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Dante N. Pino Archondo

Estado popular enemigo social


2019-03-19 - 20:30:09
Afirmo que desde la revolución de abril de 1952 Bolivia ha ido creciendo con asimetrías sociales y económicas que no han sido resueltas hasta ahora. Esto porque el modelo capitalista de Estado que se impuso en esa revolución no ha sido sustituido por otro. La revolución de abril dejó una huella histórica que no ha podido, hasta ahora, ser reemplazada y sus elementos ideológicos han sido tan fuertes que prevalecen por encima de las llamadas políticas de izquierda o derecha.

La concepción de que el Estado lo es todo y que sin él, sin ese Estado todopoderoso, no puede concebirse a la nación ha creado una especie de alma nacional, que no puede sacudirse de ese peso ni parece desear hacerlo, incluso después de que en algunos momentos hubieron intentos tímidos para desafiar su estructura de poder.

En las escuelas y la universidades se enseña a ver al Estado como al hacedor del bienestar social y del cual depende la lucha por la liberación de la dependencia económica y la sujeción política. Esto no se discute, es la verdad construida y se la da como un hecho sobre el cual solo se puede girar sin alterarla. La diferencia entre los gobiernos de 1953 a 2003fue política más que económica, pues se denominó gobiernos de izquierda a los que miraron mejor a los asalariados y de derecha a los que prefirieron mirar a los empresarios, pero en ambos casos el Estado ordenaba y definía las políticas económicas y sociales.

Entre 1985 y 1993 hay dos momentos peculiares. El momento en que se debe estabilizar la economía y el momento en que se decide insertarla a la inversión extranjera, fueron dos esfuerzos por limitar al Estado en su capacidad centralizadora, estos momentos se dieron después de haber vivido un proceso inflacionario que destrozó el aparato productivo, los salarios y pensiones jubilatorias junto con los ahorros, el impacto fue tan grande que los sectores obreros y populares comprendieron su situación y entendieron que se necesitaba medidas de shock. El D.S. 21060 fue esa medicina dolorosa pero necesaria que terminó con el control de precios, con el crédito público del Banco Central y estableció una disciplina fiscal urgente para salir de esa inflación. Este decreto logró sus objetivos y recuperó el control de la economía nacional, la estabilizó. Aún así fue calificado de neoliberal y pro capitalista por los adeptos al socialismo, que nunca dejaron de buscar la manera de revertir sus efectos.

No bastaba estabilizar sino que había que sacar a la economía de sus estancamiento y parálisis para crecer. Eso tuvo que esperar hasta 1993 cuando se ejecutó el proceso de capitalización de las empresas públicas monopólicas, manteniendo al Estado como socio, previa transformación de ellas en sociedades anónimas mixtas, se logró encontrar inversores dispuestos a aportar capital y administrarlas con racionalidad económica.

Este proceso que tuvo la virtud de potenciar la actividad hidrocarburífera, resolvió el problema del déficit fiscal de las empresas públicas,captó tecnología de punta e inserto a la economía al mercado internacional nunca tuvo el acompañamiento nacional que necesitaba, por esa tozuda forma de pensar que sin el Estado contralor nada es posible y que sin su presencia centralizadora lo que se tiene es una entrega peligrosa de nuestra riqueza al capitalismo usurpador, fue duramente combatida y calificada de “vende patria” por partidos políticos social demócratas y la izquierda agazapada en ONG y sindicatos que siempre pretendieron tumbar al gobierno, este estigma alcanzo su clímax el año 2003.

Derrocado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre del 2003, al calor de la presunta guerra del gas, que no fue otra cosa que la subversión del narcotráfico disfrazada de insurrección, la posición política e ideológica de la izquierda trasnochada se puso al frente y tomó el poder mediante elecciones el año 2005.

Desde entonces Bolivia vive un proceso de retroceso económico a los moldes superados de la década de los sesenta, revirtiendo la capitalización, aislando la economía, retomando la creación de empresas públicas, duplicando la burocracia oficial y dejando volar los controles de las actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando, tráfico humano y explotación irracional del áreas protegidas con graves atropellos a comunidades indígenaspretendiendo mostrarlos como ejemplos de convivencia social.

A este período se le ha denominado “proceso de cambio” que en realidad a devenido en ser un proceso de restauración de lo peor que creo el capitalismo estatal sumado a la actividad delincuencial donde el Estado se comporta como un ser jurídico inexistente. Todas las lacras de racismo, de la negación de los valores patrios, de la cultura, de la fe, del respeto a los principios y valores han sido exacerbados a un punto en el que la corrupción más descarada se viste de ejemplo y se protege desde el mismo gobierno.

Las organizaciones corporativas sindicales que han asumido el control del gobierno, no han cambiado nada, nos han llevado a un retroceso económico, al derroche de los ingresos fiscales más grandes jamás registrados en los últimos sesenta años, al uso descarado de las instituciones como feudos personales del presidente y a niveles de desintegración institucional que colocan en peligro los cimientos de la nacionalidad.

Es ante este infructuoso retorno al pasado, que debemos rebelarnos, primero: recuperando los valores democráticos y principios de respeto a la ley, resistiendo la ilegalidad para convalidar el binomio electoral oficial, segundo: desvirtuando supuestos éxitos económicos que solo han sido derroches innecesarios que no guardan relación la situación de los indicadores sociales como la salud, educación y trabajo, tercero: rechazando la corrupción oficial protegida y que se revela en la complicidad con las actividades del narcotráfico y el contrabando.

En Bolivia, para terminar, nunca se dieron las bases de una economía liberal, menos neoliberal, siempre el Estado ha tenido una presencia dominante y ha sido el rector de las políticas que nos tienen como sujetos de producción simple de materias primas, como entes sociales dependientes del gobierno de turno para optar por un trabajo burocrático, como actores económicos que ante la ausencia de inversiones tenemos que realizar actividades ilegales y como una sociedad que vive de los bonos y subvenciones provenientes del rentismo sin capacidad para valerse por sí misma y acostumbrada a levantar la mano al presidente de turno para recibir las migajas que nos pueden y quieren dejar.

Es hora de terminar con esta tendencia al suicidio político, económico y social, de terminar con el miedo a no tener Estado protector y demostrar que los bolivianos podemos y queremos ser actores de nuestro destino, propietarios de nuestra riqueza y generadores de ella con nuestro esfuerzo y trabajo.

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