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José Percy Paredes Coimbra

Constituyente en Venezuela


2017-06-02 - 18:09:11
El primero de Mayo, mediante dos Decretos Supremos (2830 – 2831), el presidente Nicolás Maduro, en una medida salomónica ante la negativa de la oposición de ir al diálogo mediado por el Papa Francisco, llama a una Asamblea Constituyente, para la cual se elegirán a 500 asambleístas que, en representación del pueblo de Venezuela (opositores incluidos) diseñarán el nuevo rostro político del país.

A decir del primer mandatario, este llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) viene fundamentalmente como estrategia para recuperar la paz y buscar profundizar en el proceso de transformación de la sociedad venezolana.

El Decreto 2831 crea una comisión que propondrá las bases para la realización de los comicios, indicando la distribución de Asambleístas Originarios por territorio, la forma de elección y los requisitos para ser candidato a asambleísta. Esta tarea ya fue completada y el miércoles 31 de mayo se habilitó la plataforma donde las personas interesadas en ser Asambleístas podrán inscribirse.

La comisión no omitió detalle y aseguraron que las 500 personas que conducirán la Asamblea Nacional Constituyente, serán la representación democrática de todas las fuerzas vivas del país. Estarán representadas las comunas, los campesinos, indígenas, empresarios, gremios, sindicatos, dando tal amplitud a la presentación de candidatos que es imposible aseverar que la ANC es un acto de chavistas para chavistas. Si la oposición no participa será porque no quiere, porque le cuesta ser democrática y hacer uso de las herramientas de este sistema, pero no podrá decir que se le coartó la posibilidad de hacerlo.

El Decreto 2830 incluye la sugerencia del presidente Maduro, de que se analicen e incluyen nueve grandes temas a la nueva Constitución:

Recuperar la cooperación entre los poderes públicos, para el funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia; y superar la impunidad.

Perfeccionar el sistema económico post petrolero, mixto, productivo, diversificado, integrador, con la creación de instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas y un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.

Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas.

Ampliar las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos contra las personas, contra la Patria y la sociedad (corrupción, contrabando de extracción, especulación, terrorismo, narcotráfico, promoción del odio social y la injerencia extranjera).

Constitucionalizar Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras y otras formas de organización social o de base territorial como nuevas formas de democracia.

Defender la soberanía, la integridad de la nación y proteger al país contra el intervencionismo extranjero ampliando las competencias del Estado democrático.

Reivindicar la pluriculturalidad para la convivencia pacífica y así evitar el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.

Reconocer los derechos de la juventud (trabajo digno, protección madres jóvenes, vivienda, respeto a sus ideas).

Preservar la Biodiversidad, desarrollar cultura ecológica.

El llamado a una Constituyente con éstas características, sería aplaudido y contaría con el beneplácito de Estados y organizaciones como la OEA, por ejemplo, pero tratándose de Venezuela, las reacciones son otras. En primer instancia porque la prensa “libre”, lanza comentarios “desconfiados” sobre las “verdaderas intenciones” del gobierno y porque ciertos Estados están más interesados en intervenir Venezuela que en ver cómo ésta llega a soluciones pacíficas para la situación álgida y caldeada que construyó la oposición. Pareciera que lo que buscan es una guerra civil (sobre esta idea profundizaré en un próximo artículo).

Como cereza que corona la torta, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el pasado 10 de mayo declaró nula la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que se trata de una estrategia del presidente para “evitar elecciones”; sin embargo dicha convocatoria está dentro de las atribuciones presidenciales, de acuerdo a la Constitución Venezolana.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, superando los bloqueos permanentes ejercidos por la Asamblea Nacional desde el 2016, continúa con el procedimiento de la convocatoria e indica que a fines de julio se llevará la elección de Asambleístas y confirma que las elecciones regionales (gobernadores y consejos legislativos regionales) se llevarán a cabo el 10 de diciembre del presente año.

Como se puede constatar en diarios y diversos medios de prensa, nacionales y extranjeros, hubo una respuesta favorable de la población venezolana que está dispuesta a ir a las urnas para poner fin a estos tiempos de violencia callejera promovida por la oposición, violencia ésta que sólo viene a dañar más la economía del país y del ciudadano común (de a pie), sin hablar de la tranquilidad de poder moverse por su ciudad o barrio sin el temor de ser asesinado a golpes por parecer chavista.

La oposición tendrá que definir si se mantienen en la estrategia de violencia callejera, desconociendo las instituciones, buscando dar la imagen de ingobernabilidad del país para justificar así una intervención de algún aliado externo, como el Comando Sur de Estados Unidos, por ejemplo, o participar de los comicios democráticos propuestos para solucionar el conflicto político que han creado.

Si deciden participar, tendrán que ofrecer un proyecto de gobierno alternativo, atractivo y serio, realizable, que pueda atraer apoyos electorales, tarea en la que vienen fracasando desde el año 2006.

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