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Daniel Castro

Los tentáculos del MAS se mueven impunemente en el poder judicial


2020-09-03 - 22:41:21
En una serie de notas publicadas por el diario El Deber, los familiares de las víctimas de los enfrentamientos ocurridos en octubre del año pasado, durante las luchas cívicas de 21 días de paro, que desencadenaron en la renuncia y huida del país de Evo Morales, expresaron estar decepcionados de la justicia, al ver que cada día salen en libertad las personas involucradas en forma directa en los hechos violentos que dejaron el saldo de dos muertos y 60 heridos.

En esa oportunidad murieron con disparos de arma de fuego Mario Salvatierra Herrera que se ganaba la vida de mototaxista y Marcelo Terrazas que el 30 de octubre apoyaban los bloqueos cuando grupos afines al MAS atrincherados en el barrio Cofadena, atacaron el puente de la Amistad. Allí también se hizo presente el ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, Facundo Molares, alias el “comandante Camilo”.

No es el único caso. El ex alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, ya está en su casa con medidas sustitutivas, al igual que el asambleísta de su partido Gustavo Torrico, quien está imputado por sedición, terrorismo e incitación a la violencia. Pagó como fianza Bs 25.000, lo mismo que Deysi Choque, acusada de ser la autora intelectual de los hechos ocurridos en Montero.

Según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Felcc, Deisy Choque fue imputada por homicidio, instigación, organización delictuosa y otros delitos. Se la acusa de haber organizado el ataque a los cívicos desde el barrio Cofadena, además de alojar en su casa a activistas de las juventudes del MAS.

La lista sigue. El juez Roger Salvatierra, también libró mandamientos de libertad en favor de la enfermera Flora Guzmán Totola, y sus dos hijos. La Fiscalía los imputó por encubrimiento y complicidad por haber prestado atención médica al guerrillero de las Farc, Facundo Molares, que estaba herido en el barrio Cofadena. El Ministerio Público solicitó que dejen de ser investigados por los delitos de complicidad en homicidio y asociación delictuosa. En contrapartida los acusó por el encubrimiento, condena que fue aceptada por los imputados.

Lo curioso es que la comisión de fiscales, integrada por Cirilo Chambilla y Daniel Ortuño, dictó un requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo en favor de la enfermera Flora Guzmán Totola y sus hijos Emanuel Bandan Castedo Guzmán, médico general, y Abner Emilio Castedo Guzmán, estudiante de Medicina.

La determinación del Ministerio Público libera de toda culpa a estas tres personas, a quienes se acusa de haber sido encubridores de Molares en los delitos de complicidad en homicidio y asociación delictuosa, los que se les imputaron provisionalmente al detenerlos y descubrirse que el exguerrillero de las Farc fue auxiliado en la casa de Flora Guzmán, donde se había improvisado un ambiente de atención médica.

Uno de los argumentos que la Fiscalía fundamentó para no seguir investigando, es que al final de la etapa preparatoria no se habían encontrado suficientes elementos para acusarlos formalmente por los hechos que en principio provocaron su detención preventiva. Un segundo elemento fue la profesión de dos de los tres implicados, la enfermera y su hijo médico, que por su juramento hipocrático no pueden dejar de asistir a ninguna persona herida, aunque sea un peligroso delincuente. Sin embargo, el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, establece que los médicos y las enfermeras están obligados a denunciar si toman conocimiento de delitos de acción pública, como las circunstancias en las que fue herido Molares.

Tras la liberación de Choque y la decisión de sobreseimiento en favor de la enfermera y sus dos hijos, ya quedan solo seis detenidos con órdenes judiciales relacionados al caso Cofadena. Entre ellos figuran el ex miembro de las Farc, Facundo Molares, preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, Alberto Fuentes Urquiza, Juan Elías Nina Peñaloza y otros cinco que están desde noviembre en la cárcel de Palmasola.

Según las diligencias policiales, Alberto Fuentes Urquiza y los otros cinco fueron detenidos en noviembre cuando se daban a la fuga desde Montero por la carretera a Okinawa. Estaban en poder de explosivos y habían participado en la arremetida contra los cívicos en el barrio Cofadena, un bastión del MAS. Entre estos detenidos figuran el hijo de un diputado del MAS y otro hijo de un candidato por este mismo partido. Estos cinco detenidos de las juventudes del MAS también solicitaron libertad con medidas sustitutivas y van en camino a ser liberados.

Facundo Molares Schoenfeld, conocido como ‘Camilo’, está decidido a lograr su libertad porque su defensa considera que ya lleva detenido más de ocho meses. El pasado miércoles fue su audiencia virtual con el juez de Montero, Róger Salvatierra. Tras activar la comunicación, el juez y los fiscales quedaron sorprendidos porque aparecieron conectados al enlace un gran número de personas. El juez preguntó la identidad de estas personas, pero nadie se identificó.

Los servicios de Inteligencia de la Policía detectaron que era gente de Argentina, Defensoría del Pueblo y representantes de Derechos Humanos, que habían logrado ingresar a la comunicación a través de los enlaces. Por esa situación, se postergó la audiencia de libertad.

Facundo Molares, registra en su declaración ante el juez y fiscales en su audiencia cautelar cuando se encontraba herido en el hospital Japonés que participó en dos guerras, y que estuvo presente durante tres días de lucha en el puente de la Amistad de Montero. “Yo participé y muy activamente”, sostuvo el guerrillero. Molares del mismo modo frente al juez declaró que obviamente y no lo negaba que vino a Bolivia para luchar por el proceso de cambio que impulsó Evo Morales.

Más grave aún. Dentro de las investigaciones policiales también se estableció que Martín Serna Ponce, de nacionalidad peruana y ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que en 1995 secuestró al empresario Samuel Doria Medina, está vinculado con Facundo Morales. Serna Ponce estaba recluido en la cárcel de Chonchocoro. Según Oscar Gutiérrez, que en octubre de 2019 era el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, el peruano tiene incluso una estrecha relación con Facundo Morales Schoenfeld.

El último hecho que deja mal parada a la justicia y que es una afrenta contra el pueblo boliviano que luchó con valentía para recuperar el estado de derecho y acabar con el totalitarismo, es lo ocurrido en la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de La Paz, tras el empate en la decisión sobre la rehabilitación de la candidatura a senador de Evo Morales. El vocal René Delgado se volvió a inclinar en favor de Morales, tal como lo hizo en los casos anteriores que involucraban al líder cocalero. Delgado fue quien obligó a retractarse a la ex amante de Evo, Gabriela Zapata y al periodista Humberto Vacaflor, en el bullado caso de la empresa china Camc. El ex presidente Tuto Quiroga en un tuit señala que hace 10 años este mismo vocal lo condenó por difamación por denunciar la corrupción en el caso Catler.

Si hacemos un paralelismo con el caso terrorismo, que impulsó el gobierno de Evo Morales y por el cual cívicos y personas sin ningún antecedente de acción bélica o terrorismo, debieron soportar el exilio o permanecer cerca de 10 años en la cárcel en un amañado juicio donde ni la justicia, parcializada con el régimen masista, ni los organismos defensores de derechos humanos movieron un dedo en su favor. Hoy resulta que jueces y fiscales que deben sus cargos al anterior régimen, junto a los mismos organismos de derechos humanos que no defendieron a ciudadanos que no comulgan con su ideología de izquierda, se esmeran por liberar a sus correligionarios de manera grosera y a la vista de la opinión pública boliviana.

(*) Vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ANPB

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