa que los reglamentos dejaron de existir, que los mismos no constituyen ninguna regla por sí mismo y que actualmente no rigen nada. Entonces el reglamento no existe, sino que rige únicamente la voluntad del MAS como "regla".

De esta manera, queda por demás evidente que se sigue con la misma mentalidad de autoritarismo, abuso de poder totalitario, todo ello como mal presagio para el pueblo por parte de aquel nuevo gobierno que se apresta a ser posesionado, razón por la cual, nuevamente existieron protestas sociales en varios Departamentos de Bolivia.

Es una lástima escuchar que todavía existen mentes retrogradas y perniciosas que piensan que es absolutamente normal cooptar todos los poderes del Estado, no permitir el control, la fiscalización ni la denuncia; y, por el contrario, aplauden de que se violen principios, valores, derechos y garantías constitucionales que afectan la calidad de vida de todos los bolivianos.

Ya es hora de dejar esa mala práctica, de abofetear a los demás y cuando los abofeteados se defienden resulta que el agresor se victimiza tanto nacional como internacionalmente para posteriormente reprimir a los abofeteados, encarcelarlos, provocarles padecimientos, hacerles una vida de terror y horror, etc.

Es el momento, de que el nuevo gobierno trabaje pensando en el verdadero bienestar de todos los bolivianos, no de unos cuantos o de su partido político, del clientelismo, etc.

Basta de discursos para luego hacer todo lo contrario, es necesario buscar garantizar calidad de vida, propiedad privada y libertades individuales sin fanatismos sean estos religiosos, ideológicos o radicalismos de la escuela económica que sea (debemos examinarlo todo, retener lo bueno. La cura al fanatismo y al radicalismo es no perder el sentido común).

De esa manera, podremos conducirnos hacia un verdadero progreso integral, por lo tanto, es menester más sentido común e inversión productiva y menos populismo (sean éstas promovidas por los de derecha, centro, izquierda, por aquellos ambidiestros extraviados que ya abundan, etc.), por cuanto todo populista es un fabricante de miserias y de una moralidad distraída generalizada.

No es con Estados agigantados, tampoco con barreras comerciales ni impidiendo que nos beneficiemos de un incremento en nuestro poder adquisitivo y menos aún llenándonos de deuda pública, dobles y triples aguinaldos, multiplicar bonos, subvenciones, entre otras medidas populistas cuyo destino final es la debacle total.

Debemos vivir con sentido común y no de crisis en crisis. El pueblo está cansado de tanto abuso, por eso anda susceptible con justa razón, por lo tanto, el nuevo gobierno debe dar muestras de que realmente busca un Estado Constitucional de Derecho donde se garanticen las libertades individuales, la propiedad privada, exista transparencia, honestidad, estabilidad económica, no represión, ni uso de la fuerza ni abuso de poder, donde sea real y evidente aquel otro principio constitucional ético moral del SUMA QAMAÑA “vivir bien, vida buena, tierra sin mal, vida armoniosa, camino o vida noble” (art. 8-I CPE) el cual es viable a través del control social y no así, que resulte todo lo contrario, en una tierra del mal, con crímenes, muchos muertos, gente exiliada, gente escapando del país, gente sufriendo abuso de poder, represión, confiscación atroz, etc. De allí, la importancia, del control social permanente con sentido común y sin aflojar para lograr de forma real el suma qamaña.

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