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Dante N. Pino Archondo

Volver al pasado


2018-11-26 - 12:52:01
La coyuntura política que vivimos, no acompaña a la económica. Mientras la política urgente necesita de una resolución democrática la económica esta pidiendo atención debida con la misma urgencia política.

Los indicadores macroeconómicos están mostrando una situación que va de mal en peor y el gobierno continúa como si todo estuviera de maravillas. Los ingresos fiscales que son la base sobre la que han construido su fortaleza económica establecida en la aplicación del gasto y de la inversión, un gasto mayor en tres veces al que se tenía antes del año 2006 y niveles de inversión pública del 11 por ciento promedio respecto al PIB, van en caída libre.

Si no tuviéramos el escenario político de la confrontación entre alternancia y prorroguismo el debate electoral en estos momentos estaría centrado en el tema fiscal y su correlato con el gas como materia prima que es la fuente de esos ingresos.

Desde 1952 hasta 1986 la economía nacional tenia como eje central a la minería, del precio de esta materia prima dependían los ingresos fiscales, por eso la COB dirigida por los trabajadores mineros de la COMIBOL tuvo un poder político enorme. Una huelga de la COB paralizaba la producción de minerales y ello repercutía inevitablemente de los ingresos fiscales con los cuales el gobierno solventaba sus gastos.

Desde la firma del convenios de venta del gas al Brasil en 1999 Bolivia tuvo una fuente de ingresos adicional a la minería, el gas, convenio que fija el año 2019 como fecha de expiración. Tanto la minería como el gas hace 18 años han devenido en ser la fuente primariamás importante de los ingresos fiscales. Ambos tienen como referente el precio fijado por los mercados internacionales. De la depresión de los precios en 1986 al crecimiento de estos el 2008, Bolivia ha experimentado lo que es vivir en períodos sumidos en la crisis fiscal y pasar a otro lleno de bonanza. Vivimos en una economía del equilibrio precario.

El concepto de la dependencia económica, que se le atribuye al imperialismo como la causa de la pobreza, por tener el control de los precios de estas materias primas tiene otra verdad que nos muestra, no como víctimas del poder externo, sino como causantes de nuestra propia victimización. Somos dependientes porque queremos.

¿De qué otra manera se explica que ese mercado que define los precios de las materias primas que exportamos, nos haya beneficiado durante ocho años y no hayamos superado la fase de producción primaria? No fue el mercado externo el que tomó las decisiones en Bolivia al momento de definir el qué, cómo y para quién hemos gastado los recursos que nos llegaron. Fuimos nosotros, con el gobierno que elegimos, con ese voto de los dos tercios que recibió y que le entregó el poder para que decidieran que hacer con los ingresos fiscales. Y así nos fue.

Serán catorce años de gobierno continuo,de manejó los recursos económicos nacionales y que faltando un año para el cumplimiento de su mandato nos dejará sumidos en la misma situación que teníamos en los años ochenta, con una economía dependiente, minada por la crisis en ambos sectores económicos; minería y gas, y sin alternativas para superarla.

La minería descuartizada por la llamada minería cooperativista, manejada corporativamente, que super explota las vetas mineras sin racionalidad económica, paga impuestos menos de lo que los señores de la minería feudal y no asume obligaciones y por otra parte el gas.

La historia reciente del gas muestra de forma dramática el comportamiento que tenemos con nuestras riquezas naturales, que tanto defendemos en el discurso y del que tanto nos ufanamos de poseer convirtiéndolos en esa “silla de oro” de la que pueden salir sin ningún esfuerzo los milagros de la abundancia.

Bolivia ha tenido cinco años que podríamos definir con la época dorada el gas. Mercados seguros Argentina y Brasil, demanda al tope de lo establecido en los convenios y precios internacionales que superaron los 100 dólares el barril de petróleo, que según nos enseñan los especialistas en la materia significan, para nuestro gas, 10 dólares el millar de metros cúbicos. Este precio ha significado mas de 50 mil millones de dólares por ingresos de exportación de 2006 al 2018. Ingresos que han servido para potenciar los presupuestos del gobierno central, las gobernaciones, alcaldías, universidades, fondo indígena y las Fuerzas Armadas. Esto se conoce como ingresos provenientes de la renta gasífera.

Cuando el precio del barril de petróleo cae de 100 a 50 dólares, la renta del gas pasa del 10 a 5 dólares el millar de pies cúbicos de gas, en promedio esto representa un 40 por ciento de afectación a los ingresos por exportación. No es difícil imaginarse el impacto de esta disminución en los ingresos fiscales y sus efectos multiplicadores. Al impacto de los precios debemos agregar la ausencia de inversiones para la exploración de nuevos campos gasíferos lo cual a su vez gatilla su acelerada super explotación para cumplir con los compromisos de exportación y ocasiona una disminución de las reservas probadas, que de acuerdo al gobierno serían de 10 TCF y que entendidos en la materia dicen que solo son entre 4 a 6 TCF, cifras que indicarían la penosa situación de tener que exportar menos o vender menos gas al mercado interno.

Lo cierto es que tanto la Argentina como el Brasil modificarían sus demandas de gas tanto en volumen como en precio, obligándonos a tener que competir en el mercado para seguir abasteciéndolos. El tipo de contrato que hasta el 2019 está vigente con el Brasil ya no se regirá por la formula que venía atando el precio del gas al precio del petróleo lo que nos obligará a competir en el mercado con precios que ahora rondan los 4 dólares el millar de pies cúbicos de gas.

Estos tendrían que ser los elementos centrales de una campaña electoral. Pero no lo son. No estamos concentrados en los importante sino en lo urgente, que es resolver la cuestión del gobierno. Como si tener el gobierno sería la solución. Y no importa quien lo sea, para el caso, el cuadro de situación económico será el mismo. Sin gas, sin minería, sin industria nacional fortalecida, con el 70 por ciento de la economía ilegal, con fuertes demandas sociales y un endeudamiento externo que será difícil de atender.

Es lo que nos deja la ruptura del orden constitucional el 2003, el empoderamiento de una nueva burguesía sindical que usufructuará 14 años de gobierno y que nos dejará en la misma situación económica de los años ochenta, sin reservas internacionales que garanticen tres meses de importaciones, con déficits fiscal y comercial, con endeudamiento externo impagable y con una sociedad sin trabajo estable, con salarios bajos, sin cobertura de salud y una educación curricularmente atrasada.

¿Valió la pena la guerra del gas y el derroche de sus ingresos, que financiaron una fiesta de catorce años?

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