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Dante N. Pino Archondo

Costos y efectos de la caída de Sánchez de Lozada


2016-08-01 - 12:54:46
Siempre que se escoge la alternativa de menor valor por otra de mayor valor se incurre en un costo de oportunidad. Eso es lo que pasó el año 2003. Se decidió por la ineptocracia y se derrocó a la democracia.
El año 2005 muchos votaron por el gobierno actual, creyeron en su prédica del cambio y del mejor vivir. Pues bien ha transcurrido el tiempo suficiente para hacer comparaciones con la cabeza fría y de esta forma saber si ese cambio se produjo y que nos trae hacía delante.

En el área social las enfermedades epidémicas como el Chagas, la Malaria, tuberculosis siguen igual, la mortalidad infantil no ha mejorado y la educación pobre en presupuesto, a pesar de la multiplicación de los ingresos, esta como siempre con sueldos miserables para los maestros, sin equipamiento ni condiciones en las escuelas y un pobre nivel de enseñanza - aprendizaje.

El 2003 se ofertó al país exportar gas al mercado norteamericano y se hicieron conocer los siguientes datos:
La inversión en hidrocarburos creció de 1991 al 2003 en 513%, esto significó un aumento de 472 millones de dólares a 2.900 millones.
Se descubrieron 4 mega campos y se tenía de 1996 al 2003 40 pozos perforados por año, se concretó la venta de gas al Brasil y se construyó el gasoducto.

En 2013, las inversiones petroleras no superaron la cifra de 800 millones de dólares destinados únicamente a incrementar la producción gasífera.

En 2003 se tenían como datos que las reservas de gas certificadas alcanzaban los 54.86 TCF, es decir crecieron 8 veces desde 1997. Este año conocíamos que la mitad de territorio nacional tiene potencial hidrocarburífero y que del total del territorio de 1.098.581 Km2 las concesiones bajo contrato eran de 43.385 Km2 es decir el 8 por ciento.
Los 4 Mega Campos son: Margarita, San Antonio, San Alberto e Itaú

El año 2013 sabemos que estos campos gasíferos han sido súper explotados y no se han producido descubrimientos importantes que proyecten nuestra oferta de gas. Por el contrario las reservas certificadas de 54.86 TCF han pasado a ser 9.8 TCF, debido a la ausencia de inversiones en exploración.

El año 2003 se iniciaron conexiones gratuitas domiciliaras de gas, el programa alcanzó a 20.000 familias: 6.201 en La Paz y El alto, 3.901 en Oruro, 4.878 en Potosí, 3.200 en Tarija y 1.935 en Camiri

El año 2013 sabemos que se efectuaron 22.000 conexiones, en siete años se hizo la misma cantidad de conexiones que en un año de gestión.

El año 2003 se tenían programados 1.400 millones de dólares en el proyecto BRASKEM – PETROBRAS para crear un complejo binacional en la frontera Bolivia – Brasil, destinado a la petroquímica.

Es decir el año 2003 teníamos proyectadas 260.000 conexiones gratuitas de gas domiciliario, petroquímicas y exportaciones al mercado externo y luego de todo esto nos quedaban 32 TCF de gas.

El año 2013 solo tenemos declaraciones de inversiones que no se realizan. Y aquellos proyectos como el Mutún están paralizados por falta de gas, el sector industrial de generación y distribución de energía eléctrica no puede cubrir la demanda por falta de inversiones, los mercados potenciales que demandaban gas han resuelto dejar de ser países cautivos de un proveedor, que no ofrece garantías de cumplimiento en sus contratos.

Con los actuales precios del gas y minerales deberíamos estar exportando el triple de hidrocarburos, produciendo 100 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero en vez de ello, no solo los proyectos se han esfumado sino que ahora importamos GLP 48.7 toneladas métricas por día y 332.873 barriles de diesel por mes. El gasto por la subvención de carburantes en los últimos cinco años suma 1.900 millones de dólares y el contrabando de carburantes es un negocio que crece para el cual no se tienen soluciones.

