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Ciro Añez Núñez

El problema del Poder Judicial es político


2020-09-28 - 21:23:01
Recientemente fui entrevistado por “El Deber” Radio, donde conversamos sobre la situación de la justicia boliviana bajo la pregunta: ¿Qué debe hacer el próximo gobierno para mejorar la justicia?.

En Latinoamérica, lamentablemente la administración pública está cimentada en la absoluta “desconfianza” (vivir a la defensiva) procreadora de la pérdida del sentido común, de un Estado agigantado con mayor burocracia, de infinidad de trámites con la obligatoriedad de que para cualquier cosa que haga requiera demostrar su autenticidad y validez. Mientras más enrevesado sea el trámite es mayor el caldo de cultivo de corrupción porque se vende la solución de la agilización llegando incluso a ser vista como algo normal, común y corriente.

En ese sentido, lo que existe es una “crisis de confianza institucional”. Es importante que los administradores de justicia vean la realidad de la gente. Los ciudadanos deseamos principalmente que se garanticen y protejan eficientemente la vida, las libertades y la propiedad privada.

El desarrollo humano y el progreso es posible en un ambiente donde se vean garantizadas la vida, las libertades y la propiedad privada, por cuanto viabilizan la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana.

Nosotros, los administrados ya no debemos vernos maltratados ni andar a la defensiva ante los servidores públicos, cualquiera sea la institución estatal. Es hora que realmente se entienda que la soberanía radica en el pueblo (entendiéndose pueblo como la "suma de los individuos" que sale en defensa de sus libertades individuales, tal como lo hizo en los 21 días de fe y de resistencia civil pacífica contra el tirano, hasta lograr que fugue del país).

Al respecto, hagamos un ejemplo alegórico: Imaginemos que el Estado sea un bus, y digamos que el dueño del bus sea el pueblo, y éste último elige y contrata a un chofer para que maneje el vehículo.

Al chofer, llamémoslo el político, el presidente de un país, el gobernador, un alcalde de la región, etc., pero que al poco tiempo que aquel chofer conduce el vehículo, no solo le halló el gusto sino que éste ya se cree el dueño absoluto del mismo y empieza a maltratar al verdadero dueño, lo desconoce, no lo deja visitar ni subirse al bus; y, para el colmo de males, manda a reprimirlo con los mecanismos represivos y coercitivos estatales, pone en peligro la vida de éste, le quita sus bienes, confisca sus bienes mediante una serie de cargas impositivas abusivas, les priva de la propiedad privada, viven investigados, observados, espiados, dirigidos, jurídicamente conducidos, adoctrinados, controlados, vigilados, ponderados, evaluados, censurados, se es despojado, explotado, oprimido, puesto entre rejas, sentenciado, condenado, y demás atropellos descarados, y todo eso, mayormente lo hace, bajo el rótulo de principio de legalidad.

Ya es momento que el pueblo boliviano realmente entienda todo esto y que exija a la autoridad, al servidor público, que trabajen en pro del verdadero progreso y desarrollo del país, que dejemos de hacer doble culto tanto a la inflación de leyes (el costo de la legalidad no tiene que ser demasiado alto para las personas para evitar acrecentamiento de la informalidad delincuencial y la ley en realidad debe servir para limitar al poder, no para reflejarla) como al “extractivismo” como si fuese nuestra única suerte como país para crecer. La prosperidad no consiste únicamente en crecimiento económico y menos aún se debe confundir crecimiento con desarrollo.

No basta con cambiar la ley, llevar a cabo reformas constitucionales o vivir rogando a los políticos que tengan voluntad para cambiar la realidad, eso es una ingenuidad. Para que un cambio político funcione tiene que existir legitimidad.

Es más provechoso que exista reforma institucional en lugar de crear disposiciones normativas y llenarnos de leyes, es menester simplificar los sistemas políticos e instituciones, permitiendo que la sociedad civil se involucre con entes serios de representatividad civil que ejerzan un adecuado control social.

Aquel asunto trillado de que la crisis judicial se debe a la falta de independencia judicial, ya para nadie resulta una novedad y no basta un artículo constitucional o una variedad de postulados escritos en leyes, para que eso cambie, pues al final, el papel todo aguanta y en los hechos resultará siempre ineficaz, si es que antes nosotros mismos (los que conformamos el pueblo) no tomemos en serio esa frase (independencia de poderes) y nos convenzamos a nosotros mismos que así debe y tiene que ser.

Es consabido que la independencia judicial es un elemento indispensable del Estado Constitucional de Derecho, palabras más, palabras menos, con o sin elegancia, ya mucha gente hasta por lógica simple, entiende que ésta constituye en uno de los pilares que asegura la libertad, la seguridad jurídica, así como la justiciabilidad de los derechos de todas las personas.

Sin embargo, es bueno hacer recuerdo que la falta de independencia judicial, en realidad es un “problema político”, por ende, debemos recordar aquel viejo adagio que dice: "locura es hacer lo mismo, esperando resultados diferentes”.

Con ello, está claro que ya no se debe dejar en manos de los políticos la preselección y selección de magistrados, por lo tanto, amerita la intervención de la sociedad civil a través de representaciones serias de asociaciones civiles, fundaciones, Universidades, etc., en el proceso de preselección y selección de magistrados de altos cargos en el Órgano Judicial y que además se cumpla el art. 178-II de la Constitución: "carrera judicial y autonomía presupuestaria".

