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Dante N. Pino Archondo

Ahora sí, guerra civil


2020-02-03 - 14:44:12
LOS RELATOS DE OCTUBRE SIN FIN
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Los hechos de febrero de 2003 provocados por un motín policial que protestaba contra el aumento de impuestos a los ingresos decididos por el gobierno a fin de mejorar la situación fiscal y evitar un alza del precio de los carburantes, tuvieron un efecto muy grande y grave en la ciudadanía. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía que se vieron obligadas a salir a proteger al gobierno ya que el amotinamiento policial estaba generando una situación peligrosa de inseguridad ciudadana, produjo el resurgimiento de viejas rivalidades entre ambas instituciones. Las consecuencias de esto se tradujo en muertos y heridos, saqueos e incendios de sedes políticas que durante esos días acabaron mostrando la indefensión de un gobierno y una carencia de autoridad que invitaba a los sediciosos a dar el golpe final.

Cuando comenzaba octubre de 2003 la COB convocaba a una huelga general e indefinida con la consigna de derrocar al gobierno: jubilados, rentistas, estaban en las calles paralizando la actividad cotidiana, en las provincias el bloqueo de caminos se extendía en varios departamentos, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. El 2 de octubre el gobierno militarizó las calles rodeando el Palacio de Gobierno, acudía a las Fuerzas Armadas y no a la Policía debido a los hechos de febrero. Ese contexto daba la penosa impresión de haber retrocedido a los tiempos de las dictaduras.

Felipe Quispe, Román Loayza y Dionisio Núñez estos últimos masistas anunciaban una movilización para el 6 de octubre, al mismo tiempo la CSUTCB pedía diálogo con el gobierno en Warisata, lugar donde se produjeron hechos de sangre generados por Quispe, lo que era una evidente provocación para generar mayor violencia con esa población. El gobierno trataba de negociar, los ministros Mirtha Quevedo y Guido Añez buscaban dialogar con Quispe, mientras el Ministro de Gobierno consideraba que había que negociar con Loayza pensando que Quispe ya no era interlocutor válido. Esas contradicciones internas mostraban la desorientación del gobierno.

Roberto de la Cruz agitaba en la ciudad de El Alto convocando a un paro cívico de la Federación de Juntas Vecinales, por su lado Gustavo Torrico hacía lo propio con los estudiantes de la universidad de El Alto, recorrían mercados y ferias obligando a los comerciantes a cerrar sus negocios, dinamitando las calles y generando una situación de violencia que no se había visto hasta entonces.

El 4 de octubre reinaba la confusión. Samuel Doria Medina declaraba que la situación de protesta era política y que en relación al gas había confusión. En efecto las consignas de oposición a la venta del gas estaban influidas por contenidos alejados de la realidad y eran utilizadas como justificación para las movilizaciones, se decía que el gobierno estaba regalando el gas a Chile, que se buscaba venderlo a los Estados Unidos, que se estaba canjeando mar por gas.

El Ministro de Gobierno Yerko Kukoc declaraba que en el Altiplano, Achacachi, región fronteriza con el Perú existía un “santuario de terroristas” miembros del ex Sendero Luminoso y las FARC que estaban activando la convulsión, la agencia de noticias Reuters informó que campesinos de Colomi región el Chapare boliviano, habían decidido conformar el “Ejército de Dignidad Nacional”, mostraron fotografías de gente enmascarada con viejos fusiles Mauser, rostros cubiertos con pasamontañas en apronte para defender a los indígenas y sus demandas.

La situación de bloqueos, movilizaciones, toma de rehenes, uso de dinamita, aprestos guerrilleros para algunos analistas era el efecto del desempleo, llegaron a decir que eran ciudadanos desempleados que al no tener nada que hacer se dedicaban a estas faenas. Así banalizaban entonces algunos medios lo que se estaba viviendo.

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