En contraparte el gobierno actual trata de mostrar una bonanza económica cuando se refiere al crecimiento de las reservas internacionales y los depósitos bancarios, como los superávit comerciales.

Sería fácil explicar que todo esto es resultado del crecimiento de la demanda externa que actúa como locomotora elevando los precios de las materias primas, baste señalar que el precio de un barril de petróleo se elevó de 16 dólares el año 2005 a 140 dólares el 2009 y el gas que se vendía a 0.89 el millón de BTU ahora se vende a 9.

Lo remarcable de esta bonanza es que parece no llega a reflejarse en la producción ni en el bolsillo de los trabajadores. La producción agropecuaria va en caída libre, al menos tres factores actúan para que esto suceda: el boom de la minería que hace migrar la mano de obra hacía ese sector, los costos elevados, carencia de tecnología y bajos rendimientos y la hoja de coca, que actúa como sustituto ideal de cualquier cultivo.

Es el caso del trigo que se importa en más de dos mil toneladas, el arroz, productos lácteos, azúcar, café, té y cacao cuyos niveles de crecimiento implican ahora importaciones ascendentes.

El exceso de liquidez provocado por el incremento externo de los precios del gas y los minerales, economía de la coca, donaciones venezolanas y ahorro fiscal, incide en el crecimiento de la demanda. Luego al haber una reducción de la oferta los precios tienden a elevarse. La paradoja es que habiendo más dinero, la pobreza aumenta.

Los trabajadores ganan para sustentar su alimento y no les queda para nada más. En el área rural existen más de 16 mil comunidades rurales que viven en la inseguridad alimentaria, equivalente a un millón trescientas mil personas (Armando Méndez. El atraso Económico Rural Andino) en esta nota Méndez nos dice que: “Según un mapa de vulnerabilidad alimentaria (VAN) 166 municipios posen tierras “con potencial agrícola entre moderado y limitado” y donde un 40 % de la población sufre de desnutrición y el 85 % tiene inseguridad alimentaria”

Casi la totalidad de los municipios no tienen recursos y viven de las transferencias del gobierno y de los cheques venezolanos.

El gobierno del M.A.S lejos de cumplir con su promesa de austeridad, de eliminar los gastos reservados y la corrupción ha realizado lo contrario.

El año 2003 el gasto corriente era de Bs. 14.591 el año 2010 se gastan 36. 253 millones. En pegas para sus militantes el gasto de servicios personales ha crecido de 6.896 a 15.533 millones y el gasto en bienes y servicios de 1700 millones a 5.000 millones.

Este incremento explica el abundante apoyo “popular” que tienen a la hora de sacar gente a las calles.

No es necesario referirse a la vulneración de los derechos humanos, el desconocimiento de los derechos sociales, que se ha convertido en moneda de uso corriente, que junto con el narcotráfico ha convertido a Bolivia en una isla donde esta actividad tiene todo el apoyo encubierto de un sistema destinado a favorecerlo.

Estamos viviendo un ciclo de despilfarro, de indolencia ante las necesidades más apremiantes de los sectores populares, en medio de una bonanza económica sin precedentes. Este es el costo de oportunidad más grande en que incurrieron aquellos que le dieron su apoyo a este gobierno y que aplaudieron la caída de un gobierno progresista.

A pesar de todos los esfuerzos por desacreditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, vistas las cosas como están, no se puede dudar sobre el camino que se abría a Bolivia para consolidar su posición de liderazgo hidrocarburífero, en su perspectiva de industrialización seria y real y en la ejecución de programas de amplio contenido social.

Este análisis efectuado el año 2012 en febrero hoy cuatro años después cobra plena vigencia. En este tiempo se ha desnudado el carácter dictatorial del Gobierno y su desprecio por el Estado de Derecho, con el efecto directo sobre el comportamiento de la economía.

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