Si el administrado es maltratado, éste en algún momento reaccionará y debe ser parte responsable de todo esto pues las libertades implican responsabilidades, no sucumbamos en la estupidez del libertinaje, la pereza, dejando las cosas a otros actores otorgándoles poder para que decidan de forma absoluta sobre nuestras vidas, al extremo de que lleguemos a ser echados de nuestros aposentos.

Tiene que llegar el momento en que la sociedad civil se involucre activamente mediante organizaciones adecuadas de representación de la sociedad civil en la selección de magistrados y no dejarlo todo en manos de los políticos. Que no sean los políticos quienes condicionen al pueblo a elegir a determinados magistrados de altas jerarquías del Órgano Judicial bajo su padrinazgo político.

Otra forma de empoderamiento a favor la sociedad civil, es a través de la democratización de la justicia, esto es, el retorno de los jueces ciudadanos en materia penal, por ejemplo, que en líneas generales demostró que era más difícil ser manipulado y no tener la necesidad de padrinos políticos.

Habrá quienes, muchas veces basados en absurdos prejuicios, dirán eso del juez ciudadano corresponde a tal o cual gobierno, nunca funcionó; sin embargo, recordemos lo siguiente: “no es que no funcionó sino que no lo dejaron funcionar que es diferente” pues esa nueva visión obviamente implicaba debilitar el factor político, disminuir en sobremanera la influencia del Ejecutivo de turno en función de gobierno. No volvamos a pecar nuevamente de ingenuos en eso.

Una muestra de aquello, es el funesto caso de terrorismo, el cual era toda una falacia armada y confabulada siniestramente que, si no hubiera sido por la presencia de los jueces ciudadanos, ese caso hubiera acabado de forma rápida con personas injustamente condenadas.
Fueron los jueces ciudadanos quienes al final renunciaron ante tanta arbitrariedad, quedando dicho tribunal de sentencia totalmente deslegitimado, sin quorum y sumado a ello el retiro de la acusación, por cuanto ya todo resultó ser insostenible ante la salida de un Órgano Ejecutivo tiránico.

Adviértase esta situación antes descrita. Existen ya muchas evidencias y experiencias concretas, que no son cuentos ni elucubraciones demenciales. Dejemos ya de lado aquel fanatismo hacia lo político ni caigamos embobados en el canto de sirenas de muchos de ellos.

El pueblo boliviano, si pese al alto costo de la legalidad y al maltrato judicial, logra vivir como puede, queda claro que no es obviamente gracias a ellas (no es gracias a las leyes ni a la justicia boliviana máxime ante tanta penumbra judicial), sino por su fuerte ímpetu por vivir bajo su inquebrantable capacidad individual de supervivencia, de creatividad, de resiliencia, de trabajo duro, inteligente y creativo, basados en el esfuerzo y la dedicación por los suyos y porque desde sus entrañas cada persona desea una mejor sociedad.

Los jueces deben entender esa realidad, es decir, deben interesarse en lo que piensa el pueblo. Es menester que los administradores de justicia se conecten con la realidad, no sólo interesarse en lo que el Estado hace y tampoco creer en la fantasía de algunos postulados pregonado por el gobierno de turno ni caer en el fanatismo por algunas doctrinas exentas de sentido común pero que debido a que se puso de moda en muchos países, se lo sigue al pie de la letra sin incentivar previamente el pensamiento analítico, crítico, reflexivo y creativo.

La labor jurisdiccional no es cuestión de seguir determinadas corrientes sin base objetiva, por cuanto muchas de esas corrientes mayormente persiguen fines comerciales o nacen a raíz de un preocupante extravío en la retórica o un fanatismo por lo abstracto y extravagante donde prefieren vivir de crisis en crisis y no con sentido común, por cuanto eso les posibilita la permanencia de privilegios, prerrogativas y negocio.

Cabe recordar que la simplicidad objetiva siempre resulta mucho mejor que aquellas largas y confusas elucubraciones que llevan casi siempre hacia la tiranía de los gobiernos, la inflación de leyes, reformas y contra reformas de simple fachada.

En definitiva, se requiere menos Estado y más libertades individuales, esto debe entender el próximo gobierno si realmente se desea avanzar por un mejor sendero en la administración de justicia y no seguir haciendo lo mismo buscando con ello resultados diferentes.

En todo esto, tampoco debemos olvidar que se debe apostar por recursos humanos judiciales idóneos, tanto en los altos cargos del Poder Judicial (que dichos magistrados ostenten autentica idoneidad profesional, inteligencia emocional, científica, humana y social, carácter basados en principios y valores, vocación de servicio, capacidades y habilidades prácticas y de administración, etc.) sino también en tribunales y jueces, secretarios, auxiliares y diligencieros en todo el país, así como en la Fiscalía General, Fiscalías Departamentales y fiscales de materia, donde prime la igualdad de género, mejoramiento de remuneración y se cuente con personal de experiencia, no es posible que personal experimentado sea reemplazado constantemente, abunden personal sin experiencia, es un verdadero problema la carencia prologada o constante de personal, es necesario establecer un adecuado programa de inducción, que la capacitación no sólo sea académica sino también práctica que potencie las habilidades y destrezas de los auxiliares judiciales, que tengan capacitación en atención al público, entre otras competencias.

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