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Dante N. Pino Archondo

Si la Ley no me favorece, a la basura!


2020-09-04 - 13:19:43
Vamos a ver, hay una linea roja que no se puede pasar y es aquella que demarca la ley. Cuando un político en el uso del poder transgrede la ley, se mofa de ella y simplemente la desconoce aduciendo que lo hace para “defender al pueblo”, una vez que lo hace ya nada lo detiene.

Esta es una característica del castro-chavismo. El régimen castrista en Cuba hace sesenta años que confecciona leyes a su medida y las irrespeta cuando no le cuadran, el régimen de Chávez-Maduro hizo y hace lo mismo, el régimen de Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia desconocen la propia Constitución que aprobaron, se burlan de las leyes que promulgaron y deciden lo que les viene en gana en nombre del pueblo.

Y es que los socialistas del siglo XXI no tienen valores ni principios sino intereses concretos que defender. Todos están ligados por actividades delincuenciales relacionadas al narcotráfico. Siendo este el interés económico que tienen, la democracia pasa a ser un instrumento que utilizan, y a la que no le asignan ninguna importancia, que no sea aquella que prioriza el narcotráfico. Son por tanto jefes de una mafia que han logrado convertir a los Estados que dirigen en narco-Estados y que fungen como políticos para presentarse en sociedad.

Evo Morales al comienzo de su mandato el 2005 declaró que la ley era un obstáculo y que cuando eso sucedía él simplemente la ignoraba. Consideraba que su autoridad estaba por encima de la ley y que esta no podía poner freno a sus propósitos. Así gobernó durante 14 años y nada hubo que lo disuada de esta manera de pensar y de actuar. Hizo aprobar la Constitución Política del Estado Plurinacional en un cuartel y en un Congreso que se atribuyó facultades constituyentes, con esa Constitución destruyó la institucionalidad que se fue edificando desde 1982. A partir de ese momento ya nada pudo detenerlo.

Planificó la eliminación de la oposición política, la judicializó y/o la corrompió, amordazó a los medios de comunicación y uso el chantaje para someterlos, se dotó de normas que le permitan hacer negociados “legalmente”, urdió y ejecutó asesinatos aduciendo que se pretendía un magnicidio, apaleó a indígenas y discapacitados, encarceló a opositores sin juicios y utilizó más de 50 mil millones de dólares provenientes del gas como si fuera su propia chequera.

Todo esto culminó con el desconocimiento al voto del referéndum para hacerse reelegir por cuarta vez, que le dijo NO. Obligó a los jueces del Tribunal Constitucional a cometer prevaricato para que legalizaran como un derecho humano ser reelegido. Posteriormente planificó y ejecutó el fraude electoral el 10 de octubre de 2019.

Con todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que se le otorgue la credencial de político y se lo trate como a tal, se permita al instrumento político que dirige participar de las elecciones y se sostenga a sus diputados y senadores, cómplices y encubridores del fraude que le hizo huir como si fueran representantes de la ciudadanía?

Y si como esto no fuera suficiente, se le permite usar su condición de exilado para convulsionar al país, se permite a sus socios delincuentes bloquear ciudades, ocasionar escasez de oxígeno y muertos por la pandemia, amenazar con hacer volar media ciudad de El Alto atentando la planta de gas de Senkata e inventarse leyes y promulgarlas para generar caos social y descontento.

Una sociedad permisiva que a todo esto le asigne poca importancia o que asuma, que es peor, como algo a lo que hay que acostumbrarse, esta perdida. Sus líderes que permitan todo esto para uso electoral no merecen serlo. El pueblo que vote y que defienda a quien trata a la ley como basura merece tener a delincuentes como gobernantes.

Decimos que los bolivianos somos tumba de tiranos, entonces no nos convirtamos en creadores de ellos.

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